Entrevista a Oddone: Un “trilema” imposible para el gobierno, la polémica del dólar y la baja de impuestos
El economista y socio de CPA Ferrere, Gabriel Oddone se refirió a la situación de la economía uruguaya, la polémica cambiaria y los anuncios en el IRPF y el IASS.La economía uruguaya atraviesa una desaceleración, profundizada por la sequía, al tiempo que las autoridades buscan encauzar la inflación -todavía fuera de la meta-, cumplir con la promesa de recuperar el salario real perdido durante la pandemia y procesar una rebaja de impuestos.
¿Es posible atender estas situaciones en forma simultánea? ¿Cómo evalúa uno de los economistas más influyentes del país los anuncios respecto al Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), al Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) y a los tributos de micro y pequeñas empresas? De estos y otros aspectos, El País dialogó con el doctor en Historia Económica y socio de CPA Ferrere, Gabriel Oddone. Lo que sigue es un resumen de la entrevista.
-La economía uruguaya viene desacelerándose y la sequía impactará al punto que el Ministerio de Economía recortó su estimación de crecimiento para este año, ¿cómo evalúa la situación?
-Durante 2023 y 2024 la economía seguirá creciendo, pero a un ritmo menor. Luego de haberse expandido alrededor de 5% en 2022 y habiéndose completado la fase de rebote de la crisis del covid-19, la tasa de crecimiento anual convergerá a su tendencia de largo plazo, alrededor del 2%. Los efectos de la sequía no están incluidos en esa proyección. El gobierno estimó que las pérdidas directas totales podrían superar el 1,5% del PIB. Según la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa) el 80% de ellas se concentrarán en la agricultura de secano y en la ganadería, a lo que deberán sumarse las ocasionadas en praderas y lechería. Esas pérdidas no se manifestarán enteramente en 2023 sino que podrán extenderse más allá de 2024. Por ejemplo, la sequía afectará las tasas de preñez y la producción de terneros, algo que podría afectar el stock de ganado, la faena y las exportaciones del sector en los próximos dos a tres años.
Además, como ya lo han advertido algunas autoridades, es probable que las estimaciones de Opypa sean revisadas porque ya ha pasado algo más de un mes desde que se publicaron. En ese período, la sequía se agravó de modo que los impactos seguramente son mayores. A raíz de lo anterior, el crecimiento de 2023 podría ubicarse incluso algo por debajo del 2%.
-El escenario externo se presenta más desafiante que el del año pasado, ¿qué implica esto para la economía uruguaya?
-Efectivamente, el escenario externo tiene algunas sombras debido a la desaceleración global, al descenso de algunos precios de exportación como la carne y al entorno económico regional que sigue siendo muy frágil. Concretamente, es muy probable que Argentina y Brasil crezcan por debajo de 1% en 2023.
A su vez, la lenta reducción de la inflación y la firmeza del mercado laboral en Estados Unidos, sugieren que la política monetaria contractiva de la Reserva Federal (Fed) se mantendrá por más tiempo del que se preveía. Si bien el riesgo de un aumento abrupto de tasas se ha disipado debido a que la inflación se ha moderado, parece consolidarse un escenario financiero global de tasas elevadas en términos históricos, un dólar relativamente fuerte y precios de las materias primas menos tonificados.
En contrapartida, es probable que el precio del petróleo se consolide por debajo del nivel promedio de 2022, y que la demanda de nuestro principal cliente, China, se recomponga debido al abandono de la política de covid cero.
-Con este contexto local e internacional complicado, ¿cómo va a hacer el gobierno para bajar la inflación, al mismo tiempo recuperar salario y todo eso sin afectar la competitividad? ¿Es un “trilema” imposible?
-El Poder Ejecutivo se propone reducir la inflación por debajo del 6% anual. A su vez tiene un compromiso de recuperar el nivel de salario real que regía a fines de 2019 para el cierre de 2024. Procurar cumplir con ambos arriesga a que la trayectoria del tipo de cambio siga siendo poco favorable para la competitividad. Al respecto, el Informe de Política Monetaria del Banco Central de enero reconoce que el tipo de cambio real está apreciado 11% respecto de sus fundamentos.
PERFIL
Uno de los economistas referentes
Gabriel Oddone París es economista y doctor en Historia Económica por la Universidad de Barcelona. Tiene 59 años, es socio de CPAFerrere y ha sido consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Estados Unidos, México, Paraguay y Uruguay. Escribió el libro “El declive. Una mirada de la economía de Uruguay del siglo XX”.
-Con este contexto local e internacional complicado, ¿cómo va a hacer el gobierno para bajar la inflación, al mismo tiempo recuperar salario y todo eso sin afectar la competitividad? ¿Es un “trilema” imposible?
