Buquebus y Colonia Express anuncian demandas contra el Estado por "precio" de US$ 2,10 que aumenta valor de los pasajes

Daniel Ochs, abogado representante de Buquebus, acusó una "ilegalidad brutal"; Colonia Express avisó al gobierno que irán hasta las últimas consecuencias.A partir de mayo de este año, cualquier pasaje vendido para viajar en febrero de 2025 por Buquebus o Colonia Express deberá tener una carga adicional de US$ 2,10 más IVA.

De ahí en adelante, todos tendrán que incluir ese aditivo, más allá de si el nuevo sistema de control migratorio que motiva su cobro haya comenzado a funcionar o no, según los plazos establecidos por decreto del Poder Ejecutivo.

El "precio por servicio de seguridad" decretado en febrero por el presidente Luis Lacalle Pou –con la firma de los titulares de Economía, Interior y Transporte– para financiar "la instalación y mantenimiento de un sistema de control fronterizo" a pasajeros que entran y salen del país, así como un "análisis de perfiles de riesgo", despertó críticas de distintas partes afectadas.

El proyecto, que viene desde lejos –desde una iniciativa privada elevada a Tabaré Vázquez en 2017–, augura ahora varios obstáculos para el gobierno. Por un lado, representantes de Colonia Express avisaron a funcionarios del Estado que agotarán todas las vías a su alcance –incluido ir a juicio– para echar por tierra el "precio", mientras ya preparan un recurso administrativo de revocación contra el decreto de Lacalle, según confirmaron a El Observador desde la empresa.

Por su parte, el abogado de Los Cipreses y Belt SA (ambas de Buquebus), Daniel Ochs, informó a El Observador que habrá en el futuro "tres procesos distintos contra tres actos distintos" por parte del gobierno: una acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) contra la resolución que aprobó el pliego de la licitación; un recurso administrativo ya presentado contra el decreto que fijó el precio a cobrar y la promesa de una demanda de nulidad cuando venzan esos plazos; y otra acción de nulidad ante el TCA por la adjudicación por parte del Ministerio del Interior al privado que ganó la licitación.

Esta última, prevista para la semana que viene, "es contra la administración y contra Veridos", la firma que gestionará el sistema. "Es un contrainteresado y lo vamos a convocar para que le alcance la cosa juzgada", fundamentó Ochs.

"Ilegalidad brutal"
El constitucionalista sostuvo que el llamado "precio" es "una ilegalidad brutal" por tres puntos centrales: "Es una violación al principio de legalidad previsto en el artículo 10 de la Constitución, un principio de oro que viene desde la Revolución Francesa, de que nadie está obligado salvo que la ley lo establezca", y recordó que el propio Tribunal de Cuentas emitió "dictámenes concluyentes".

Ochs cuestionó que viola por otro lado "el principio de igualdad ante las cargas públicas": "Acá de un universo de, digamos, 10 millones de viajes por año, costean todo el servicio de seguridad fronteriza solo con los que viajan por barco, que son el 20%. Hay un problema de igualdad ante la carga pública porque no puede caer jamás entre pocas espaldas", acusó el abogado, y agregó que "acá la clase media que viaja desde Colonia a Buenos Aires está financiando el servicio de seguridad que también va a tener alguien que vuela a Europa o que cruza por puente en una 4x4".

Por último, el abogado criticó un "problema de razonabilidad gigantesco", bajo la premisa de que el Ministerio del Interior "nunca calculó cuánto cuesta" el sistema y no justificó la razón del monto de US$ 2,10 más IVA por pasajero.

Según consta en el expediente del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 4° turno al que accedió El Observador, el gobierno contestó a fines del año pasado tras una intimación de Buquebus que todos los números surgen de las estimaciones originales de la iniciativa privada del pasado quinquenio.

"Los números que hay son los que presentó Dafiway en 2018. Una administración mínimamente diligente debería poner los estudios que tienen hechos sobre el tema. Es increíble", criticó el constitucionalista Ochs.

La licitación surge a partir de una iniciativa privada de Dafiway SA durante el segundo gobierno de Vázquez, lo que inició un proceso plagado de recursos administrativos presentados por las empresas competidoras que cuestionaban la ventaja que el gobierno confería al privado por su condición de proponente inicial del sistema. Al asumir al frente del Ministerio del Interior, Jorge Larrañaga la dejó sin efecto, pero el nuevo gobierno reabrió el proceso dos años más tarde.

Pese a que Dafiway corría con ventaja, fue la firma Veridos México quien ganó la nueva licitación en 2023. El proceso tuvo nuevamente recursos por parte de privados interesados y observaciones en el Tribunal de Cuentas, algo que motivó un pedido de informes y cuestionamientos del senador del MPP, Charles Carrera, según consignó entonces La Diaria.

El Ministerio del Interior justificó allí que "el pliego y el procedimiento fueron conforme a derecho, y esa fue la razón por la cual se reiteró el gasto bajo su responsabilidad”, informó El País.

Líos políticos

Varios expertos han señalado que el precio decretado por Lacalle debería establecerse por ley. "Los precios son la contraprestación que recibe una persona por el consumo de bienes y servicios de naturaleza económica y que brinda el Estado. Acá, ¿cuál es el servicio que recibe el pasajero? Ninguno (...) El Estado le está imponiendo que pague algo que es parte de sus servicios esenciales: el servicio migratorio", explicó días atrás el experto Leonardo Costa, exprosecretario de la Presidencia durante el gobierno de Jorge Batlle, y añadió –en línea con otros profesionales– que en este caso se trata de "un impuesto" y, por tanto, inconstitucional.

Según supo El Observador, la iniciativa despierta resistencias en la propia coalición, en especial dentro de Cabildo Abierto. También el ministro de Turismo y precandidato del Partido Colorado, Tabaré Viera, había deslizado reparos, aunque este miércoles cerró filas y dijo que "fue la forma que el Poder Ejecutivo encontró para financiar" el nuevo control migratorio, y añadió que “es una pequeña tasa que va a ser imperceptible”.

Tanto la Cámara de Turismo como la Asociación Turística de Colonia han arremetido contra la medida.

Diario EL OBSERVADOR -Montevideo - URUGUAY - 20 Febrero 2024