La lista de irregularidades que Katoen Natie tenía en carpeta para hacerle juicio al Estado por US$ 1.786 millones
En el camino previo a la conciliación con el gobierno, la firma belga esbozó varias situaciones ocurridas en los últimos 12 años dentro del puerto de Montevideo, que considera se apartaron de la normativa vigente.A comienzo de marzo, el gobierno anunció oficialmente que la empresa belga Katoen Natie invertirá US$ 455 millones en la expansión de la terminal especializada de contenedores (Terminal Cuenca del Plata –TCP-), en el puerto de Montevideo.
La Administración Nacional de Puertos (ANP) es socio minoritario en TCP con una participación del 20%.
A cambio, el Estado uruguayo extenderá la concesión -que caduca en 2031- por 50 años (hasta el 2081). También quedó sin efecto el juicio millonario contra Uruguay por US$ 1.786 millones -se había comenzado a manejar en 2016- anunciado oficialmente en 2019, por entender que se le había perjudicado a favor de a la empresa Montecon, el principal operador de contenedores en los muelles públicos de la ANP.
¿Por qué el gobierno no se arriesgó a enfrentar ese juicio millonario? En todo el proceso previo a la conciliación, la empresa belga manejó en los ámbitos oficiales una extensa y detallada lista de irregularidades, todas ellas basadas en lo que se entiende fue “un apartamiento normativo” por parte de la administración portuaria a lo largo de la última década.
Entre los puntos que fueron manejados, se sostuvo que para otorgar concesiones, permisos o autorizaciones para servicios portuarios u utilización de espacios abiertos o cerrados, la ANP necesitaba de manera obligatoria la aprobación del Poder Ejecutivo.
La empresa Katoen Natie entendía que la ANP “abandonó” ese criterio en 2009, cuando empezó a otorgar las llamados “permisos precarios” por tres meses a Montecon, y procedió “sin autorización” del gobierno, según dijeron a El Observador fuentes que participaron de la negociación.
Uno de los focos principales apuntó al régimen de uso de espacios públicos que utilizó ANP a través de la aplicación del decreto 482/008. Se consideró que ese decreto no era un título de uso y no estaba destinado a contenedores, sino que solo establecía una tarifa. Además, se entendió que se instrumentó sin el aval del Poder Ejecutivo y de forma “discrecional” por una dirección de ANP, lo que se consideró como “una falla grave”.
También se hizo notar la falta de información respecto a los procedimientos, reglas y resoluciones para la entrega de los espacios públicos del puerto, así como en quién recaló la orden de empezar a utilizar el decreto mencionado y de dejar de lado los mecanismos de licitación.
Inconsistencias el Estado
Por otro lado, la documentación manejada destacó inconsistencias en las acciones del Estado uruguayo. Por ejemplo, se señaló que mientras ANP le informó en varias oportunidades a Katoen Natie que el uso de las áreas públicas del puerto era multioperador y ninguna empresa se podía asegurar el uso exclusivo de los espacios por más de tres meses, Montecon se presentaba al mercado como una terminal especializada en contenedores con muelles propios en condiciones de absorber el crecimiento de contenedores en el largo plazo.
Además, se incluyeron declaraciones del ministro de Transporte, Víctor Rossi, en una comisión del Senado en junio de 2015, donde habló sobre la existencia de dos terminales de contenedores en el puerto de Montevideo, y un informe logístico del Instituto Uruguay XXI que en 2012 hablaba de dos terminales especializadas.
Entre otros puntos, se mencionó que Montecon fue “la única empresa beneficiada” con el uso de espacios públicos hasta la fecha, aun cuando había sido descalificada por irregularidades en una licitación realizada en 2008 para prestación de servicios de almacenaje, que luego se declaró frustrada.
Por otro lado, también se hizo notar como “una violación adicional” por parte del gobierno, distintos cambios realizados en el reglamento de atraque, que permitieron que los buques portacontenedores arribaran a los muelles públicos y desplazaran a los de otras cargas, causando un perjuicio para TCP, según Katoen Natie. Eso generó condiciones “más favorables” en los muelles públicos que las ofrecidas en la terminal especializada gestionada por la firma belga, según se indicó a El Observador.
En las deliberaciones previas la empresa belga manejó que por la vía de una “normativa paralela” se terminó instalando una segunda terminal, y que hubo “una ocupación” de las áreas públicas que la ANP “no supo controlar”, dijo uno de los informantes.
Uno de los consultados señaló que “las debilidades del gobierno” a la hora de tener que explicar lo sucedido lo largo de 12 años dieron lugar a que se apostara por evitar un juicio, instancia donde la empresa belga tenía altas chances de salir victoriosa en su demanda millonaria contra el Estado.