Sigue el debate sobre limitaciones a la forestación y nuevas regulaciones.
MGAP prevé que forestación tendrá “exigencia mayor”, ya que autorización ambiental incluirá a predios a partir de 30 hectáreas
Pasaron siete gobiernos de tres partidos políticos distintos y ahora una octava administración, y la ley forestal N.º 15.939, de 1987, mantuvo sus objetivos de la promoción del sector forestal productivo y la conservación del bosque nativo.
Ese fue uno de los principales argumentos que planteó la actual administración del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) para defender su posición contraria al proyecto de ley que limita la forestación en los suelos de uso agropecuario, que impulsó Cabildo Abierto (CA) en 2020.
En esa línea, expusieron diversos aspectos políticos, administrativos y técnicos las jerarquías de esa secretaría de Estado, al comparecer a la comisión de Ganadería del Senado el jueves 11. El titular de Evaluación e Información de la Dirección Forestal, Leonardo Boragno, consideró que “hay un primer mito al que, con frecuencia, se hace mención y que dice que es una ley estática”. “Es todo lo contrario, pensamos que es una ley en continua transformación”, dijo.
Repasó que hubo “más de 27 decretos reglamentarios y leyes asociadas que han ido modificando y acompañando el desarrollo del sector”.
Las modificaciones comprenden definiciones de suelos de prioridad forestal, beneficios tributarios, reglamentación de trabajo, control de incendios y otras relacionadas con el bosque nativo.
Boragno, que es agrónomo, aludió a una serie de argumentos de carácter político y de clima de negocios favorables para la forestación.
Destacó algunas “fortalezas” de Uruguay como “la solidez institucional y el marco político-jurídico estable propicio para las inversiones”.
“Esto ha permitido el desarrollo y el alcance que ha tenido y, en comparación con otros países vecinos que no tienen el mismo marco”, dijo.
Consideró que otra “ventaja comparativa” del país que benefició al sector forestal es la “ubicación geográfica, el alto nivel cultural de la gente, el alto nivel técnico en conocimiento y experiencias en disciplinas intervinientes, tanto en la ingeniería agronómica y forestal, en la ingeniería civil y en la informática, biología y tecnicaturas aplicadas” a los empleos.
“Más del 95% de las plantaciones forestales cuentan con certificación internacional”, lo que “garantiza la gestión forestal sostenible y la cadena de custodia de los productos provenientes de los bosques, lo que representa una garantía de trazabilidad y sostenibilidad de los procesos respectivos”, argumentó.
Otro “mito”, según ese técnico, es “decir que se puede plantar en cualquier lado”. “Acá traemos dos marcos normativos que nos acompañan desde hace unos años”, señaló y se refirió al relacionado con la regulación ambiental del Ministerio de Ambiente (MA).
Boragno citó la ley N° 16.466 de evaluación del impacto ambiental que establece una autorización previa a partir de 100 hectáreas, antes de proceder a la plantación. Para eso se determinaron criterios vinculados con la aptitud natural de los suelos, los ecosistemas naturales presentes y la cobertura forestal en la cuenca y su incidencia en el patrón de escurrimiento, indicó.
En la comisión parlamentaria, el ministro de Ganadería, Fernando Mattos, anunció en ese sentido que el MA propuso exigir ese requisito a los predios de 30 hectáreas y más extensión.
Con eso “la forestación va a tener una exigencia mayor, lo que es suficientemente limitante”, interpretó.
Y comparó esa medida con la obligatoriedad de presentar planes de uso y manejo de suelos en la agricultura intensiva a predios de 50 hectáreas y más superficie, según una resolución del MGAP de 2018. Eso determinó un cambio con lo que ocurrió en los primeros años de vigencia de esa política, creada en 2013, cuando abarcó a los predios de 100 hectáreas y mayor superficie.
Restricciones departamentales
Otro de los datos divulgados por técnicos de la Dirección Forestal refiere a los departamentos que tienen algunas limitantes para los suelos que no son de prioridad forestal, mediante la aplicación de directrices departamentales. Colonia, Salto, Flores, Florida, San José, Cerro Largo, Río Negro y Treinta y Tres figuran entre los considerados. A modo de ejemplo, Boragno comentó que “Colonia establece que no está permitido forestar si la superficie forestal supera las 100 hectáreas y afecta a más del 8 % de los suelos de la unidad productiva”.
Florida dispuso que “no se aprobará la forestación de áreas con suelos Coneat mayor a 114, que superen más del 10% del área efectiva a forestar”, dijo.
