Uruguay ante el desafío de una Política Energética 2.0: ¿es hora de un nuevo acuerdo multipartidario?
El instrumento utilizado por Uruguay para construir y validar su política energética no solo fue único e innovador, sino profundamente adaptado a la realidad y características de su sistema político.En el año 2010, antes del inicio de la presidencia de José Mujica, Uruguay inició un proceso de diálogos sectoriales entre los partidos con representación parlamentaria.
El objetivo era lograr consensos sobre temas clave para el país que facilitara la construcción de políticas de Estado. Mientras estos diálogos no prosperaron en áreas como seguridad, salud o educación, en el sector energético se alcanzó un acuerdo plasmado en un documento sencillo con cuatro ejes fundamentales: institucional, demanda, oferta y social. Este acuerdo proporcionó una visión a mediano y largo plazo para el sector energético, un avance que fue clave para el desarrollo y resultados observados posteriormente.
Varios de los líderes políticos actuales formaron parte de ese proceso de negociación, que hoy debería considerarse un modelo exitoso de construcción de políticas públicas y un gran logro de nuestra democracia. Este enfoque podría ser retomado en el contexto parlamentario actual, marcado por la falta de una mayoría consolidada en la Cámara de Diputados, lo que hace aún más necesario fortalecer las negociaciones y el diálogo entre los actores del sistema político.
Líderes de la formulación de las políticas públicas del momento, junto a empresarios y especialistas del sector, coinciden en que ese acuerdo multipartidario fue esencial para catalizar la profunda transformación que vivió el sector. Aunque esa transformación ya estaba en marcha en 2010, el acuerdo consolidó una agenda oficial que priorizó la diversificación de la matriz energética, atrajo una histórica ola de inversiones en energías renovables, redujo la dependencia de los combustibles importados, promovió el acceso universal a la energía, impulsó las energías renovables y la eficiencia energética, y consolidó el rol de las empresas estatales como ejecutoras de la política sectorial.
Desde mi experiencia trabajando primero en la formulación de la política del sector y posteriormente con muchos países de la región en procesos similares, puedo afirmar que el instrumento utilizado por Uruguay para construir y validar su política energética no solo fue único e innovador, sino profundamente adaptado a la realidad y características de su sistema político. Además, permitió formalizar un acuerdo social que definió el rumbo de un sector estratégico para el desarrollo del país durante la última década y media. En contraste, en muchos países de la región, la política energética se define principalmente desde el Ejecutivo, y aunque en ocasiones se incluyen mecanismos participativos, rara vez se logra formalizar a través de acuerdos. Esta falta de formalización y existencia de acuerdos responde a la debilidad de las instituciones y a un sistema político mucho más dividido y polarizado que es lo habitual en la mayoría de los países de nuestra región. En ese contexto, el acuerdo multipartidario en Uruguay brindó certidumbre a los inversores, profundizó la planificación sectorial y fue un catalizador natural que permitió al país posicionarse como uno de los líderes globales en participación de energías renovables.
Sin embargo, al revisar el acuerdo hoy, casi 15 años después de su redacción, se observa que algunos de sus puntos siguen vigentes, pero otros ya han sido superados por el país y las prioridades y oportunidades pasan a ser otras. Además, los avances tecnológicos, la creciente urgencia del cambio climático y un nuevo orden geopolítico y de las cadenas de suministro para las nuevas tecnologías están incidiendo en el sendero de desarrollo del país y difieren a las originalmente planteados en 2010.
Hoy, la agenda energética y ambiental está centrada en temas como la movilidad sostenible, los nuevos vectores energéticos, la descarbonización de sectores intensivos, el papel de las empresas públicas en un mundo menos dependiente de los combustibles fósiles, los mercados eléctricos bidireccionales, las redes inteligentes, la digitalización, las finanzas verdes, el acceso universal y asequible a la energía, las barreras comerciales derivadas de políticas climáticas en los países desarrollados, la seguridad energética, la disponibilidad de energía regional y la integración, así como los desafíos regulatorios y de permisos para los proyectos de descarbonización, entre otros.
Aunque no comparto totalmente la idea de la "segunda transición energética" para Uruguay, reconozco que muchos de los temas de actualidad no eran los prioritarios en el acuerdo de 2010, por lo que hoy resulta más urgente abordar con mayor énfasis la intersección entre energía y cambio climático, así como las oportunidades de desarrollo que presentan las nuevas tecnologías como dinamizadores de una nueva transformación.
Otro aspecto relevante es la emisión de deuda vinculada al cumplimiento de las metas climáticas asumidas por Uruguay. Existe un impacto directo en el costo de la deuda soberana del país y en tal sentido la política energética es uno de los instrumentos funcionales para lograr el cumplimiento en la reducción de emisiones del país.
Por otro lado, la discusión sobre el uso del agua para la producción de hidrógeno requiere un acuerdo y una mayor divulgación de información y diálogo con la población y comunidades involucradas para poder alcanzar consensos sobre el modelo de desarrollo del hidrógeno en el país y la utilización responsable y sostenible de los recursos y la intervención del territorio.
La pregunta que surge es si existen las condiciones para negociar nuevos acuerdos sobre estos temas y si es posible alcanzar un cierto grado de convergencia entre los partidos representados en el Parlamento para llegar a un "segundo acuerdo multipartidario de energía", idea que también han propuesto desde las cámaras empresariales del sector. En un contexto político más polarizado que en 2010, con nuevos partidos en Diputados, no está claro si será posible converger en temas como el rol de las empresas propiedad del Estado, las cuestiones medioambientales y el uso del agua en la producción de hidrógeno.
Sin embargo, si se pretende un nuevo sendero de crecimiento más dinámico que rompa con la actual situación de crecimiento moderado, el sector energético es necesario para atraer una nueva ola de inversiones e infraestructura. Pero también es cierto que, aunque no se logren estos acuerdos en un formato de dialogo multipartidario como se hizo en 2010, o se decida no recurrir a estas mesas en la nueva administración, no se deben descartar otras formas de construir políticas sectoriales de largo plazo que también formalizan una política sectorial y aportan las bases para lograr ese nuevo impulso transformador. Lo que sí es estrictamente imprescindible es definir una nueva hoja de ruta para el sector energético, que contemple los cambios tecnológicos y estructurales y que integre una visión más actualizada de los desafíos climáticos, los temas ambientales y uso de recursos, así como los compromisos asumidos por el país en tal sentido. Esta nueva visión debe proyectarse más allá de un solo mandato, convirtiéndose nuevamente en una política de Estado, una “Política Energética 2.0”.
* Director del Programa de Energía y Clima del Inter-American Dialogue, Fundador Ivy y ex Director Ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía