"EL SAPO MÁS GRANDE"
Blancos estudian proyecto de interés de Manini para que concesiones pasen por el Senado
La iniciativa establece que el Senado tenga 60 días para expedirse por los contratos de concesiones que exceden período de gobierno; Penadés sostuvo que el partido estudiará el tema con el Poder Ejecutivo, al tiempo que su correligionario Botana está de punta con los cabildantes.Con el receso parlamentario recién levantado, Cabildo Abierto sigue con especial atención el devenir de dos de sus proyectos en comisión.
Además de la reestructuración de deudas, el senador Guido Manini Ríos sitúa entre sus prioridades la iniciativa que obligaría a que las concesiones del Estado que excedan el plazo de un período de gobierno pasen antes por el Senado.
El contenido del texto, anunciado desde hace meses, entró al orden del día de la Comisión de Hacienda que integra el líder cabildante y al mismo tiempo a la agenda de la coalición multicolor. Manini Ríos ya marcó la cancha y este martes explicitó en entrevista con Primera Mañana que el anuncio de la concesión a Katoen Natie hasta 2081 fue "el sapo más grande" que se tragó su partido en este período, aunque siguieron adelante "en aras de una buena relación en la coalición” y no "perder de vista el monte por mirar el árbol".
El senador reconoció su molestia respecto a que su vicepresidente en la Administración Nacional de Puertos (ANP), Daniel Loureiro, se enterara de la "tratativa" con la multinacional belga "cuando el presidente (Luis Lacalle Pou) lo anuncia en la Asamblea General" en marzo de 2021. En el Partido Nacional saben de esta prioridad para su socio de gobierno y adelantan una discusión en torno al tema.
"Lo estamos estudiando. Sé que (a Manini) le interesa y mucho. Vamos a hablarlo en bancada y también con el Poder Ejecutivo", declaró a El Observador el senador herrerista Gustavo Penadés. Previo a esas conversaciones, su correligionario y exintendente de Cerro Largo, Sergio Botana, toma desde ya distancia del proyecto cabildante.
El también integrante de la Comisión de Hacienda en la que se analizará institucionalmente el asunto –no sin tratar antes los proyectos para la rebaja tributaria anunciada por el gobierno– ironizó: "En vez de achicar el Estado tratamos de que intervenga más y de demorar todo". "En ese tema en lo personal no me ha gustado la actitud de Cabildo", dijo Botana a El Observador.
"Que no se olvide Cabildo Abierto que gracias a la obra hecha han llegado buques al puerto que de otro modo no podrían haber entrado jamás. No debemos fomentar el intervencionismo innecesariamente", declaró el senador. "Prefiero de ellos una actitud diversa a la nuestra, encarnando ese desarrollismo de práctica en el Brasil de los '60 y que, si bien algunos no la compartimos, es una línea de pensamiento que valoramos positivamente que esté presente", señaló.
"Preferimos a ese Cabildo, construyendo desde una posición diversa, al Cabildo que siembra desconfianzas como recurso político. Es un recurso político que rinde poco, es pinchar el bote en el que vamos todos. Cuando se supone que hay conductas impropias, no es con denuncias de prensa, es con denuncias concretas en Parlamento y en la Justicia", concluyó el dirigente blanco.
El proyecto en cuestión fundamenta que, pese a que la reforma constitucional de 1934 introdujo la necesidad de controlar en mayor medida las formaciones de monopolios, "la creciente actividad económica del Estado" lo hace "ser sujeto obligado en contratos de tipo no monopólicos, que pueden igualmente afectar la estructura económica del país y generar obligaciones que comprometen intereses públicos, cuyos efectos se despliegan hacia la totalidad de los ciudadanos a través de la fijación de los precios de los servicios".
El texto asegura que ese tipo de instancias generan "consecuencias económicas sin precedentes" y que "el constituyente no previó la importancia de la actividad contractual del Estado, sino que se limitó a considerar solamente como peligrosa a la constitución de un monopolio". Con el procedimiento propuesto por Manini Ríos, el Senado tendría 60 días para expedirse sobre la concesión negociada por el gobierno, pudiendo negar su apoyo en base a "razones constitucionales, legales o de oportunidad y conveniencia".
Si los senadores se pronunciaran en contra, la iniciativa del Ejecutivo no podría reiterarse para aprobar el mismo contrato durante el resto del período de gobierno en curso. Los cabildantes buscan que este mecanismo aplique también a las concesiones para las zonas francas.
"Es bueno que exista una instancia en la que el sistema político lo debata y, eventualmente, lo apruebe", había opinado semanas atrás Manini Ríos, alegando que no supone ningún tipo de "tranca". El líder cabildante también ha puesto como ejemplo al proyecto de UPM 2 concretado durante los gobiernos del Frente Amplio.
Tanto frentistas como colorados no han llegado a estudiar el proyecto aún.