Caso OAS: jueza de Crimen Organizado se expedirá sobre informe enviado por Brasil
Magistrada analizará si existió o no injerencia de Brasil para que Uruguay contrate a compañía brasileña.La jueza especializada en Crimen Organizado, María Helena Mainard, se expedirá en los próximos días sobre un informe de la Justicia brasileña relacionado con una eventual injerencia de un político del gobierno de Dilma Rousseff para que Uruguay contratara a la empresa OAS en la obra de la regasificadora de Gas Sayago
El fiscal del caso, Luis Pacheco, consideró que el documento brasileño no brindaba información relevante y pidió a Mainard que archivara el caso.
Antes del pronunciamiento de Pacheco, el abogado de Ancap, Gustavo Bordes, había presentado tres escritos pidiendo que se diligencien más pruebas como la citación de cinco testigos y tener acceso al informe, entre otras medidas.
En su escrito, Bordes dijo: “De estas actuaciones se infiere que el Ministerio Público (el fiscal) solicitó en forma reiterada información proveniente de Brasil, respecto de la eventual injerencia de las autoridades del gobierno brasileño en el uruguayo, a los efectos de la contratación de la empresa OAS S.A., como encargada de la realización de parte de las obras de Gas Sayago S.A”.
El informe enviado por Brasil y anexado al expediente judicial por Mainard es voluminoso. Tiene unas 300 páginas.
En una parte del documento, al que El País tuvo acceso, un empresario brasileño declaró en 2016 a la Policía Federal que, entre diciembre de 2012 y comienzos de 2013, el jefe de gabinete del ministro de Desenvolvimiento, Industria y Comercio Exterior de Brasil durante el mandato de Dilma Rousseff, Fernando Pimentel, informó a su entorno que la empresa OAS “iba ayudar al gobierno de Minas Gerais en su campaña electoral”.
El empresario también afirmó a la Policía Federal que recibió instrucciones de una persona cercana a Pimentel de que se contactara con uno de los directores de OAS para ajustar detalles del acuerdo financiero entre la empresa y el político de Minas Gerais.
El empresario declarante expresó que también se reunió con Pimentel. En esa ocasión, testificó a la Policía Federal que Pimentel le dijo “que había intermediado en un interés de OAS en la construcción de un gasoducto en Uruguay”.
Y agregó: “Fernando Pimentel me informó que tenía contactos con el entonces jefe de la Casa Civil del presidente José Mujica, lo que viabilizó la contratación de OAS para la construcción del gasoducto”.
Finalmente OAS fue contratada para realizar dos obras para Gas Sayago y no terminó ninguna. En Brasil, la compañía OAS fue investigada por pagar coimas a políticos brasileños a cambio de adjudicaciones de obra pública.
Juan Pablo Decia, abogado defensor de los exjerarcas de UTE, Gonzalo Casaravilla y César Briozzo, señaló que la respuesta de Brasil al exhorto de Uruguay “estuvo más de un mes” a disposición de las partes -las denunciantes UTE y Ancap- en la Fiscalía.
“El fiscal pide el archivo de la causa en base a ese informe de Brasil. Bastaba con ir a la Fiscalía para conocer el contenido del mismo”, dijo Decia.
Bordes y el abogado de UTE, Jorge Barrera, señalaron que no fueron notificados que había llegado la respuesta del exhorto en la Fiscalía.
El caso
Las presuntas irregularidades cometidas en la frustrada inversión de Gas Sayago para construir una planta regasificadora están bajo análisis de la Justicia de Crimen Organizado desde 2013, cuando el abogado y exprecandidato a presidente Gustavo Salle presentó la primera denuncia.
En 2019, legisladores de una comisión parlamentaria presentaron una ampliación de la denuncia. A mediados del 2021, la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, y Barrera presentaron en el Juzgado una denuncia penal para que se investigaran eventuales irregularidades en las inversiones y gastos de Gas Sayago. Poco después, Ancap resolvió acompañar a UTE en la demanda judicial