Eduardo Lust, diputado por Cabildo Abierto
«¿Cómo puede ser que haya un millón de personas que dependan del gobierno?»
En vísperas de partir rumbo a su Paysandú natal, donde comenzará a presentar el Movimiento Ambiental Constitucional que encabeza, el diputado Eduardo Lust dialogó con La Mañana sobre las bases de su propuesta y la actualidad política.
El abogado y legislador argumentó que el déficit fiscal también puede atacarse cumpliendo la Constitución y explicó que su ambientalismo, distante de las reducciones ecologistas, busca un acuerdo amigable entre el ambiente y el ser humano.
Todo indica que habrá referéndum contra la ley de urgente consideración. ¿Qué valoración hace sobre el debate que ha generado y los señalamientos por antidemocrática desde la izquierda?
De la LUC tengo una valoración muy positiva. Acá la balanza tiene dos platos, la libertad por un lado y los que no creen en ella por otro. Para mí la base de la LUC es eso, por eso defendemos la libertad y la LUC. Todos los artículos que atacan son los que dan libertad a la gente, incluso en temas de seguridad. Para mí es coherente porque el promotor del referéndum fue el Frente Amplio y el PIT-CNT fue un instrumento. La prueba está en que según información de prensa quienes más firmas aportaron fueron el MPP y el Partido Comunista.
El FA está deseando que al gobierno le vaya mal y tiene su explicación también porque es el único partido que puede acceder al gobierno, junto con el Partido Nacional sumado al resto de la coalición, es aritmética pura. Obviamente la LUC es lo de menos para el FA porque uno de los artículos que quieren derogar crea en el Ministerio del Interior una secretaría de género, que es el buque insignia del discurso de izquierda, entonces es raro. Yo voy a salir a defender a la LUC, voy a defender la libertad, la ambulatoria, la financiera, la de elección, la de trabajo.
¿Y la libertad responsable qué rol juega?
Para mí fue muy positiva. El problema es que está amenazada por el propio Poder Ejecutivo con el pase verde y todo ese protocolo, por ejemplo, para ir a un restaurante. Mientras la vacuna no sea obligatoria, no se le puede pedir nada a nadie, en un espectáculo público. En lo privado no se necesita nada y se recibe a quien quiere. Aunque acá hay una ley que es anti-discriminación que prohíbe cualquier tipo de discriminación, pero el problema es que enumeran ocho situaciones. La discusión es si esa enumeración es taxativa o no, porque la crisis sanitaria no está entre los ocho porque nadie lo imaginó. Hay que interpretar la ley cuando dice «o cualquier tipo de discriminación». Si entra, también le cercenan el derecho al privado a permitir que una persona no vacunada entre a un lugar. La libertad responsable hasta ahora funcionó bien, pero con los protocolos de admisión se están desdiciendo y yo rechazo eso.
Usted integra la comisión investigadora sobre licencias irregulares en Fenapes durante 2015-2019. ¿Cuál es la evidencia que surge de allí?
Esto le va a jugar muy positivamente a los defensores de la LUC. Tuvimos tres reuniones nada más, una sobre el plan de trabajo, la segunda para recibir dos directoras y la tercera viene la asesoría jurídica y la secretaria de actas de Secundaria. Con lo que ya tenemos, el abuso sindical de las horas docentes fue notorio. Tanto que uno de los investigados lo reconoce a texto expreso cuando presentó una nota a Secundaria consultando cómo hacer para recuperar todas las horas que no dio y proponiendo un plan que, al ser inviable, fue rechazado. Como contrapartida, en setiembre aprobó al 90% de los alumnos que no habían recibido clases, para no tener protestas de parte de ellos.
Pero para mí lo de las horas sindicales es lo de menos, porque va a surgir responsabilidad de los titulares de los consejos de enseñanza. Responsabilidad política de las personas no habrá porque no ocupan ningún cargo actualmente, pero sí del partido al que pertenecen. Y hay que ver si hay responsabilidad penal, con la denuncia que corra. Pero creo que todo esto de Fenapes le hizo un favor a la LUC, no buscado sino por coincidencia.
¿Nuestro país se ha alejado de la Constitución?
