UPM: comienzan “contraudiencias” para “hablar en serio y debatir”
Colectivos que se oponen al contrato esperan que el gobierno y la multinacional concurran y participen en un debate “amplio y abierto”.
“Cada visita al Parlamento me trae nostalgia. Me acuerdo de cuando el Frente Amplio era de izquierda, los blancos eran nacionalistas y los colorados eran batllistas”.
Ese fue el comentario que hizo el viernes pasado el abogado Hoenir Sarthou, uno de los referentes del Movimiento UPM2 No, al presentar 2904 firmas de ciudadanos en respaldo a la denuncia que el grupo presentó ante el Poder Legislativo.
Se buscaba que la Cámara de Diputados planteara un juicio político a los responsables, por parte del gobierno, de firmar el “contrato” con los finlandeses para la instalación de una nueva planta de pasta de celulosa en el Uruguay.
El objetivo se cumplió solo en parte. Ni el oficialismo ni la oposición estuvieron dispuestos a promover el recurso. De todas formas el secretario de la Presidencia, Miguel Toma, el prosecretario Juan Andrés Roballo y el director de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, concurrirán este miércoles a la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara Baja para explicar la versión oficial de los alcances del acuerdo.
Por lo pronto, el Movimiento UPM 2 No se embarcará en los próximos días en la puesta en marcha de “contraudiencias” acerca de la eventual nueva pastera.
La primera tendrá lugar en Paso de los Toros el sábado 16, bajo el título “Foro UPM2, ¿Política de Estado”?
Según explicó Sarthou, el cometido es “hablar en serio, informarse, preguntar y debatir”.
El evento, coorganizado por la Asociación Civil de Río Negro, contará con la participación de científicos y expertos en el tema. Estará abierto además a colectivos sociales, cívicos, ambientales y sindicales interesados
Los organizadores pretenden contar además con la presencia del Poder Ejecutivo, los intendentes de Tacuarembó y Durazno y los ediles de esos departamentos.
“UPM2 nació en secreto y lo que falta es información”, apuntó Sarthou para fundamentar la realización de una contraudiencia sobre un “contrato” de 91 páginas “ llenas de palabrerío entreverado e ideal para que nadie se entere de nada”.
El abogado sostuvo además que la información oficial disponible y la “propaganda” de la empresa desfiguran la verdad y esconden más que lo que dicen.
Cuestionó en ese sentido las dos “audiencias públicas” organizadas previamente por las autoridades, en las que “solo se habló del tren y un grupito de tecnócratas mareó con informes poco comprensibles”.
También el reciente Consejo de Ministros abierto en Pueblo Centenario, lugar donde estaría ubicada la planta, en donde “sólo habló el presidente sin que nadie pudiera contestarle”.
Para Sarthou, se necesita información confiable sobre UPM2 y un debate amplio y abierto, en el que todas las opiniones puedan expresarse.
“Lo que no hizo el gobierno tendremos que hacerlo los ciudadanos”, afirmó. “Oír a cientificos y a técnicos, dar la palabra a los colectivos ambientales, sociales y gremiales, escuchar a los habitantes de la zona y a los interesados de todo el país. Informarnos, preguntar, opinar y debatir”.
La realización de estas contraudiencias forma parte de las acciones que el Movimiento UPM2 No pretende desarrollar en los últimos meses.
Avanzado el año y agotada la vía legislativa, el colectivo presentará una demanda judicial, contra el gobierno y contra UPM, con respecto al acuerdo firmado para la inversión.
Es que, al no existir ley, el contrato no puede ser pasible de un recurso constitucional ni anulado mediante una consulta popular.
Las 24 razones
Como instancia previa a la realización de la contraudiencia otro de los integrantes del movimiento, Marcelo Marchese, divulgó 24 razones para oponerse al “contrato” firmado con UPM.
En primer lugar apuntó que no es un contrato, ya que luego que Uruguay haga todas las inversiones y cambios exigidos, la multinacional puede decidir no instalarse sin pagar ninguna multa.
También que el país invertirá en el proyecto más que la propia UPM, pero no recibirá ninguna ganancia.
“Pagaremos miles de millones de dólares para las vías del tren, el viaducto y del puerto, y por la compra durante veinte años de la energía que la planta produzca, aunque no la necesitemos”, señaló.
En contrapartida, la empresa no pagará IRAE ni IRPF, y solo aportará el 0,8% de sus ganancias en la segunda planta por concepto de canon por zona franca. Un dinero que “no alcanzaría para pagar los controles ambientales que deberían hacerse”.
Por otra parte, los impuestos a las ganancias que genere los pagará en Finlandia. El “contrato”, además, amplía por 30 años la zona franca que UPM opera en Fray Bentos.
“La negociación fue secreta y el contrato viola la Constitución, pues el Poder Ejecutivo, por sí y ante sí, no puede hacer acuerdos con empresas extranjeras, ni invadir áreas que no son de su competencia”, apuntó.
Según se denuncia, UPM podrá modificad planes de estudio,dictar nuevas leyes laborales y recibir estabilidad jurídica, de forma tal que por medio siglo no se pueda legislar en áreas que comprometan su inversión.
Entre otras razones, se incluye que la empresa podría vender el proyecto a un tercero, sin consultar al Estado. En caso de disputa,podrá apelar a un tribunal del Banco Mundial.
“Le daremos prioridad en el uso del agua del río y le regalaremos la misma cantidad de agua que consumen 44 millones de habitantes”, se advierte, además de asegurarle “celeridad” en los trámites de habilitaciones ambientales.
Entre los efectos de la construcción de la planta, se señala la “inundación” de 10.000 hectáreas de tierras altamente productivas, junto a la reducción o eliminación de la playa de San Gregorio de Polanco.
La pastera devolvería al río Negro 106 millones de litros de efluentes al día, junto con desechos sólidos que quedarán amontonados en su zona franca como “ basurero permanente”.
Otros efectos posibles pasan por la extensión del monocultivo de eucalipto y el latifundio, desplazando otras producciones más dinámicas y reduciendo así el empleo,además de aumentar considerablemente la deuda externa del país.
“UPM se llevará nuestros recursos naturales a modo de pasta de celulosa, sin pagar impuestos, despoblando el territorio, contaminando nuestra agua, tierra y aire, primarizando nuestra economía y deteriorando las instituciones de nuestra República”, concluyó Marchese.
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