RENDICIÓN DE CUENTAS
El artículo de la Rendición de Cuentas que sorprendió a los intendentes y que abre un nuevo frente con el gobierno
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo posterga un año la actualización de las alícuotas y del Fondo de Asimetrías; gobierno no avisó y hay malestar entre intendentes.Cada vez que un gobierno envía al Parlamento un proyecto de Presupuesto o Rendición de Cuentas aparecen algunos pasajes que generan sorpresa. Y para el Congreso de Intendentes ya van dos en el texto de poco más de 300 artículos que ingresó el 30 de junio y se discute en comisión de Diputados.
A los cambios sobre la responsabilidad de los gobiernos departamentales en la aparición de nuevos asentamientos se le suma una postergación de fondos que, según señalan fuentes del Congreso de Intendentes, afecta sus presupuestos.
El artículo 251 de la Rendición de Cuentas establece que la actualización de las alícuotas que el gobierno les transfiere a las intendencias por mandato constitucional quedará postergada para 2023 y, al mismo tiempo, posterga también la creación del Fondo de Asimetrías que buscaba contemplar algunos desfases que iba a generar esa actualización.
“No nos cae nada en gracia. Ni siquiera se nos ha consultado y eso que somos del mismo partido del gobierno. Nos llamó la atención”, dijo a El Observador el intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, y adelantó que iban a trasladarle esta inquietud al Poder Ejecutivo.
Algunos intendentes blancos se reunieron de forma virtual este lunes por la tarde para intercambiar sobre varios temas y el artículo 251 de la Rendición de Cuentas estuvo en la conversación. Varios de los jerarcas nacionalistas ni siquiera estaban al tanto de que el proyecto del gobierno tenía este pasaje. “Estamos preocupados”, resumió el intendente de Soriano.
Pero este artículo no solo generó cierto malestar entre blancos. “Esto no era lo acordado. Es una sorpresa”, dijo el senador colorado y exintendente de Rivera, Tabaré Viera. El partido todavía no analizó el tema en profundidad pero fuentes del Congreso de Intendentes afirmaron que esta decisión inconsulta del gobierno generó el rechazo en algunos gobiernos departamentales, entre ellos el de Rivera, liderado por el colorado Richard Sander.
El 3,33% de lo recaudado por el gobierno nacional debe ir destinado, tal como establece la Constitución, a los gobiernos departamentales. Lo que recibe cada departamento de ese dinero está definido a partir de criterios de población, territorio y otras variables. La última vez que se modificó el porcentaje que recibe cada departamento fue en 1999 y el gobierno y el Congreso de Intendentes se habían propuesto actualizarlas en 2021 para que entraran en vigencia a partir del próximo año.
El mismo artículo del Presupuesto que creaba una comisión para actualizar las alícuotas también creó el Fondo de Asimetrías, con $ 250 millones, para “compensar la eventual disminución de los recursos transferidos a los gobiernos departamentales por la aplicación de nuevos porcentajes” de las alícuotas, según dice el artículo 662 de la ley.
Es decir, la actualización de los porcentajes beneficiará a algunos gobiernos departamentales, porque recibirán más recursos, y perjudicará a otros. La ley crea el Fondo de Asimetrías, como un fideicomiso, para compensar a aquellos que pierdan plata con este cambio.
“Resulta necesario prorrogar la entrada en vigencia de las nuevas alícuotas, así como de la partida presupuestal asignada para el financiamiento del Fondo de Asimetrías que se crea”, dice la justificación del gobierno entregada a los diputados para este artículo de la Rendición de Cuentas.
Para actualizar las alícuotas es necesario que las intendencias acuerden los nuevos porcentajes de distribución y, según entienden en el gobierno, ese acuerdo sea respaldado por el Parlamento. Esas negociaciones todavía no están cerradas y el gobierno solo puede realizar este tipo de postergación a través de una ley de Rendición de Cuentas. Por eso, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) decidió postergarlo un año más, según dijeron fuentes políticas.
Sin embargo, los jerarcas municipales entienden que se está trabajando en este tema y que todavía queda mucho margen para acordar.
El Congreso de Intendentes ya estuvo intercambiando sobre este tema y la bancada del Partido Nacional creó un equipo de trabajo para analizar el impacto de la Rendición de Cuentas en las intendencias, según dijo a El Observador el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera.
El jerarca todavía no tenía estudiado el artículo 251 de la Rendición de Cuentas pero aseguró que era un pasaje que el congreso estaba mirando en detalle.
"Una puerta macabra"
Ese equipo de la bancada del Partido Nacional de intendentes también va a analizar el artículo 207 del proyecto a estudio del Parlamento que faculta al gobierno nacional a "resarcirse de los costos" de desalojos y realojos de asentamientos irregulares al constatar la "omisión de acciones o el no ejercicio del cometido de policía edilicia" de parte de las intendencias.
Es decir, si aparece un nuevo asentamiento y el gobierno detecta una omisión en la labor del gobierno departamental en evitar ese nuevo cantegril, el Poder Ejecutivo podrá cobrarles a los gobiernos (de las partidas que les transfiere por mandato constitucional) los recursos que cueste la relocalización de ese asentamiento.
“Abrís una puerta macabra”, dijo el intendente Olivera y agregó que “no corresponde” porque la norma se mete con recursos de origen constitucional.
“Si cada vez que el Estado comete una omisión se lo termina cobrando a otro organismo público, es un especie de Gran Hermano”, aseguró.
Otros intendentes, como el blanco Carmelo Vidalín (Durazno) o el frenteamplista Andrés Lima (Salto), también se pronunciaron en contra de esta medida anunciada por el gobierno.