El gerente forestal de Montes del Plata, Diego Carrau, reclamó mayor agilidad en las autorizaciones para plantar y reforestar. Durante Uruforest 2026, sostuvo que las demoras afectan la planificación de viveros y contratistas, y planteó que la regulación debe combinar fundamento científico, protección ambiental y previsibilidad para los productores.
En una entrevista de Diario Rural publicada por Todo El Campo el 23 de octubre, el ejecutivo de → Montes del Plata valoró la participación de autoridades nacionales en Uruforest, en Juan Lacaze. Consideró necesario un mayor conocimiento político de la cadena forestal y de las dificultades que enfrenta para desarrollar proyectos.
Carrau defendió la existencia de regulaciones, pero cuestionó sus tiempos de aplicación. Según explicó, las demoras pueden desalentar a productores pequeños y llevarlos a elegir otras actividades.
La autorización condiciona el calendario productivo
El gerente señaló que la planificación de una plantación comienza aproximadamente dos años antes y que la producción de plantas en vivero requiere unos seis meses. A su juicio, cuando los permisos no llegan a tiempo se comprometen esos plantines y la continuidad del trabajo de los contratistas.
También mencionó casos de reforestación que habrían permanecido casi tres años en trámite y comparó los plazos uruguayos con los de Brasil. La entrevista no identifica expedientes ni presenta una comparación de procedimientos equivalentes entre ambos países; esas referencias corresponden a la experiencia relatada por el ejecutivo.
En materia productiva, Carrau informó una previsión de 16.000 hectáreas para plantar durante 2026, distribuidas entre las campañas de otoño y primavera. Se trata de un área programada, no de una superficie cuya ejecución anual esté concluida.
El régimen ambiental cambió en julio
El reclamo se produce después de la aprobación del → Decreto 179/026, promulgado el 23 de julio y publicado el 10 de agosto. La norma derogó el Decreto 3/025 y restableció el régimen del Decreto 405/021 con ajustes.
Su artículo 5 dispone que las solicitudes ya presentadas continúen rigiéndose por las normas vigentes al momento de su ingreso, con las excepciones expresamente previstas. Por eso, evaluar una demora concreta requiere conocer la fecha de presentación, el procedimiento aplicable y las actuaciones de cada expediente.
Agilidad y evaluación ambiental requieren evidencia
Carrau también cuestionó afirmaciones generales sobre los efectos de los eucaliptos en el agua y la biodiversidad. La investigación disponible permite precisar esa discusión: los impactos deben analizarse según el sitio, el manejo y la escala estudiada.
Una síntesis publicada en 2015 por la → Universidad de la República (Udelar), sobre microcuencas de Paysandú y Río Negro, cuestionó estimaciones exageradas del consumo de agua por árbol, pero también documentó una reducción del escurrimiento frente a pasturas. El escurrimiento es la parte del agua que circula hacia los cursos superficiales. Los investigadores advirtieron que varios resultados dependían de las condiciones locales, especialmente de los suelos.
La certificación forestal tampoco sustituye las autorizaciones públicas. El → Forest Stewardship Council (FSC) define su sistema como un instrumento voluntario que complementa las políticas y regulaciones nacionales.
El planteo de Carrau abre así una discusión sobre cómo dar previsibilidad a las decisiones productivas y resolver los trámites en plazos adecuados, manteniendo la evaluación técnica necesaria para cada proyecto.
Fuentes principales
ICI Forestal – Elaboración propia a partir de fuentes verificadas. 24 de octubre de 2026.