Uruguay no es un Estado de Derecho Constitucional, es un Estado de Derecho Legal. Mediante innumerables leyes que se han aprobado en los últimos treinta años y que se siguen aprobando ahora, se ha desplazado a la Constitución. El gobierno se rige por leyes y está bien eso, pero el Poder Ejecutivo que es co-legislador, debería ser menos legislador que el legislador, pero en los hechos es el legislador en Uruguay y termina concentrando los tres poderes. El 95% de las leyes son del Poder Ejecutivo que el Parlamento levanta la mano. En un periodo de gobierno hay aproximadamente 490 leyes aprobadas que provienen del Ejecutivo y 50 del Legislativo, es un dato real. Presentar, presentamos una enorme cantidad de leyes que nunca se tratan, no sé ni dónde están.
Cabildo Abierto presentó un proyecto para una correcta interpretación del artículo 45 de la Carta Magna. ¿Qué opinión le merecen los fallos de algunos magistrados que exigieron soluciones habitacionales al Ministerio de Vivienda basados en disposiciones de la Constitución?
Estoy de acuerdo con el proyecto de CA, para mí interpreta la Constitución. El fallo de los jueces, como cualquier fallo, se puede rechazar y para mí el juez se equivocó. Una equivocación que tiene ciertos fundamentos teóricos, pero que es inaplicable. Hay una corriente constitucional que dice que la Constitución es de aplicación directa. Y algunos artículos sí se aplican directamente -como las competencias del Poder Ejecutivo o el número de legisladores- pero hay muchos otros que el constituyente con gran sabiduría los redactó de forma tal que dentro de 300 años va a estar vigente, porque hace una expresión de deseo. Por ejemplo, que toda la gente tiene derecho a una vivienda decorosa. Esto no se puede lograr por generación espontánea, sino de a poco. El fin del gobierno es cumplir los artículos que son expresión de deseo y con la vivienda esto implica crear planes de vivienda para que, a lo largo de los años, por un camino u otro se acceda a la vivienda.
Por otro lado, también sostengo que los gobiernos crean pobreza y el ser humano crea riqueza. Me baso en los hechos. En Uruguay con 187 mil kilómetros cuadrados de territorio y otro tanto de mar territorial, sin ningún accidente geográfico ni fenómenos atmosférico, el 95% de la población alfabetizada y sin problemas étnicos, ni bélicos… ¿cómo puede ser que haya un millón de personas que dependen del gobierno? Capaz que antes era más entendible, pero ahora todo sobra, y cuando en Paysandú antes se sacaban 3 mil kilos de remolacha por hectárea ahora son 15 mil. Si todo sobra, ¿por qué hay tanta gente que está en la miseria?
¿Habla de Uruguay o del mundo?
En el mundo cada vez hay menos gente en la miseria, sin embargo no es admisible que siga habiendo ese porcentaje de gente tan pobre. Los gobiernos crean situaciones que generan pobreza y luego planes para asisitir a los pobres, y así están de rehenes. Hay que ser más concretos, no caer en promesas vacías. Y Uruguay está lleno de gente que tiene ideas.
Lo plantea en términos de valores…
Cuando Truman tiró una bomba atómica en Hiroshima nadie dijo nada, pero eso ahora es inconcebible. Para mí cada vez hay más valores. Pero lo que hay también es una inflación de derechos y no se tiene derecho a todo. El Estado ha hecho creer eso y la gente reclama. Los políticos fallan ahí. Tenemos que ser más concretos.
El senador Manini Ríos declaró que podía apoyar los allanamientos nocturnos siempre y cuando se llame a una consulta popular, porque la ciudadanía ya se había expresado sobre el punto en 2019. ¿Cuál es su visión?
Es un tema complejo. La Constitución prohíbe el allanamiento nocturno en el hogar, el sagrado inviolable. El hogar en 1830 era el sitio donde la gente se reunía para recibir calor y comer. No pensó en un allanamiento, por ejemplo, en el Estadio Centenario, que se podría hacer. Lo cierto es que hay una prohibición. Y yo creo que cuando el cuerpo electoral se pronuncia, para preguntarle de nuevo lo mismo hay que esperar una generación, más o menos 15 o 20 años. Esto no está escrito en ningún lado. Pero nosotros lo hemos hecho con la Ley de Caducidad en 1989 y 2009. Como sostengo que la soberanía radica en la nación y la nación es el cuerpo electoral, que se renueva en una generación, entiendo que hay que esperar.
