Montecon denunció un “pacto colusorio” entre el Estado y Katoen Natie; defensa de la competencia desestimó “medidas cautelares”
A mediados de este mes el Tribunal de Cuentas recibió para examinar el contrato que el Poder Ejecutivo celebró con Katoen Natie que extendió hasta el 2081 la concesión de la Terminal Cuenca del Plata (TCP), cuyo accionista mayoritario es esa multinacional belga (80%). Pocos días después, el lunes 20, el órgano de contralor recibió en un pendrive más de 2.000 folios con las acciones que Montecon ha venido interponiendo en contra de ese acuerdo.
La documentación en poder del Tribunal de Cuentas, a la que accedió Búsqueda, consta de los recursos adminisatrativos presentados en mayo por Montecon para impugnar los decretos 114 y 115, a través de los cuales el Poder Ejecutivo instrumentó el convenio con Katoen Natie. También incluye una copia de la denuncia que Montecon realizó ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia hace pocas semanas, y de la resolución de esa institución de investigar el caso, tras declararlo “pertinente” el viernes 17 en base a un informe jurídico propio.
Montecon pidió ante esa comisión —un órgano desconcentrado del Ministerio de Economía— el “cese de la ejecución del acuerdo” y aplicar la “máxima sanción pecuniaria” a todos los denunciados: el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Transporte (MTOP), la Administración Nacional de Puertos (ANP), las compañías del grupo Katoen Natie y, entre ellas, TCP. Los denuncia por cometer “diversas prácticas anticompetitivas” y solicita el “cese preventivo” de las mismas, así como la adopción de “medidas cautelares”.
Sin embargo, la comisión resolvió no hacer lugar a esas peticiones “por el momento y sin perjuicio”. Es que el informe jurídico Nº 238/2021, en el que basó tal decisión, señala que no se puede “advertir de inmediato la existencia de las prácticas anticompetitivas denunciadas aún, menos de daños graves”.
A su vez, el órgano de defensa de la competencia dispuso la reserva de sus actuaciones hasta que dicte la “resolución final” a fin de “asegurar el resultado de la investigación”, indica la resolución Nº 220/021.
A la abundante documentación en poder del Tribunal, que da cuenta de las respectivas carátulas, antecedentes y alegatos jurídicos en los registros electrónicos de la Presidencia de la República, el MTOP y la ANP, se sumará más información en torno al caso en la Justicia, tras la denuncia penal presentada el miércoles 29 por la bancada de senadores del Frente Amplio ante la Fiscalía.
Mientras corren plazos perentorios de estos procesos administrativos y jurídicos, las controversias que genera el acuerdo entre las compañías y los trabajadores tuvieron consecuencias prácticas en la operación de contenedores en el puerto de Montevideo. Esta semana, el sindicato de TCP resolvió parar por 72 horas, medida a la que adhirieron los trabajadores de Montecon. El rechazo al contrato celebrado con Katoen Natie fue una de las razones de la paralización, que se enmarca a su vez en la falta de avances en el ámbito instalado semanas atrás por el Ministerio de Trabajo buscando garantizar que no haya pérdidas de fuentes ni condiciones laborales. También está en discusión un nuevo convenio colectivo, una negociación que ya lleva seis meses.
En un comunicado, TCP —en la que la ANP es accionista con el 20%—lamentó que el sindicato haya rechazado su propuesta y advirtió que el paro “atenta contra el comercio exterior”.
“Monopolio de facto”
En la denuncia Montecon afirma que el contrato firmado el 25 de febrero entre el Estado y Katoen Natie —que entre otras cosas da prioridad del atraque de buques a TCP— “se compone de actos y conductas anticompetitivas, cuyo objeto y finalidad ha sido la de excluir competidores del mercado, eliminar la libre competencia y en definitiva explotar en exclusividad el mercado de carga y descarga de contenedores en el Puerto de Montevideo, sin libertad de elección para usuarios y consumidores”.
Asegura que el convenio tiene “por efecto la conformación de un monopolio de facto” y “constituye una especie de pacto colusorio o práctica concertada” dirigida a favorecer a TCP y afectar o excluir directamente a Montecon. Añade que el acuerdo persigue el fin de “restringir, limitar, obstaculizar, distorsionar o impedir la competencia actual o futura”, lo que a su entender lo hace “írrito, nulo y sin ningún valor por su objeto y causa ilícitos”.
Las prácticas denunciadas por Montecon presuntamente violan la ley de defensa de la competencia (Nº 18.159), varios artículos de la Ley de Puertos (Nº 16.246), son contrarias al artículo 20 literal d) de la ley Nº 17.243 (que autorizó a la ANP a asociarse con privados para administrar y explotar una terminal especializada de contenedores), decretos reglamentarios y varios artículos de la Constitución (7, 10, 36, 72 y 332).
Según la compañía, los términos del acuerdo y los decretos 114 y 115 que lo ejecutan “ya están restringiendo la competencia de Montecon” al impedirle realizar negocios que garanticen a sus clientes la provisión de los servicios en corto plazo.
Señala, asimismo, que el pacto atenta “contra la libertad de trabajo y la libre empresa”.
“Pacto colusorio”
En el capítulo quinto de la denuncia Montecon alega que las actas de negociaciones que forman parte del anexo VII del convenio celebrado por el Poder Ejecutivo con la empresa belga “contienen disposiciones inadmisibles” en el sistema jurídico uruguayo y “desnudan la real voluntad de los pactantes”. Entre ellas, menciona que la administración se obligó a derivar toda la carga de contenedores a TCP y se obliga a “no autorizar instalación de grúas pórtico y/o equipamiento especializado en contenedores fuera de las áreas y muelles especializados”, así como a “no otorgar nuevas concesiones ni permisos ni autorizaciones para la instalación y explotación” de otra terminal especializada de contenedores durante la vigencia de la concesión, salvo que por dos años consecutivos TCP se encuentre “colapsada”. Por ello, afirma que “el cercenamiento de los poderes de la administración y de las facultades que le otorga la ley para el cumplimiento de sus cometidos, fue advertido y consensuado por los pactantes (…)” y constituyen una “especie de pacto colusorio”.
Apunta que en el acta Nº 2 anexa al convenio, “luego de aceptarse que la actividad portuaria debe regirse por el principio de libre competencia, se pacta sin embargo entre el Estado y las compañías de Katoen Natie” un esquema monopólico.
Para Montecon, el acuerdo “libera tarifas a la importación y a los armadores navieros, no supone un compromiso en firme frente a los exportadores y habilita al cobro de conceptos tarifarios hoy inexistentes, cercenándose a la administración toda facultad de control sobre estos aspectos esenciales”. Y en seguida agrega que por el pacto se crea un “monopolio desregulado contra toda regla económica básica”.
En su acuerdo con el Estado Katoen Natie se compromete a invertir US$ 450 millones en la ampliación de la terminal.Servicios jurídicos sin intervención