Uruguay y la tentación de los acuerdos bilaterales
Entre la autonomía y el riesgo regional
El debate sobre la posibilidad de que Uruguay concrete acuerdos comerciales bilaterales fuera del Mercosur vuelve a ocupar el centro de la agenda política y económica del país. El tema no es nuevo, pero cada vez que resurge lo hace con mayor intensidad, reflejando una tensión estructural: la voluntad de abrirse al mundo frente a las limitaciones impuestas por el bloque regional.
Desde su creación en 1991, el Mercosur se concibió como una unión aduanera, es decir, un esquema que obliga a sus miembros a negociar en conjunto con terceros países. En teoría, esto garantiza una posición de fuerza y coherencia económica; en la práctica, sin embargo, ha funcionado como una camisa de fuerza para los socios menores. Uruguay, con una economía pequeña pero altamente dependiente del comercio exterior, ve en esa rigidez un freno a su desarrollo.
Los intentos de flexibilizar la normativa han sido constantes. Durante los gobiernos de Tabaré Vázquez y Luis Lacalle Pou, Montevideo planteó abiertamente la necesidad de “modernizar” el bloque, habilitando a los países a negociar acuerdos comerciales por su cuenta siempre que no afectarán las condiciones arancelarias comunes. Pero la resistencia de Argentina y, en menor medida, de Brasil, ha sido persistente. Ambos países temen que una apertura unilateral de Uruguay erosione el arancel externo común y debilite políticamente al Mercosur como proyecto regional.
El argumento uruguayo, sin embargo, tiene peso. En un mundo donde las economías se reconfiguran en torno a tratados plurilaterales y acuerdos digitales, la lentitud del Mercosur contrasta con la agilidad de bloques como la Alianza del Pacífico o la Unión Europea. Uruguay ha avanzado en negociaciones con China, Turquía y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), aunque sin concretar aún tratados firmes debido a las restricciones del bloque.
El gobierno de Lacalle Pou —y ahora la administración de Yamandú Orsi enfrenta la misma disyuntiva— ha insistido en que la soberanía comercial no puede subordinarse indefinidamente a la parálisis regional. Pero el camino unilateral no está exento de riesgos. Si Uruguay firmará un tratado bilateral sin el aval del Mercosur, podría enfrentar sanciones, pérdida de preferencias arancelarias e incluso una crisis diplomática con sus vecinos.
Detrás del debate jurídico hay una cuestión estratégica: ¿qué tipo de inserción internacional quiere Uruguay?
Una opción es persistir en el reclamo interno para flexibilizar el bloque, buscando el apoyo de Brasil bajo la actual conducción de Lula da Silva, más pragmática que en el pasado. Otra es avanzar, con cautela, en acuerdos parciales que no vulneren la normativa pero permitan mayor competitividad en sectores clave como tecnología, servicios y economía verde.
La presión empresarial también crece. Exportadores, cámaras industriales y productores agropecuarios reclaman mayor apertura para acceder a mercados donde el Mercosur no ha logrado acuerdos efectivos. Mientras tanto, países vecinos avanzan en pactos bilaterales: Chile y Perú multiplican sus tratados de libre comercio, y Paraguay, aún dentro del bloque, explora caminos paralelos.
Uruguay se encuentra así en una encrucijada diplomática y económica. Avanzar en acuerdos por fuera del Mercosur podría marcar un hito de autonomía, pero también implicar costos políticos y comerciales inmediatos. Mantenerse atado a un bloque inmóvil, en cambio, puede condenar al país a perder competitividad en un escenario global cada vez más dinámico.
El desafío está en encontrar un equilibrio entre el principio de integración regional y la necesidad de soberanía económica. Uruguay ha sido históricamente un actor moderador, promotor del diálogo y la apertura. Hoy, esa vocación deberá ponerse a prueba para evitar que el legítimo deseo de independencia comercial se transforme en un aislamiento diplomático.