Sin embargo, en el asunto puntual del allanamiento la salida para mí es compatible, porque la reforma de Larrañaga abarcaba muchos temas, entonces lo que habría que hacer es una reforma constitucional que solo afecte ese tema. Y este me parece que es el futuro de las Constituciones nuestras. La vigente es de 1967, tiene 54 años. Duró tanto porque llegamos a la mayoría de edad constitucional. Y en adelante se han hecho retoques, con el agua, el sistema electoral, los jubilados, etc. Todos los países de América del Sur tienen Constituciones posteriores al 2000, pero no tienen el proceso nuestro, que es muy bueno.
Usted es muy crítico del rol de la Fiscalía General, ¿qué perspectivas tiene sobre este asunto?
Sostengo, y no solamente yo lo hago, que la Fiscalía General es inconstitucional. Los artículos de la Fiscalía General de la LUC yo no los voté y fundamenté en Cámara. La estructura jurídica que se le dio a la Fiscalía es para un servicio comercial o industrial, no para un tema jurídico. Además, tiene un Fiscal General con una personalidad muy particular. A esta situación sumamos la reforma del proceso penal, entonces eliminaron la justicia penal. Acá no hay Poder Judicial Penal, hay un homologador. Pero el sistema político lo sostiene al Fiscal, porque para destituirlo se interpreta que se necesita venia, aunque en ningún lado se dice, sino solo para nombrarlo, pero se interpreta por aquello de la reciprocidad. El año que viene se vence su periodo y la Fiscalía con otro perfil para mí va a cambiar, pero el sistema ya está armado. Y esto es culpa del Poder Judicial porque la Suprema Corte no defendió al Poder Judicial.
Hay una enorme cantidad de observaciones de gastos del Tribunal de Cuentas, que parecen no tener consecuencias. Esto usted lo ha denunciado. ¿Qué respuesta ha tenido?
Allí está el déficit fiscal, en el no acatamiento del Tribunal de Cuentas. Si aplicáramos la Constitución no hay déficit fiscal y la plata sobraría. Porque es plata que se gastó. En el periodo 2015-2020, según cifras oficiales, el Tribunal de Cuentas observó 356 mil gastos de ASSE solamente. Cuando hay observación es que el gasto es ilegal, no inconveniente. Es verdad, el Tribunal se puede equivocar, pero es muy difícil porque tiene un cuerpo jurídico y de contadores que hace 50 años que se dedica a eso. Lo que el Parlamento no hace, por eso hay omisión y responsabilidad legislativa, es hacer algo con las comunicaciones que llegan a la Asamblea General.
Hablé con la vicepresidente Beatríz Argimón, le hice el planteo de esta preocupación y dije que había que buscar una solución por fuera de lo político, desde el punto de vista académico. Ya tenemos algún insumo, y en la comparecencia del lunes del Tribunal de Cuentas a la Comisión de Presupuesto pregunté por qué no mandaban la observación con la nota de urgente consideración que la ley habilita, haciendo una preselección de lo más grande, no lo de pocos dólares sino lo de US$ 100 mil dólares, por ejemplo. Y me respondieron que ellos lo hacían antes pero como no se hacía nada desde el Poder Legislativo, dejaron de practicarlo. Entonces ahora voy a presentar un proyecto para que, cuando el TC mande una observación, el gasto se detenga durante veinte días y tiene que haber una comisión de la Asamblea General que lo estudie.
¿Qué opina de las críticas del Frente Amplio al acuerdo del gobierno con Katoen Natie por el puerto?