-El Poder Ejecutivo se propone reducir la inflación por debajo del 6% anual. A su vez tiene un compromiso de recuperar el nivel de salario real que regía a fines de 2019 para el cierre de 2024. Procurar cumplir con ambos arriesga a que la trayectoria del tipo de cambio siga siendo poco favorable para la competitividad. Al respecto, el Informe de Política Monetaria del Banco Central de enero reconoce que el tipo de cambio real está apreciado 11% respecto de sus fundamentos.
En 2023, en un escenario internacional menos favorable y con los efectos de la sequía sobre la mesa, el sector exportador está reclamando cambios de política que permitan corregir la apreciación del tipo de cambio real. Si las autoridades fueran sensibles a lo planteado, se debería asistir a un aflojamiento de la política monetaria, concretamente una reducción de la tasa de política monetaria. Sin embargo, en ese caso, el gobierno arriesgaría a llegar a la negociación de la ronda salarial de junio con una mayor inflación de la que se registraría (todo lo demás constante) bajo un escenario de política monetaria marcadamente contractiva. Dado el compromiso de recuperación salarial, un relajamiento de ese tipo requeriría que el Poder Ejecutivo propusiera pautas salariales nominales más elevadas para la negociación de junio. En ese caso, sería difícil que las expectativas de inflación se alinearan a la meta oficial (de entre 3% y 6%).
En breve, en un contexto como el actual, es muy difícil que el Poder Ejecutivo pueda mejorar la competitividad, consolidar una tasa de inflación por debajo del 6% y lograr que en 2024 el salario real alcance el nivel de fines de 2019. Alguno de estos objetivos es probable que sea resignado. A mi juicio, la meta sobre la inflación será la variable sacrificada. Debido a ello, la inflación anual se ubicará a fin de año sobre el 7,5%.
-En este momento, parece ser que la variable sacrificada es la competitividad, ¿tiene espacio el gobierno para recomponerla más adelante?
-Como dije, en mi opinión la política económica terminará por incumplir la meta sobre la inflación en aras de procurar evitar un deterioro adicional de la competitividad y de mantener el compromiso sobre los salarios. A pesar de ello, no creo que durante 2023 se produzca una depreciación del peso como para revertir la apreciación registrada durante el último año. Tiendo a pensar que lo más probable es que los precios en dólares se mantengan estables durante 2023.
-En ese marco, ¿qué opinión tiene sobre la controversia reciente en torno a la eventual responsabilidad de la política monetaria en la apreciación del peso?
-Creo que es un debate mal enfocado. Si bien la política monetaria no es la responsable exclusiva de la apreciación del peso, no es posible afirmar que ella no ha tenido ningún efecto sobre el tipo de cambio. La política monetaria restrictiva que viene siendo desplegada por el Banco Central, evitó que el shock externo de precios y la recuperación vigorosa de la economía que tuvo lugar en la primera mitad de 2022, consolidara un nivel de inflación por encima del 10%. Desde esa perspectiva la política monetaria tuvo una contribución positiva. Al fin y al cabo, en una economía con tradición inflacionaria (indexada) se evitó que el IPC aumentara más, algo que podría haber tenido efectos más permanentes sobre la inflación.
Sin embargo, al hacerlo pagó un precio, un efecto colateral, que es la apreciación nominal del peso que contribuyó a que el tipo de cambio real se apreciara de manera significativa. Por supuesto, es necesario reconocer que la apreciación del peso también deriva del récord de exportaciones de bienes, del incremento de las exportaciones de servicios no tradicionales y del aumento de la inversión extranjera directa.
-Ya sobre el segundo semestre del año pasado, se frenó la creación de empleo, ¿qué cabe esperar para este año y el próximo teniendo en cuenta que no estará el efecto UPM 2 y que la prioridad del gobierno es la recuperación salarial?
-En promedio, en 2022 hubo 31.500 ocupados más que en 2021. Sin embargo, las personas empleadas en diciembre de 2022 eran algo menos de 7.000 de las que lo estaban en diciembre de 2021. Ello se explica porque la caída del empleo del primer semestre fue apenas compensada por la recuperación que ocurrió en la segunda parte del año. Si bien el dato de empleo de enero fue bueno, persisten dudas sobre el comportamiento de la demanda de trabajo en 2023. Sobre todo, a la luz de la desaceleración del crecimiento y del aumento del salario real previstos.
