EL TAPABOCAS
Movus acusa a Ambiente e Intendencia de Maldonado de “silenciar” a organizaciones
El Movimiento por un Uruguay Sustentable señala que los organismos procuran “anular los reclamos ciudadanos" apelando a la Justicia.El Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) emitió un comunicado en la mañana de este martes que tituló: “Silenciando reclamos ambientales”. En el texto, la organización denuncia que la Intendencia de Maldonado y del Ministerio de Ambiente “contradicen” el Acuerdo de Escazú, ratificado por Uruguay.
Ese acuerdo es internacional y tiene como objetivo el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, realizado en primera instancia por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), una agencia de la ONU.
“Este acuerdo tiene por objeto asegurar los derechos a la información ambiental, a la participación de los individuos, y el acceso a la justicia. Es de los convenios internacionales más recientes en materia ambiental, aprobado por Uruguay por la ley 19.773 del 17 de julio de 2019”, señala el comunicado.
En este sentido, Movus entiende que, en la polémica por las obras en la rambla de Punta Colorada, la comuna fernandina y Ambiente “procuraron anular los reclamos ciudadanos” apelando judicialmente con argumentos que, “además de oponerse entre sí, contradicen al mandato de ese acuerdo”.
Además, sostienen que esa postura “se agrava más” con la demanda penal que hizo la Intendencia de Maldonado por “falso testimonio” a los “reconocidos” profesores Omar Defeo y Daniel Panario, ambos docentes de la Universidad de la República (Udelar).
“Desde los movimientos firmantes nos sentimos en la obligación de señalar que esas acciones podrían estar reñidas con las obligaciones asumidas por Uruguay bajo el Acuerdo de Escazú. Más allá de la improcedente denuncia penal, la actuación en el expediente del Ministerio de Ambiente es claramente en sentido contrario a la promoción del acceso a la información ambiental y la participación ciudadana que el Estado debe propiciar y lejos de facilitar y promoverlas, como reza el acuerdo, las entorpecen e intentan limitar”, indica el comunicado.
Asimismo, alertaron que las acciones judiciales contra organizaciones y ciudadanos que reclaman y advierten por los riesgos ambientales, “apoyadas por un Ministerio de Ambiente que declara no haber estudiado el tema”, son “contrarias a los fines” y el espíritu invocado en el acuerdo como el anteriormente mencionado.
“Este proceder de organismos gubernamentales orientados a silenciar, impedir o penalizar reclamos por derechos sociales y ambientales configura un peligroso precedente. Se dan por tierra así, en los hechos, las declaraciones del propio Ministro de Ambiente que refiriéndose al acuerdo de Escazú expresara que es: ‘Una oportunidad excepcional para mostrar la trascendencia que tienen los derechos de acceso a la información ambiental, a la participación pública en los procesos de toma de decisiones y a la Justicia en asuntos ambientales, con el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y sostenible para las generaciones presentes y futuras’”, señala el comunicado.
Finalmente, Movus indica que continuarán trabajando y apoyando la “discusión leal, franca y abierta” de todos los temas que hacen pensar al territorio como algo “sustentable para quienes lo habitamos”.