Recordó que el senador nacionalista Sergio Botana, hizo mención a Cerro Largo, debido a su representación como productor de ese departamento, y dijo que “también existían otras limitantes como, por ejemplo, la del distanciamiento a los suelos urbanos, donde se establecen 2.000 metros”.
“En Flores hay una reglamentación parecida de 500 metros”, afirmó.
Y consideró que “Cerro Largo innova en ese tipo de limitaciones, prohibiendo la forestación y reforestación en la zona de las nacientes de los principales cursos de agua”.
Los técnicos precisaron que actualmente hay 4.210.000 hectáreas de suelo de prioridad, lo que representa el 24% del territorio, y que la superficie forestal registrada hasta 2018 era de 1.034.712 hectáreas, lo que representaba un 5,91%.
Tras adelantar que el MGAP está terminando la cartografía de suelos 2021, los técnicos indicaron que en el período entre 2018 y 2021 se forestaron 44.258 hectáreas, lo que totaliza 1.078.970 hectáreas, que es 6,16% del territorio. Considerando esas 44.000 hectáreas de los últimos tres años, Borgano señaló que “el incremento anual, en promedio en áreas destinadas a la forestación, es de 15.000 hectáreas efectivas anuales”.
Estas “no son plantaciones netas, sino áreas nuevas destinadas al uso forestal”, aclaró. Apoyándose en gráficas mostradas a los legisladores, el técnico resaltó que hubo un aumento “acelerado” de las plantaciones hasta 2000, alcanzando casi las 57.000 hectáreas en 1999 y el siguiente año, y luego “cuando empieza la reforestación de los montes, comienza a bajar” y “por la crisis económica, hay un descenso importante”.
En 2007 con la apertura de la primera planta de celulosa de la empresa finlandesa UPM (Botnia, por ese entonces) empezó “otra vez un crecimiento en las áreas nuevas y más adelante, entre 2011 y 2012, cerca de la apertura de Montes del Plata, también hay un incremento”, recordó.
Hoy ese indicador, dijo, está en “una meseta de cerca de 15.000 hectáreas efectivas por año”.
Al cotejar la distribución territorial de las 44.000 hectáreas plantadas en los años recientes y la vigencia de limitaciones departamentales, el jerarca de la Dirección Forestal comentó que “los dos departamentos que tienen más (área forestada), por la cercanía a la planta (nueva en construcción de UPM), son Durazno y Tacuarembó, con 14.000 hectáreas y 9.706 hectáreas en estos tres años”, respectivamente.
Respecto a la cobertura forestal por departamentos, Boragno detalló que “hay cuatro departamentos que tienen una superficie forestada por encima de las 100.000 hectáreas: Paysandú que tiene un 9% de cobertura, Río Negro que tiene un 14%, Rivera con 15% y Tacuarembó con 8%.
El total de plantaciones forestales baja de 1.034.712 a 937.000 hectáreas, porque “se excluyen todas aquellas áreas relacionadas a bosques de abrigo y sombra, a bosques costeros y parques que no son bosques comerciales”, explicó el técnico. Eso dijo al aludir a otro dato divulgado en la comisión y antes de analizar si el área plantada sólo se realizó en suelos de prioridad forestal o por fuera.
“Cuando se pone la capa de suelos de prioridad forestal, que se superpone a la de las plantaciones comerciales, nos da que cerca de 700.000 hectáreas están en suelos de prioridad forestal”, precisó.
Respecto a la porción de suelos de prioridad forestal en relación a las plantaciones comerciales, el técnico indicó que “un 75% de plantaciones está en suelos de prioridad forestal”, por lo que “un 25% está en suelos de no prioridad”.
“Ese 25% representa el 1,5% del territorio” total, acotó. Ese 1,5% representaba 237.611 hectáreas en 2018.
“Antes de que existiera la ley forestal, había aproximadamente 80.000 hectáreas plantadas, que podían estar o no en suelos de prioridad forestal”, que comprenden “suelos de la caja bancaria, la caja notarial, a Fanapel, a Finsa y otros emprendimientos que ya existían antes de la ley forestal”, advirtió.
Otro aspecto que destacó son las modificaciones de suelos de prioridad, principalmente un decreto de 2006, que “sacó suelos en el área de Paysandú y Río Negro”. Esa extensión abarcó “48.512 hectáreas que dejan de ser suelos de prioridad, pero que ya estaban plantadas”, dijo.