A su vez, en el mercado laboral existe mucha heterogeneidad de situaciones según la rama de actividad, localización geográfica y calificación de la mano de obra. El estancamiento de la industria manufacturera en la segunda mitad de 2022, las dificultades que enfrentan el comercio y ciertos servicios en zonas cercanas a la frontera (especialmente con Argentina) y los cambios que se han consolidado en el funcionamiento de mercados que emplean personas con bajo nivel de calificación (el servicio doméstico, por ejemplo), limitaron los efectos de la recuperación de la economía sobre las personas vulnerables. Debido a ello, la pobreza permanece estancada en 10% de la población a pesar del crecimiento vigoroso de la economía registrado en 2022.
En este contexto, es posible especular con que durante 2023 el empleo aumentará en turismo y esparcimiento, pero probablemente permanecerá estancado en el resto de la economía.
- ¿Qué evaluación hace de la gestión fiscal a la luz de los análisis y las perspectivas trazadas recientemente por el equipo económico?
-Las finanzas públicas en 2022 mostraron que, pese al deterioro registrado en el último trimestre, por segundo año calendario consecutivo el déficit fiscal se contrajo, alcanzando el nivel más bajo en cinco años.
Concretamente, el déficit efectivo del gobierno central-Banco de Previsión Social pasó de 4% del PIB en 2019 a 3,2% del PIB en 2022. Incluso, el resultado fiscal estructural (sobre el que está definida la regla fiscal) registró una reducción de 2 puntos porcentuales del PIB en los últimos tres años. Gracias a todo ello, la trayectoria de la deuda pública evitó volverse insostenible y el spread soberano de Uruguay es el menor de la región. Por tanto, puede afirmarse que el gobierno ha cumplido con el compromiso electoral de procesar un ajuste fiscal. Por eso, el desafío que las autoridades tienen por delante ahora es, precisamente, consolidar las mejoras realizadas. Sobre todo, porque en contraste con lo que ocurrió entre 2020 y 2022, en los próximos dos años el salario real aumentará, lo que presionará al alza a las remuneraciones y las pasividades.
A raíz de lo anterior, estoy de acuerdo con el Consejo Fiscal Asesor en cuanto a que el gobierno debe explicitar cuáles son los ajustes permanentes en las partidas del presupuesto nacional que abrirán el espacio para que las rebajas de impuestos anunciadas no impidan cumplir con lo que establece la regla fiscal.
A propósito de los anuncios de rebajas en el IRPF, el IASS, ¿cómo los evalúa?
-El anuncio cumple con el compromiso asumido por el presidente (Luis Lacalle Pou) el año pasado cuando sostuvo que si la economía crecía en 2022 por encima del 3,8% impulsaría una rebaja de impuestos. También es consistente con lo sostenido durante la campaña electoral de 2019 cuando se afirmaba que era necesario reducir el gasto público para poder rebajar impuestos. En ese sentido el anuncio es una buena noticia. Es positivo que los gobernantes cumplan sus compromisos puesto que fortalece su credibilidad.
Sin embargo, no comparto la iniciativa porque creo que es inoportuna, inconveniente y desaconsejable. Es inoportuna porque, como señalé, en 2023 es clave consolidar los logros fiscales alcanzados en un escenario económico menos amistoso. Además, la rebaja de impuestos es una afectación permanente del resultado fiscal que debería compensarse con ahorros si se quiere evitar una afectación del resultado fiscal estructural. ¿Cuáles son esos ahorros? Al menos por ahora, ignoro la respuesta a esa pregunta.
Entiendo que es inconveniente porque la economía estará creciendo en los próximos dos años a su ritmo potencial. Si bien es cierto que la renuncia fiscal asociada a la rebaja impositiva no es material para las finanzas públicas (0,2% del PIB de acuerdo a lo anunciado por el presidente el 2 de marzo), el estímulo a la demanda agregada implícito en la medida es inconsistente con el sesgo contractivo de la política monetaria que está vigente.
También creo que es desaconsejable porque terminará consolidando una composición del gasto que no es suficiente para atender temas estructurales y urgentes que están pendientes. Por ejemplo, la reforma educativa y el gasto en infancia y adolescencia al cual el país destina menos de 1,5 del PIB según estima Unicef.
-Entonces, ¿eso significa que es contrario a rebajar impuestos?
No, por supuesto que no. Mi discrepancia es con llevar adelante esta iniciativa concreta en este momento. Y esa discrepancia deriva de que la medida arriesga, por un lado, a erosionar las mejoras fiscales logradas, así como a alentar cierta inconsistencia en la gestión macroeconómica. Por el otro, porque los recursos fiscales resignados por la rebaja de impuestos podrían ser usados para financiar medidas para proteger a la población vulnerable. En breve, no me opongo a las rebajas de impuestos de forma general. Discrepo con la oportunidad y la forma en la que se impulsará esta rebaja de impuestos.