"Aunque se inclinaba por observar al titular de la ANP, presidenta del TCR desistió tras la insistencia de ministros oficialistas
En su resolución del 30 de marzo, el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) no observó el contrato firmado entre el gobierno y Terminal Cuenca del Plata mediante el cual se extendió por 50 años la concesión de la terminal de contenedores a la compañía, que tiene como principal accionista a la belga Katoen Natie.
Sin embargo, en los “considerandos” de la resolución, cuestionó el accionar del presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo, respecto al asesoramiento preceptivo que este servicio descentralizado debía realizar al Poder Ejecutivo.
En el numeral 30 del dictamen, el TCR consideró que los asesoramientos sobre la extensión de la concesión “existieron y fueron previos al dictado del acto administrativo que dispuso la prórroga”. No obstante, fueron realizados por Curbelo, cuando debieron tramitarse a través del directorio de la ANP.
El tribunal también señaló que lo mismo ocurrió con el nuevo reglamento de atraque de buques aprobado por el Ejecutivo: “Básicamente el asesoramiento existió, no obstante no se manifestó a través de la voluntad orgánica de la ANP. Asimismo, en el caso, dicho asesoramiento fue posterior a la adopción de la decisión administrativa”, por lo que “materialmente no puede constituir un asesoramiento”.
Eso, sostuvo el tribunal, resulta “objetable en aplicación del principio de materialidad” y lo dispuesto en la ley. En la resolución, el TCR sostuvo que es necesario tener “presente” este aspecto, sin más expresiones al respecto.
El tema fue uno de los puntos candentes de la sesión del tribunal ese día, al punto que la presidenta del organismo, la neutral Susana Díaz, era partidaria de observar la omisión de la ANP, según consta en una grabación de la reunión a la que accedió Búsqueda.
En la sesión estaba en discusión qué proyecto de resolución apoyar entre los dos que estaban sobre la mesa. Uno de ellos, firmado por los abogados de la División Jurídica Lourdes Pérez Noya y Juan Pablo Hernández Salgado, detectaba nueve observaciones al acuerdo y recomendaba observar al Poder Ejecutivo. El otro, fechado 19 días después por la también integrante de la División Jurídica Irene Bucero, no formulaba observaciones al contrato pero sí al asesoramiento de la ANP al Ejecutivo.
Los tres ministros del TCR designados por el oficialismo eran, en líneas generales, favorables al proyecto de Bucero, mientras que los designados por el Frente Amplio eran partidarios de observar el acuerdo, en línea con el informe de Pérez y Hernández Salgado. “Acá seis ministros establecieron claramente su exposición, sin margen a duda, y con todo respeto, me parece que usted no fijó una posición clara”, le dijo el ministro Miguel Aumento (Frente Amplio) a la presidenta, dejándole en claro que su voto era clave para definir la instancia.
Más adelante, Díaz sintetizó que ella no quería objetar el procedimiento del contrato pero sí consideraba que el asesoramiento de la ANP debía ser observado. “A mí me gustaría observar. Porque lo hizo mal. Ya lo hizo. No tiene forma de arreglarlo en el futuro”, sostuvo.
"Uno de los ministros oficialistas, Darwin Machado, respondió que no era un tema sobre el cual debía expresarse el tribunal y que la observación entraría en contradicción con otra parte de la resolución que se estaba votando, con base en el informe de Bucero. “La observación estaría repercutiendo en el (inciso) uno, porque decimos que no formulamos ninguna observación a la modificación contractual, y en el proceso de la modificación está esta actuación de la ANP, entonces lo único que podemos hacer es lo que está consignado acá (en el dictamen de Bucero), que téngase en cuenta para el futuro que la ANP debe expresarse a través del directorio, efectuar un señalamiento”. Ante la sugerencia de Machado, Díaz respondió: “Para efectuar un señalamiento, yo lo sacaría, porque esto que hizo, lo hizo, y cuando se hace una cosa mal, es observable”. Entonces Machado le tomó la palabra y propuso eliminar el señalamiento, pero “no efectuar una observación”. Luego, los ministros oficialistas insistieron en que se hiciera “un señalamiento o nada” y la observación terminó por quitarse.
"El acuerdo entre el gobierno y TCP fue impugnado ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Compentencia del Ministerio de Economía por la empresa competidora Montecon y motivó una denuncia penal de legisladores de la oposición que está bajo investigación de la Fiscalía.
“Entrevero” y “poda”
En varias partes de la sesión la presidenta expresó que ambas propuestas de resolución abarcaban temas que no eran materia de tratamiento por parte del TCR. “Hay una cantidad de puntos que en realidad no tienen que ver con el fondo del asunto, distraen, complican, y la gente que los lee tiene problemas y puede interpretar otras cosas”, dijo la presidenta, que luego admitió: “De todo lo que leí tengo un entrevero, relativo entrevero en cuanto a lo que me parece que tendría que ir y lo que tendría que no ir”.
Minutos más tarde, Díaz insistió en la necesidad de un proyecto de resolución que contemple “algunas de las cosas que se han dicho”. Además, argumentó que los temas referidos a las potenciales pérdidas o ganancias económicas de TCP, de Montecon o del país no deberían ser incluidos. “Las redacciones de las resoluciones entiendo que están fuera de lo que hay que hacer y me gustaría que fueran más concretas”, sostuvo, argumentando que se iban del “fondo de la situación”, ya que lo importante era expresarse sobre la legalidad del procedimiento. Seguidamente, el ministro nacionalista Francisco Gallinal retomó sus palabras y sostuvo que estaba totalmente de acuerdo en realizar una “poda”.
Entre los ministros frenteamplistas y sus equipos ya existía malestar con el accionar de Díaz porque consideraban que no estaba actuando como un actor neutral, sino con una tendencia afín al oficialismo. Y según dijeron a Búsqueda fuentes del Frente Amplio, la actuación de la presidenta en este caso generó un gran malestar en la oposición, que se apresta a negociar con el oficialismo la renovación de los cargos en los organismos de contralor, entre ellos el TCR, y también la continuidad de Díaz, algo que hasta ahora no había estado en discusión.
Amplían pruebas en Fiscalía
Ayer miércoles uno de los ministros designados por el Frente Amplio en el TCR, Enrique Cabrera, presentó en la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos la grabación de la sesión y los argumentos que expresó en minoría en la resolución del tribunal. Cuestionó, por ejemplo, que la ANP no incorporó en los antecedentes un dictamen del gerente de su Departamento Jurídico Notarial, Edgardo Amoza, de 2019, que sostenía que no podía afirmarse que TCP tenía “derechos exclusivos o preferentes frente a los demás operadores portuarios”.
También ayer miércoles, TCP publicó en su página web la documentación y pruebas presentadas en su comparecencia ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para argumentar contra la impugnación que Montecon realizara a los decretos 114 y 115, las normas con las que el Poder Ejecutivo realizó el acuerdo entre la multinacional belga y el Estado uruguayo.
En un comunicado, TCP señaló que hasta ahora mantuvo un “respetuoso silencio en medio del torbellino de acusaciones, infundios y ofuscaciones” a que diera lugar el convenio que extiende la concesión de la terminal especializada hasta el 2081 y con el que “se puso fin” a un potencial diferendo internacional. A su vez, aseguró que “este tramo de indefensión y escarnios ha llegado a su fin” y que será “la Justicia la que determine la veracidad” de sus alegatos.