El origen y la situación actual de las disputas por el puerto de Montevideo
El vicepresidente de ANP defendió el acuerdo del gobierno con Katoen Natie por la concesión del puerto; se abrió investigación sobre concesión de muelles y litigios avanzan en los tribunales.Hace 30 años se creó, mediante la Ley de Puertos, la figura del operador portuario en Uruguay.
Esta es una institución legal que permite la concesión del trabajo en el puerto a empresas privadas y desde entonces la disputa legal por el Puerto de Montevideo se agudizó a tal punto que, desde el 2007, existe un litigio importante por el mismo.
De regreso a la Ley de Puertos, con esta se dio cabida a que operativas privadas trabajaran en infraestructuras públicas. De esta manera creció la inversión privada y se dinamizaron las nuevas tecnologías y el crecimiento del puerto, lo que aumentó el movimiento de contenedores y graneles a un nivel superior a la capacidad manejada en el país.
El crecimiento del puerto capitalino convirtió a este en un hub regional, lo que atrajo y fomentó la competencia entre empresas por hacerse de él. Hoy en día son claras las dos partes inmiscuidas, por un lado Katoen Natie y la Terminal Cuenta del Plata (TCP) y por el otro Montecon.
En 2001 se subastó la Terminal Cuenca del Plata en la Cámara de Comercio y Katoen Natie Ganó. Al día de hoy TCP se compone por un 80% de acciones del consorcio belga y un 20% de la Administración Nacional de Puertos (ANP).
La llegada de Montecon y el origen de las disputas
Pero el origen del conflicto con Montecon llegaría seis años después, en 2007. La causa fue que la ANP licitó la operación en muelles públicos de servicios de carga y descarga de buques.
Un año después la ANP sacó un decreto donde establecía tarifas sobre servicios que el organismo brindaba a operadores portuarios por ventas de agua y electricidad.
Es a partir del sistema tarifario que Montecon «comienza a usufructuar» el derecho sobre muelles, de acuerdo con las palabras del vicepresidente de la ANP, Daniel Loureiro al fiscal de Delitos Económicos, Gilberto Rodríguez.
Rodríguez está a cargo de la denuncia presentada por la bancada del Frente Amplio contra el acuerdo de concesión que firmó el gobierno con TCP-Katoen Natie hasta 2081. De acuerdo con esta hubo usurpación de funciones y falsificación ideológica por parte del gobierno en este acuerdo.
Según las declaraciones consignadas por El País, Loureiro le explicó al funcionario del Ministerio Público que Montecon empezó a operar en los muelles públicos como un operador portuario gracias al sistema tarifario, sin tener concesión. Al preguntársele cómo se adjudica dicho sistema, el vicepresidente de ANP dijo que deberían preguntarle a la administración del Frente Amplio cómo fue que lo adjudicaron.
Auditoría a los muelles
Asimismo, el jerarca, que es miembro del partido Cabildo Abierto, indicó que hace un año propuso al Direcotorio realiza una auditoría para saber bajo qué régimen comenzó a trabajar Montecon en los puertos.
Finalmente, la auditoría sobre muelles públicos desde 2001 iniciará próximamente, así lo resolvió el directorio. Esta investigación busca determinar «si hubo o no apartamiento legal en los muelles públicos», explicó Loureiro.
El vicepresidente del organismo se mostró firme y defendió la legalidad del acuerdo del gobierno con la empresa belga. “La decisión que se tomó fue ajustada a Derecho. Además, tal medida ha favorecido al país y ha generado una reactivación del puerto. Permitió que una empresa realice inversiones y lo transformara en un ‘puerto hub’”, sostuvo.
Aunque reconoció que podría tener «alguna diferencia» por el plazo de la concesión, recordó que estos no suelen ser corto. Durante el gobierno del Frente Amplio se otorgó la del terminal de celulosa a la empresa finesa UPM por un plazo idéntico de 50 años.
Los movimientos en tribunales
Además de la querella penal del Frente Amplio, Montecon accionó ante la vía contenciosa administrativa. Piden que se anule el auerdo y otro decreto donde se da prioridad de carga y descargas de contenedores manejados por TCP en detrimento a los muelles públicos que ellos operan.
Según explicaron, este decreto hizo que Montecon perdiera la firma de dos servicios que generaban 180 mil movimientos de contenedores por años. Según dijo el gerente de esta empresa, Martín González, estos servicios (Shipping Company -MSC- y GS1 de la naviera Hapag Lloyd) pasaron a TCP.
El pasado 26 de abil los accionistas de Montecom iniciaron los mecanismos de solución de controversias previstos en los tratados de promoción y protección de inversiones sancionados por Uruguay con Chile y Canadá.