Sector de construcción teme “caer” en 2023 si no logra “sustituir” obra de UPM, plantea una “agencia” de infraestructura a futuro
El retraso en el inicio de la operación de la segunda planta de UPM, en Durazno —que se planifica para el final del primer trimestre del 2023 y no para fin de este año como se esperaba en un principio—, estira los tiempos de la megaobra, que explicó gran parte del crecimiento registrado por la construcción en 2021 y que se prevé continúe por varios meses más.
Hacía al menos seis años que el nivel de empleo en la construcción no llegaba a los 54.000 trabajadores en obra, según muestran los datos a octubre —los últimos disponibles— de la cantidad de cotizantes al Banco de Previsión Social de esa industria.
“Tuvimos un 2021 bueno” y el sector crecerá “en torno a 5%” respecto al año anterior, dijo a Búsqueda el presidente de la Cámara de la Construcción, Diego O’Neill. Pero hacia adelante advirtió que será “difícil de sustituir” o compensar el dinamismo que en materia de empleo y actividad hoy representa la obra de UPM. “En el segundo semestre el empleo en la obra de UPM va a empezar a caer; igual se va a estirar un poco más la obra, que hoy ocupa —junto con las obras conexas del Ferrocarril Central y la terminal en el puerto de Montevideo— cerca del 20% de los puestos” de toda la industria.
Preocupación
Esa preocupación es parte del ambiente que se empieza a respirar entre las empresas del rubro, aunque tanto el último sondeo de expectativas empresariales como el índice de inversión en equipos relevados por el Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción (Ceeic) reflejaron un “clima” de crecimiento. Casi seis de cada 10 empresarios prevé expandir tanto el personal como la inversión en maquinaria. La importación de bienes de capital aumentó 42% en todo 2021, respecto al año anterior.
Pero mirando un poco más allá, O’Neill apuntó que si bien hay obras de edificación de viviendas e inversiones viales que tendrán “buen dinamismo este año”, es “difícil poder encontrar proyectos privados, del sector comercial, logístico o industrial, que apalanquen el crecimiento como lo está haciendo la obra de UPM”. Por eso, admitió algo de “incertidumbre” hacia el 2023, ya que “habrá que ver si hay otras inversiones privadas o más inversión pública que compense la falta de los grandes proyectos que hoy tenemos, para al menos no caer”.
En cuanto a la inversión pública, O’Neill señaló “buenas perspectivas” por las obras de vialidad anunciadas por el Ministerio de Transporte. Fue más escéptico respecto a si se logrará un aumento de la inversión a través de los mecanismos de financiación alternativos que el gobierno está impulsando, como el fideicomiso de vivienda o las iniciativas privadas relacionadas con el plan de extensión del saneamiento en 120 localidades del interior o la planta potabilizadora de agua, en Arazatí (San José), entre otras. “En la medida que se concreten, sería más inversión”, comentó.
En la misma línea, el presidente del Ceeic, Alfonso Capurro, explicó a Búsqueda que la maduración de la actividad en el sector es “muy lenta y con horizontes muy largos” porque las obras que se van a hacer en 2022 se pensaron hace cinco o seis años. Por eso también estimó que el sector cerró con “números buenos” de actividad en 2021 y apuntó que este 2022 “viene jugado” y, en perspectiva, “será otro buen año porque todavía habrá obras grandes en circulación”. Pero, a su juicio, “no está tan claro el horizonte de 2023 en adelante, y ahí está puesta la mayor preocupación del sector”.
Para Capurro, la finalización de la obra de UPM y sus conexas supondrá el “desafío de llenar unos 12.000 puestos de trabajo, que no se sustituyen fácil; en especial porque cuando se ve el resto de los motores de la construcción, hay claros y oscuros”.
Auguró que con los proyectos que hoy están “arriba de la mesa” el nivel de actividad del sector se mantendrá o tendrá un crecimiento moderado en 2022 y proyectó: “Parece difícil que la construcción no vaya a caer algo en 2023”.
“Sería una muy buena noticia que no caiga en 2023”, insistió.
Sin embargo, apuntó que a veces el análisis se concentra mucho en la falta de megaproyectos, cuando también la “microinversión” es importante y no descartó que un “buen ciclo privado de inversión podría ayudar a recomponer” la ausencia de grandes obras.
Pero evaluó que dado el “timing” de proyectos a la vista por tipo de infraestructura, la obra nueva no sería tan relevante, más allá de lo que refiere a los planes de vialidad en el sector público y los de vivienda y gran dimensión desarrollados por privados con beneficios fiscales, entre algunos otros que están “dispersos” y serían de un “volumen interesante” pero que llevarán su tiempo de maduración.
Agencia
Ante ello, para el presidente del Ceeic, Uruguay “merece una discusión y revisión de la institucionalidad sobre infraestructura” mirando lo que hacen otros países. Evaluó que hace falta una “figura” al estilo de una “agencia” de infraestructura que dé “continuidad, estabilidad y mirada de largo plazo”. Capurro explicó que ese tipo de agencias favorecen la coordinación entre los distintos actores que participan en los planes de infraestructura. “En los ministerios de Uruguay, en las empresas públicas y en las intendencias hay alojadas buenas capacidades técnicas, pero no tengo dudas de que falta una figura que coordine transversalmente y articule las necesidades que tiene el sector privado con la agenda y urgencias que tiene el sector público”, comentó.
Se refirió a las ventajas de tener “un banco de proyectos, de problemas y soluciones” que en materia de infraestructura requieren los actores sociales y de la economía, para que cuando los gobiernos cambien cada uno tenga énfasis y prioridades pero sobre un plan estratégico de obras a largo plazo y por fuera del “ciclo electoral”.
En una nota técnica reciente, el Ceeic recogió la evidencia internacional que existe en la materia, las responsabilidades que se encomiendan a este tipo de agencias en otros países (estudió en particular los casos de Australia, Canadá y Colombia), el rol de asesoramiento, evaluación de proyectos, priorización y búsqueda de financiamiento público y privado. Entre los “efectos positivos” de la operativa de estas agencias, destacó la “transparencia” en los procesos de ejecución de obras, el “mayor consenso” social y entre los actores, la “mayor visibilidad” de las iniciativas, la agilización y mejora de los procesos y de la evaluación de los planes, además del “derrame positivo” en la economía.