AJUSTE DE ENERO
El gobierno se dispone a mantener las tarifas del combustible
Informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) determinó baja, pero no logra compensar rezago con el Precio de Paridad de Importación (PPI).por cuarto mes consecutivo el gobierno se encamina a mantener congeladas las tarifas de los combustibles en enero, según pudo saber El País en base a fuentes del gobierno.
Esto, pese a que la regla de fijación de los precios de los combustibles -establecida en la Ley de Urgente Consideración (LUC)- le marca una baja mensual de 4% en la nafta Súper 95, de 3,97% en la nafta Premium 97 y una reducción de 6,44% en las tarifas del gasoil 10-S, según el informe de referencia publicado ayer por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea).
Sin embargo, aunque este mes el Precio de Paridad de Importación (PPI) -que busca acompañar la tendencia del precio del petróleo a nivel internacional- determinó una reducción de la nafta y el gasoil, esa baja no alcanzaría para corregir el desequilibrio en el régimen de fijación de precios que se arrastra desde hace tres meses, cuando el Poder Ejecutivo decidió no aumentar las tarifas, pese a que el informe de Ursea determinaba subas.
Es decir que debido a que en octubre, noviembre y diciembre el gobierno decidió congelar las tarifas y no trasladar la evolución al alza del PPI a los precios al público -por ganancias extraordinarias de Ancap-, la rebaja de este mes marcada por Ursea no alcanzaría para compensar el rezago actual y trasladar la reducción de los precios internacionales al consumidor.
Además de la referencia de Ursea, se debe tener en cuenta que a las cifras que arroja el cálculo de PPI se le deben sumar los costos de distribución, márgenes de las estaciones de servicio y el denominado “factor X” (sobrecostos de Ancap) que actualmente es de $ 2,97 por litro. Si se quisieran acompasar las tarifas a la evolución del PPI, los precios de los combustibles deberían subir en enero pese a la baja puntual que marca Ursea este mes.
La medida de los últimos tres meses había sido adoptada por el gobierno dadas las ganancias singulares que ha recibido Ancap por la venta de energía eléctrica (en base a combustibles) de UTE a Brasil, negocio que en el acumulado a setiembre implicó ingresos por US$ 49 millones.
La decisión final la tomará el Poder Ejecutivo, que además de estudiar el informe que le envía Ancap, este mes deberá también considerar otra variable: el ajuste del Impuesto Específico Interno (Imesi) a los combustibles, que se realiza todos los años en enero y que generalmente ajusta al mismo nivel que la inflación. Puede ocurrir que el ajuste del Imesi sea absorbido por Ancap -como en los últimos años- lo que llevaría a que el ente reciba menos ingresos por litro. Aunque la venta de combustibles por debajo del PPI significa para Ancap un impacto mensual de entre US$ 10 y US$ 15 millones, la situación actual del ente es buena dado que acumuló beneficios netos por US$ 98 millones a setiembre y se estima que cerrará el año con números positivos.
Esta mañana, el Consejo de Ministros citado por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, analizará todos esos insumos y tomará una definición. Según comentaron fuentes oficiales a El País ayer a la tarde, en el análisis preliminar el gobierno se encamina a mantener nuevamente el precio de los combustibles, decisión política que no escapa a la coyuntura de campaña electoral de cara al referéndum por la LUC del próximo 27 de marzo.
En el terreno político, los dirigentes blancos se preparan para defender la LUC. Los estudios de opinión pública que encargaron le mostraron que el centro de la polémica estará justamente en los artículos que establecen el nuevo sistema de fijación de precios de los combustibles.
Para eso, los blancos armaron un manual con lineamientos políticos para defender el nuevo sistema ante la ciudadanía. “La LUC genera un sistema más justo y termina con las situaciones discrecionales. Los consumidores pagarán las tarifas en función de los costos reales. No habrá ajustes fiscales encubiertos a través de las tarifas y por tanto los uruguayos dejaremos de pagar sobrecostos”, dice el texto del librillo.
El documento plantea que en los anteriores gobiernos del Frente Amplio “los precios de los combustibles siempre fueron fijados de forma discrecional y con criterios más cercanos a lo fiscal-recaudatorio que a la evolución real de los costos de producción”. A su vez, argumenta que “se subían tarifas en momentos en los que los precios internacionales del petróleo tenían tendencia bajista o estable”.
Por eso el mandato de los blancos para salir a defender la LUC, sobre este tema, es claro: “Cuando el precio internacional del petróleo suba, subirán los combustibles; cuando el precio del petróleo baje, bajarán los combustibles”.
Decretan aumento salarial de 7% para públicos y gremio pide más
Los representantes de los trabajadores del sector público, excepto los de las empresas comerciales del Estado, y el Poder Ejecutivo se reunieron ayer en el Consejo Superior del Sector Público para definir el nuevo ajuste salarial que regirá a partir del 1 de enero de 2022.
Allí se resolvió que el aumento será de 5,8% por concepto de inflación proyectada -tal como se estableció en la Ley de Presupuesto Quinquenal- más un 1,2% correspondiente a un correctivo por recuperación salarial. Esto da un ajuste de salarios de 7% para el sector.
De todos modos el aumento resuelto no fue satisfactorio para los representantes de los sindicatos de funcionarios públicos, ya que estiman que se volverá a perder poder de compra, ya que el ajuste será por debajo de la inflación efectiva del año entrante.
Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) de noviembre la inflación de los primeros once meses de 2011 acumula un crecimiento de 8,07%. Por su parte, los analistas y entidades que respondieron la encuesta de Latin Focus de este mes estimaron que la suba de precios del año entrante será de 6,8%, un punto porcentual por debajo de la prevista por el gobierno.
El secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), Jose Lorenzo López, dijo a El País que esperaban que las autoridades del gobierno “cumpliesen con la palabra de campaña”.
“Ellos dijeron que no iba a haber pérdida del salario en este período. Por ahora eso no se viene dando.”, dijo el dirigente sindical.
Los gremios acordaron con los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) convocar a las mesas de negociación de la rama pública en el mes de abril para analizar la situación y determinar cuál fue la pérdida del salario real por sector. Allí se pretende establecer un plan de recuperación a cumplir antes del final del período de gobierno, según el compromiso político que asumió el Poder Ejecutivo.
“La suma de la pérdida de salario real en los públicos y en el sector privado impacta directamente en el índice medio de salarios que es por donde se ajustan las pasividades y jubilaciones. Por lo tanto va a haber caída en las jubilaciones y pensiones (en cuanto a su poder de compra real). Si hay menos ingreso y menos poder de compra, se va a ver resentido el mercado interno. Si tenés menos plata en la calle se afecta la carnicería, la zapatería, el quiosco, el almacén…”, declaró el secretario general de COFE.
De todos modos el dirigente sindical dijo que habrá un compás de espera por parte de los sindicatos hasta abril cuando se vuelven a reunir y analizar nuevamente la situación.