APORTE
“Un solo Uruguay” discrepa con que se obligue a los productores rurales a ser solidarios
En las últimas horas, Un solo Uruguay informó que no comparte que “algunas gremiales agropecuarias (Campo Unido) las cuales sólo representan a sus afiliados, dictaminen y obliguen al conjunto de productores rurales del Uruguay a ser obligatoriamente solidarios, determinando cómo, cuándo, con quién y por cuánto tiempo deben serlo”.
A través de un comunicado, Un solo Uruguay recuerda que se ha opuesto a “la obligatoriedad de la inclusión financiera, del sistema de rastreo al transporte de cargas, y sobre todo a aquella que se impone, falsamente, en nombre de la solidaridad, cómo el falso subsidio al boleto que no es más que una millonaria transferencia obligatoria a algunos empresarios del transporte de pasajeros”.
Indican que contra ello han luchado en los últimos tres años, y aseguran que comparten las palabras del presidente, Luis Lacalle Pou, en su acto de asunción, y remarcan que “también es necesaria la pelea por la libertad individual”.
En estos días, “los productores agropecuarios de todos los rubros y de todas las escalas han demostrado su gran humanismo solidario y compromiso, donando insumos, productos o dinero, aportando a través de instituciones estatales, organizaciones, gremiales o en forma individual, intentando palear el grave perjuicio que ha acarreado el ‘parate’ de la actividad económica a los más necesitados, cada uno a través de sus reales pasibilidades”, destacan.
Un solo Uruguay indica que “la solidaridad es casi un acto de fe y por lo tanto es individual”. Por dicha razón los productores no comparten que “algunas gremiales agropecuarias (Campo Unido) las cuales sólo representan a sus afiliados, dictaminen y obliguen al conjunto de productores rurales del Uruguay a ser obligatoriamente solidarios, determinando cómo, cuándo, con quién y por cuánto tiempo deben serlo”.
Aseguran que “en un contexto para muchos muy complicado, padeciendo una sequía instalada ya hace varios meses, sin ninguna asistencia hasta el momento, con la certeza de un invierno muy duro, incrementando sus riesgos y costos, plantear un aporte obligatorio al barrer no hace más que comprometer aún más el futuro cercano de muchos emprendimientos”, indica el sector agropecuario.
Sobrevivencia de la familia rural
Aseguran que, inclusive en el caso donde el aporte ha sido obligatorio, como los empleados públicos y políticos de altos sueldos, “el mismo se plantea por un período de tiempo corto, y cuidando además que las personas puedan cubrir holgadamente el sostén familiar”.
“En contraposición se plantea para el agro una medida mucho más larga en el tiempo y sin medir la sobrevivencia de la familia rural, tomando recaudos basados exclusivamente en parámetros teóricos erróneos de productor familiar o pequeño”, lamenta Un solo Uruguay.
Agrega: “Contradiciendo su discurso de los últimos años, en el cual permanentemente hicieron referencia a la grave situación y riesgo que atraviesa el sector agropecuario por falta de competitividad, excesivos costos y magra o nula rentabilidad, que han llevado a miles de empresas al cierre, hoy estas gremiales, disponiendo de plata ajena, redoblan la apuesta al grupo de grandes empresas multiplicando 25 veces sus aportes, u ocho veces a los aportes de todo el sistema político y público”.
Diferencias
Días pasados, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, informó que el Fondo Coronavirus “recibirá aportes del sector agropecuario por 100 millones de dólares”. El mismo se compondrá de “unos 40 millones de dólares del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), y 20 millones del Instituto Nacional de Carnes (INAC). Además de 40 millones de dólares que serán transferidos durante un año por concepto de venta de animales a frigoríficos, feria y pantallas, transacciones y exportaciones de ganado en pie”.
Sin embargo, el ex director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, manifestó que es “falso” decir que las gremiales agropecuarias donarán 100 millones de dólares.
“Como máximo serán 20 millones de dólares por impuesto a la venta de semovientes (que en 2019 fueron 869 millones de pesos). El resto es dinero del Estado, recaudado por Ley del INIA e INAC, y si el gobierno acepta, lo donamos todos los uruguayos”, dijo García.