Las críticas del FA las rechazo porque fue lo que hicieron con UPM. El FA tiene capacidad pero no legitimidad para criticar. Pero sobre el negocio en sí, comparto las críticas, no tanto el plazo de los 50 años, porque me han hecho ver -dado que no soy necio- que es un plazo corriente en inversiones muy grandes y que además ya se hizo con UPM. Pero a mí lo que no me cierra es que el contrato se hizo, según dice el gobierno, por una amenaza de un juicio. Yo pedí que me hicieran llegar las bases del juicio y no me llegó. Lo pedí en forma oficial y extraoficialmente, pero es inaccesible. Los números no me cierran. Sin perjuicio de lo cual me reuní cinco horas con Katoen Natie y pusieron todo a disposición, menos el juicio. También me reuní con Montecon, con Nobleza y con el sindicato del puerto, que tiene una particularidad y es que nuclea a los empleados públicos y privados. Estoy buscando información, no digo que voy a estar en contra o a favor, pero podré hacerme una composición de lugar.
¿Cómo negociar con las grandes multinacionales, en las distintas áreas?
Es muy sencillo, a veces las cosas se complican para justificar los cargos. ¿El inversor extranjero es bienvenido? Sí. ¿Lo necesitamos? No. Porque el inversor extranjero invierte en el presupuesto de un gobierno es viable, sacando un préstamo y chau. La ministra de Economía nos informó el otro día que Uruguay se endeuda a raíz de 3.000 millones de dólares por año, en esta administración. ¿Ellos nos necesitan a nosotros? Sí. Si el Uruguay actuara como debiera hacerlo le diría que venga al inversor y ofrecer que no pague ningún impuesto excepto BPS. Si no le sirve, que no venga. Lo demás no se puede dar. Nosotros ganamos mano de obra, modernizamos la República y tantas cosas.
Presenté un proyecto de ley modificando la ley de inversiones, agregando un inciso al artículo 6 que dice que al inversor extranjero se le pueden dar solo los beneficios que la ley otorga y no otros. Lo que han hecho estos gobiernos es darles infinitos beneficios.
Su movimiento tiene un notorio interés por lo ambiental. ¿Cuál es su principal preocupación en este sentido?
El ambiente y el ser humano no son amigos. No sé si son enemigos, pero están enfrentados. Con la doctrina ecologista en el planeta pueden vivir 800 millones de personas, habría que eliminar 7000 millones, o sea que es inviable. Por eso vamos a la doctrina ambientalista y amigar el ser humano con el ambiente. Si hacés una carretera en la selva Amazónica y no la mantenés, en seis meses la selva se comió la carretera. Pero si se pone un equipo para podar y mantener la selva y la carretera, lograste un acuerdo amigable. Por eso la palabra medio ambiente, porque el ambiente ha perdido la mitad de su contenido en aras del ser humano, renuncia a la mitad, pero tiene que convivir. Todo el trazado de la vía de tren de UPM afecta el ambiente, no el aire, ni la tierra, ni el oxígeno, sino a las 28 mil personas que viven en su adyacencia. La vía no puede ir por la ciudad, deberían hacerlo por el campo o bordaendo los accesos a Montevideo, pegado a la ruta 5. Alguna casa afectará en La Teja, pero no son 28 mil personas.
Entonces el movimiento nuestro va a la aplicación de la Constitución por un lado y a la defensa inamovible del medio ambiente en el sentido que todo tiene que ser compatible con lo humano. Lo que no es compatible, no se hace. Y también se trata de mantener el ambiente escultural, el patrimonio histórico. Todo esto hace que nosotros tengamos sentido de pertenencia. El movimiento va por ese lado. Creo que este perfil los partidos políticos hoy no lo tienen y también se han apartado de la Constitución desde que la doctrina mayoritaria es que lo político está encima de lo jurídico.
La República de los mil municipios
«Todo se logra a largo plazo. Esto para mí es la filosofía de la política, los pasos de paloma. En este sentido, la solución para la economía uruguaya a largo plazo está en los municipios. Uruguay tiene que tener 1000 municipios y tiene 128. El día que le quitemos las competencias a las Intendencias para dárselas a los municipios, más el déficit fiscal que salvamos interpretando las observaciones del Tribunal de Cuentas, Uruguay se transforma en Dinamarca. Pero hay que hacerlo. Y poner lo jurídico por encima de lo político. Lo humano por encima de lo económico. Y el ambiente por encima de todo».