Nuevo decreto genera “incongruencia total” de criterio sobre la competencia en el puerto, según gerente de Montecon
Senadores opositores ampliaron denuncia contra Katoen Natie y la empresa belga replicó que responden a intereses de su rival.La competencia sigue siendo un tema con varios capítulos de controversias entre los operadores del puerto de Montevideo y esta administración.
Para la Administración Nacional de Puertos (ANP), un reciente decreto –fechado el 3 de febrero– “despeja” la duda que los operadores de graneles tenían en el puerto de Montevideo en relación a si regía una prioridad y asignación de atraque de buques hacia las terminales especializadas, según entendían que surgía de la redacción del nuevo reglamento de atraque.
Es que en el mercado de graneles también hay básicamente dos operadores en la terminal capitalina, la Terminal de Graneles de Montevideo (TGM) y la empresa Nobleza Naviera que trabaja en los muelles públicos y que interpuso un recurso por este tema.
Ahora, con el nuevo decreto, el gobierno interpreta el artículo Nº 11 del reglamento general de atraque aclarando que se aplica “únicamente a terminales especializadas de contenedores y carga contenerizada”.
Pero, lo que para unos aclara, para otros oscurece.
Para Montecon, el Poder Ejecutivo “defiende el concepto de que las terminales especializadas deben tener prioridad por un tema de eficiencia”, pero muestra una “criterio” distinto con el último decreto interpretativo. “Permite libre competencia a los graneles entre la terminal especializada y los muelles públicos y mantiene la no competencia en los contenedores, entre TCP y Montecon”, dijo a Búsqueda el nuevo gerente general de Montecon, Martín González.
“Esto da la pauta de que el decreto (Nº 115, que contiene el reglamento general de atraque de buques). tiene nombre y apellido, es algo que rompe los ojos”, agregó en relación a la prioridad otorgada a TCP.
Aseguró que esta situación genera una “incongruencia total” porque los graneles tienen “libertad de elegir” si quieren operar en los muelles públicos o en TGM.
Consultado por Búsqueda, el presidente de la ANP, Juan Curbelo, dijo que el “uso eficiente de las infraestructura de las terminales no necesariamente tiene que ir con una determinada normativa”, pero que el “direccionamiento” en el caso de los contenedores hacia TCP se está haciendo para cumplir con una normativa que existía.
Defensa de la competencia
Otro episodio de polémica relativo a la competencia es el de la admisión de la denuncia que presentó Montecon ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia contra el Poder Ejecutivo y el grupo Katoen Natie por el convenio y los decretos con los que se ejecuta la extensión de la concesión a TCP hasta 2081 entre otras ventajas, como la prioridad de operación bajo ciertas condiciones.
La semana pasada, el martes 1º, la comisión volvió a admitir la pertinencia de la denuncia (ya lo había hecho en setiembre, pero en enero el Ministerio de Economía –MEF– revocó esa decisión por falta de fundamentos).
Ahora la comisión, un órgano desconcentrado del MEF, se explayó y triplicó los considerandos y páginas de su resolución para justificar la competencia en el tema y resolver iniciar una investigación.
Eso fue bien recibido por Montecon. La ratificación de la admisibilidad de la denuncia es “sumamente importante”, dijo González, porque “a pesar de la intervención” del MEF la comisión reconoce que el mercado portuario está regido por la ley de defensa de la competencia Nº 18.159. Señaló igualmente tener un “sabor semiamargo” porque se alargan los plazos —en torno a cuatro meses— desde que inicialmente Montecon había presentado la denuncia. Y también porque la comisión no hizo lugar a la suspensión preventiva de la aplicación de los decretos que ejecutan el convenio entre el Estado uruguayo y los belgas mientras durara la etapa de investigación, como Montecon aspiraba a que sucediera.
En la nueva resolución la comisión indica que “el hecho de que la actividad portuaria se encuentre regulada no es óbice para la aplicación plena de la Ley Nº 18.159” y que “no es posible entender que cada sector de actividad que tenga una entidad que lo regula quede fuera del ámbito competencial de la comisión”.
Para la comisión, las presuntas prácticas denunciadas por Montecon estarían comprendidas entre las conductas prohibidas por la Ley Nº 18.159 y “enmarcan en la normativa de defensa de la competencia”.
Ese organismo indica que “corresponde atender a la naturaleza del acto administrativo (…), que no es ni más ni menos que el análisis preliminar de la denuncia presentada”. Y agrega que los “actos y prácticas puestos en conocimiento (…) resultan suficientes para dar inicio a la investigación” y calificar la denuncia como “pertinente”.
Amplían denuncia penal
En tanto, a nivel político, los senadores frenteamplistas Charles Carrera y Mario Bergara ampliaron ayer miércoles 9 la denuncia penal en Fiscalía contra autoridades del Poder Ejecutivo y de la ANP por el acuerdo entre el Estado uruguayo y Katoen Natie para extender la concesión hasta 2081 a TCP.
El recurso de los representantes de la oposición fue por “graves delitos contra el patrimonio público”, indicaron en rueda de prensa.
Carrera dijo que de la denuncia presentada surge la “mala gestión de la negociación”, y que a su juicio “se configuraron delitos como la conjunción del interés público-privado y la usurpación de funciones, entre otros muchos”.
En reacción a las declaraciones, la respuesta de Katoen Natie fue inmediata.
En un comunicado público afirmó que los argumentos de los senadores del Frente Amplio “se basan en defender a Montecon, ignorando irregularidades de la que tienen pleno conocimiento”. La empresa indicó que Montecon “utilizó de manera ilegítima los espacios públicos, recibió subsidios tarifarios, y llevó a cabo prácticas discriminatorias contra sus competidores, en perjuicio de TCP y de las arcas públicas”.
Concluyó que “TCP no precisa ‘acreditar’ o ‘comprometer’ nada, desde que la empresa no cuestionó nunca –ni en sus innúmeros reclamos ante la ANP, ni en ocasión de anunciar la venta de su paquete accionario, ni al poner en marcha el mecanismo de arbitraje internacional, ni al firmar el acuerdo de febrero de 2021– el principio de libre competencia portuaria, consagrado por la Ley de Puertos de 1992”.
Otro capítulo que promete es la decisión de los accionistas de Montecon (la chilena Ultramar y la canadiense ATCO) de “ejercer los derechos de defensa” a nivel internacional.
Consultado sobre esa posibilidad, Curbelo indicó que respeta lo que la empresa “decida hacer”, y añadió: “Estamos muy confiados y tranquilos con nuestra posición jurídica, pero cada uno puede tomar el camino que considere conveniente porque para algo estamos en un Estado de derecho”.