COLUMNISTA INVITADO
Control obrero a la sombra de la inversión de UPM
En las últimas horas se verificó un hecho, en el marco de las relaciones laborales uruguayas no inédito, pero si inusual, como fue la toma de la planta de la Compañía del Gas que quedó algunas horas bajo control obrero.
Este es, sin embargo, el primer caso de control obrero desde que se regularon las ocupaciones en los puestos de trabajo en el año 2006. La toma de la empresa durante 12 horas y se hizo a pesar de una orden judicial que prohibía al sindicato de MontevideoGas aplicar la medida de la que participaron unos 20 trabajadores.
La medida fue tomada por el sindicato luego que la empresa brasileña Petrobras –propietaria de MontevideoGas– había despedido a un trabajador y enviado al seguro de paro a otros 20, además de anunciar que despedirá a 37 personas más para hacer “viable” el emprendimiento.
La toma de la empresa y el abandono de parte de los sindicalistas de sus instalaciones en forma pacífica fue seguida con atención por el presidente Tabaré Vázquez. Es que la acción sindical se realizó en momentos en que el gobierno negocia con la multinacional UPM la tercera planta de pasta de celulosa, considerada un elemento de reactivación económica fundamental y con el reclamo de la empresa finlandesa de, justamente ampararla ante este tipo de medidas.
Para la academia en general el sindicato de trabajadores del gas rompió un límite respetado tradicionalmente en el movimiento sindical uruguayo, ya que el control obrero de una empresa no forma parte del derecho de huelga y es una medida ilícita en el país.
Por ejemplo, según el especialista en relaciones laborales, profesor de la facultad de Derecho Juan Raso, el control obrero es “una vuelta de tuerca, un aumento de voltaje de la ocupación, una modalidad que escapa al sistema jurídico del derecho de trabajo nacional y rompe el equilibrio”. Raso entiende que hay límites que deben respetarse: “Al tomar la conducción de la empresa, estamos al margen del sistema de relaciones laborales. Y es grave si se plantea el desconocimiento de una medida judicial”.
Los antecedentes en materia de control obrero no han sido buenos. Uno, el primero fue a la salida de la dictadura cuando el sindicato de AFE tomó bajo su responsabilidad e hizo correr los trenes en 1985, cuando el gobierno de Julio María Sanguinetti decidió clausurar el transporte de pasajeros de AFE. Otro ejemplo fue en el año 1986, en la mutualista Asociación Española donde se desató una huelga con ocupación que duró un mes a partir del 8 de agosto y donde cientos de trabajadores ocuparon el mayor centro de la salud privada uruguaya, haciéndose responsables de la asistencia de los internados y de los ingresos de emergencia, pero también tomando el control financiero de la mutualista. Este conflicto culminó con una dura derrota donde hubo acusaciones de “traición del movimiento sindical” y “entrega de la huelga”.
El caso más reciente de control obrero ocurrió hace 14 años, pero el contexto fue bien distinto. En agosto de 2005, la empresa Impresos Vanni -que tenía una situación económica muy complicada- envió al seguro de paro a sus empleados, por lo cual el sindicato ocupó la planta. Dos meses después los ocupantes formaron la cooperativa Coprograf y comenzaron a gestionar la empresa, utilizando las instalaciones y las máquinas. Según las crónicas de El País de aquel año, la decisión de producir en la fábrica ocupada no contó con el respaldo del Pit-Cnt, cuya posición era que en las ocupaciones se lacrara todo y se levantaran actas de lo que había. En marzo de 2006, el juez penal Jorge Díaz -hoy fiscal de Corte- procesó a 62 ocupantes por el delito de apropiación indebida, porque del derecho sindical de ocupar pasaron a usar la planta para fines propios. Pero en diciembre un tribunal de apelaciones revocó los procesamientos. La historia terminó con el peor final: el remate de la planta y la pérdida de los puestos de trabajo.