La transformación eléctrica uruguaya se apoyó en una política de largo plazo, inversiones públicas y privadas y una planificación que sobrevivió a distintos períodos de gobierno. Ese proceso, iniciado en 2005 y respaldado por un acuerdo multipartidario en 2010, ayuda a explicar por qué la energía renovable es hoy uno de los argumentos del país para atraer proyectos como el de Solaria.
Uruguay no cuenta con reservas probadas de petróleo, gas natural o carbón y ya había aprovechado buena parte de su potencial hidroeléctrico. En ese contexto, el país buscó diversificar sus fuentes y reducir la exposición a combustibles importados, sequías y cambios de precios internacionales.
Una política que atravesó distintos gobiernos
El proceso tomó impulso a partir de 2005, durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez. El → Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) señala que el Consejo de Ministros aprobó en 2008 la Política Energética 2005-2030. En 2010, representantes de todos los partidos con representación parlamentaria respaldaron sus componentes fundamentales.
Ramón Méndez, director nacional de Energía entre 2008 y 2015, tuvo un papel relevante en el diseño y la conducción técnica de esa etapa. La política, sin embargo, no dependió de una sola persona ni de un único período: combinó decisiones de gobierno, continuidad institucional, conocimiento técnico y acuerdos políticos.
El papel de UTE y la combinación de fuentes
La estrategia apostó por sumar energía eólica, solar y biomasa al sistema hidroeléctrico existente, con generación térmica e interconexiones regionales como respaldo. La combinación permite aprovechar el viento y el sol cuando están disponibles y reservar el agua de las represas para otros momentos.
La → Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) describe su papel como brazo ejecutor de un trabajo colectivo que incluyó al Gobierno, organismos públicos, empresas privadas, entidades financieras, academia y trabajadores. UTE invirtió en generación y redes, y promovió contratos para incorporar proyectos privados. La empresa explicó que la escala de inversión necesaria para desplegar parques eólicos superaba el espacio disponible para financiar esas obras solo con recursos propios.
La evolución fue rápida: en 2014 la potencia eólica instalada ya había superado una meta prevista para 2015, según informó entonces → Presidencia de la República. El crecimiento exigió además líneas, subestaciones y capacidad de operación para integrar distintas fuentes y mantener la seguridad del suministro.
Qué muestran los datos más recientes
En 2025, el 98% de la electricidad entregada al Sistema Interconectado Nacional fue de origen renovable, de acuerdo con datos preliminares de la Dirección Nacional de Energía. La hidroelectricidad aportó 46%; la eólica, 34%; la biomasa, 14%; y la solar, 4%. El 2% restante correspondió a fuentes fósiles. Son porcentajes de generación eléctrica, no de toda la energía que consume el país.
El dato también recuerda que las proporciones cambian según las condiciones de cada año. En 2025 la hidroelectricidad tuvo una participación mayor que en 2024, mientras que la generación eólica y la solar dependen de la disponibilidad de viento y radiación. Para atender nuevas demandas, la planificación debe considerar tanto la generación renovable como el respaldo y las redes necesarias.
La conexión con el proyecto Solaria
En el anuncio firmado el 14 de octubre, el Gobierno vinculó la propuesta de → Solaria Energía y Medio Ambiente con varias capacidades del país: electricidad renovable, conectividad y talento para la economía digital. En el componente energético, la trayectoria construida desde 2005 constituye una base concreta; no sustituye el análisis de la nueva demanda ni las obras que cada proyecto requiera.
La conectividad es otra parte de esa infraestructura. En la presentación del proyecto, Presidencia destacó la expansión de la fibra óptica y los cables submarinos que conectan al país con redes internacionales, en un proceso asociado al desarrollo de → ANTEL. Energía y telecomunicaciones son condiciones complementarias para alojar centros de datos; su disponibilidad debe traducirse en contratos, conexiones y capacidad efectiva para cada etapa.
El recorrido energético muestra cómo una política sostenida puede crear capacidades que después sirven para atraer inversiones. La prueba para el proyecto Solaria será convertir el acuerdo anunciado en contratos definitivos, obras y actividad verificable, cuidando el equilibrio del sistema y el interés público.
Fuentes principales
→ Ministerio de Industria, Energía y Minería. (2025, 6 de junio). Política Energética.
→ UTE. (2019, 9 de setiembre). De gestionar los apagones a la revolución energética.
ICI Plus – Elaboración propia a partir de fuentes verificadas. 17 de octubre de 2026.
Crédito: ICI Plus. Ilustración editorial generada con IA; no representa una instalación real.
