Las empresas públicas registraron los mejores resultados en 20 años; lograron recuperar ingresos y bajar las transferencias
Con un balance positivo de más de US$ 500 millones entre ingresos y gastos, las empresas públicas registraron en 2021 números récord: incluso descontados los dividendos que los entes pagan al gobierno central, los resultados finales estuvieron cerca de US$ 370 millones el año pasado. En 2020, el saldo después de estas transferencias había sido de US$ 48 millones, lo que supone un aumento de más de 670%.
Hasta ahora, el registro más alto había sido en 2015. Durante el primer año de la segunda administración de Tabaré Vázquez, las empresas públicas habían dado ganancias de caja por US$ 314 millones que, descontados los casi US$ 140 millones de transferencias al gobierno central, generaron un resultado final de US$ 175 millones. Es decir, un aumento de 111%.
El resultado global del sector público consolidado, en tanto, se ubicó en -4,1% del Producto Bruto Interno (PBI) al cierre del año, mejorando considerablemente frente al pico registrado durante el mismo período de 2020 (-6%). Este número resulta de descontar los efectos del Fideicomiso de los “cincuentones”. Los ingresos extraordinarios que se vuelcan desde la cuentas de estos desafiliados a las arcas de Banco del Previsión Social contribuyen a disminuir temporalmente el déficit, pero llegará un momento en que estos flujos entrantes cesen y se conviertan en egresos.
Previo a la publicación de este resultado, la agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings había comentado: “Las finanzas públicas de Uruguay comenzaron la crisis con paso débil, pero se deterioraron relativamente poco debido a un soporte fiscal conservador y bien direccionado, y las autoridades avanzaron en asuntos estructurales”. Sin embargo, advirtió que “aún no está claro” si la administración será capaz de concretar reformas que apunten al crecimiento de largo plazo y a disminuir la inflación, y resaltó el resultado del referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración como evento “bisagra”.
Empresas
En 2021, las mayores ganancias de los entes en veinte años respondieron nuevamente a los resultados de las dos empresas históricamente más grandes –Antel y Ancap–, que acumularon saldos de US$ 84 millones y US$ 43 millones, respectivamente. Sin embargo, en esta oportunidad también contribuyó la UTE, que en 2019 había tenido el peor desempeño entre todos los entes públicos, pero que el año pasado destacó con un resultado de caja de US$ 311 millones, debido en gran parte a las exportaciones de energía eléctrica por US$ 594 millones. En contrapartida, en los 12 meses cerrados a diciembre, la Administración Nacional de Puertos y la Agencia Nacional de Vivienda dieron pérdidas por US$ 19 millones y US$ 2 millones, respectivamente.
Sobre el balance de la petrolera estatal, sin embargo, el economista Javier de Haedo comentó que al ajustarlo por la “desacumulación de stocks”, resultó negativo en US$ 70 millones.
El resultado de las empresas públicas es un tema central en el debate político. Durante la campaña electoral de 2019 el actual presidente Luis Lacalle Pou criticó con dureza las pérdidas que registraban. Ahora, es la oposición encabezada por el Frente Amplio la que cuestiona lo que se está haciendo.
Parte de las ganancias que obtienen las empresas públicas son destinadas bajo forma de dividendos al gobierno central, para cubrir ciertos gastos o subsidios a otros organismos. En 2021, de hecho, estas transferencias superaron los US$ 137 millones entre los diferentes entes, lo que supone una baja de 40% frente a 2020 y 47% en relación a 2019. Se trata, además, de la cifra más baja desde los US$ 61 millones de 2012.
En línea con su ganancias extraordinarias, del total de dividendos UTE transfirió casi US$ 75 millones (55%) de su resultado de caja para evitar subas en el precio de los combustibles, pese a las recomendaciones de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea). Según el ministro de Industria, Omar Paganini, estas decisiones habían generado –desde agosto y previo al aumento anunciado este lunes 31 (ver página 26)– un atraso tarifario que alcanzaba 18,7% en el caso del gasoil y 11,5% para la nafta.
“Postergar una suba de combustibles, ya sea financiada con ingresos extraordinarios o vía rentas generales, beneficia en todo caso a la población que consume combustibles. (…) No hay nada que indique que destinar esos recursos para subsidiar combustibles sea óptimo”, sostuvo el economista y gerente en CPA Ferrere, Nicolás Cichevsky. Y agregó que, independientemente de quién consuma más, el beneficio será tal si el “subsidio” no es financiado por una suba mayor más adelante: “Alguien siempre paga”.
Pero además de las menores transferencias al gobierno –que impactan en el resultado final de los entes– las empresas públicas también mejoraron sus ingresos y egresos. Fueron más de US$ 6.701 millones en ventas durante 2021, un aumento de 25% frente al año anterior, cuando habían registrado un mínimo en diez años (US$ 5.336 millones).
Por el lado de los gastos, que aumentaron 20% frente a 2020 y se ubican por encima de los valores prepandemia, se destacan las subas en “compras de bienes y servicios” (36%) y en los impuestos pagados a la Dirección General Impositiva (13%). En cambio, las remuneraciones tuvieron una baja mínima y se redujeron intereses de deuda en 5%.