Cuáles fueron los argumentos de Uruguay que permitieron ganar el juicio contra Aratirí

La empresa minera pagará US$ 4 millones y el fallo será confidencial; el tribunal no llegó a expedirse sobre el fondo de la controversia.La victoria de Uruguay en el juicio internacional que le había entablado la minera india Aratirí generó alivio en las autoridades del gobierno y satisfacción en exjerarcas del Poder Ejecutivo, dado que habían sido ellos quienes llevaron adelante la estrategia del litigio que comenzó en el año 2017.

“El presidente está muy contento”, resumió el diputado del Partido Nacional, Alejo Umpiérrez, luego de reunirse este jueves con Luis Lacalle Pou.

Tras la ronda final de audiencias, realizada en febrero de este año en Washington, el tribunal arbitral compuesto por el español Andrés Rigo Sureda (que lo presidió), el francés Pierre Mayer (elegido por Uruguay), y O.T. Johnson (elegido por Aratirí), tenía entre seis meses y un año para expedirse.

El tribunal no llegó a expedirse sobre el fondo de la controversia: si Uruguay cambió las reglas de juego y afectó de forma específica y retroactiva a su proyecto, porque hizo lugar a la “objeción de jurisdicción” presentada por el Estado uruguayo al inicio del juicio.

La demanda refirió a un presunto incumplimiento del tratado para la Protección y Promoción de Inversiones entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República Oriental del Uruguay. La india Aratirí presentó un proyecto en 2011 –bajo el gobierno de José Mujica– con el objetivo de instalar una mina en Valentines para extraer hierro. Sin embargo, la aprobación de una ley de minería en 2013 fue interpretada por la firma como un cambio en las reglas de juego, así como la modificación en el lugar donde se instalaría el proyecto.

En setiembre de 2018 el gobierno declaró confidencial el caso, por lo que los detalles del litigio fueron reservados. El laudo
emitido este jueves también será confidencial.

"Objeción de jurisdicción"

En esta instancia del diferendo, los árbitros debían definir sobre el planteo de la defensa uruguaya acerca de aspectos formales y en caso de no hacer lugar pasarían a expedirse sobre el fondo.

La estrategia diseñada por el entonces secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, y Paul Reichler del estudio Foley Koag –el mismo de los casos Phillip Morris y Botnia– planteó la “objeción de jurisdicción” porque entendía que los demandantes (Ritika Mehta, Vinita Agarwal y Prenay Agarwal, estos dos últimos hijos del fundador de la compañía, Pramod Agarwal) no tenían legitimidad para hacerlo, según explicaron a El Observador fuentes que participaron del litigio.

El argumento de Uruguay fue que los tres demandantes no podían ampararse en el tratado para la Protección y Promoción de Inversiones entre Reino Unido y Uruguay porque la inversión no estaba enmarcada en ese tratado; que no eran los titulares del proyecto por lo que no tenían derechos adquiridos; y que no habían agotado las instancias internas antes de iniciar el litigio internacional.

“Los demandantes, en calidad de beneficiarios discrecionales del fideicomiso que indirectamente tenía cierta titularidad sobre el proyecto minero, no eran titulares al momento de los hechos de un bien protegido por el convenio y por tanto carecían de legitimación para plantear una pretensión con respecto a una inversión”, señaló Presidencia de la República en un comunicado emitido este jueves.

La minera también deberá pagarle al Estado uruguayo US$ 4.097.149 en costos. La cifra surge de un acuerdo por el que el 70% de los gastos son pagos por el perdedor y un 30% el que gana.

Los actos propios
Acerca del fondo de la controversia, el argumento de Uruguay estuvo centrado en lo que se llama la “doctrina de los actos propios” y tenía como objetivo demostrar que Aratirí continuó negociando con el gobierno cuando se aprobó la ley de megaminería en 2013 y cuando se modificó la ubicación de la terminal portuaria en Rocha. Además, señalaron que Aratirí no cumplió con las garantías de la ley, y que se venció el plazo para firmar el contrato.

Originalmente, la minera pretendía construir su puerto en La Angostura y así lo proyectó en su estudio de impacto ambiental, pero luego aceptó que su producción saliera desde El Palenque, ya que el gobierno le había expresado que no era razonable tener dos puertos en Rocha. Cuando el precio del hierro bajó –pasó de US$ 187 la tonelada a US$ 70 entre 2011 y 2015– volvió a solicitar que se localizara en La Angostura pero el Ejecutivo señaló que eso no era posible. El entonces asesor del presidente José Mujica, Pedro Buonomo dijo que no había elementos que justificaran esa propuesta.

En estos tres años, Toma viajó al menos siete veces a Washington para preparar el juicio, que ascendía a US$ 3.536 millones. Este jueves, el funcionario prefirió mantenerse en silencio y remitió a las declaraciones que realizó en diciembre de 2019, durante la transición. En ese momento, expresó que Uruguay había presentado “una sólida defensa” por lo que pronosticaba que saldría “ganancioso en esa instancia, (…) la labor que se ha hecho lleva inexorablemente al Estado a ganar ese juicio”.

Durante el juicio declararon funcionarios de los gobiernos de Tabaré Vázquez y José Mujica, así como expertos contratados tanto por el Estado uruguayo como por la minera. El que generó mayor controversia fue el actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, quien lo hizo –a pedido del Estado uruguayo– luego de haber elaborado en calidad de experto un “informe técnico” para el estudio Ferrere, que ejerce la defensa de Aratirí, sobre “la historia y funcionamiento de los regímenes de promoción de inversiones en Uruguay, a partir de 1974”. También lo hizo Carlos Delpiazzo, exministro de Salud Pública durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera.

En la última instancia, en febrero de 2020, Uruguay llevó a declarar a la contadora Giuliana Pérez de la Secretaría Antilavado; el director de emprendimientos de alta complejidad de la Dinama Eugenio Lorenzo; la directora general del Ministerio de Industria Fernanda Cardona; las asesoras del MIEM Florencia Ualde y Leda Sánchez; la asesora del exministro de Transporte Víctor Rossi, Graciela Soler; y el director de Planificación de esta cartera Pablo Genta.

Como expertos contratados por Uruguay que dieron una opinión asesora al tribunal viajaron los abogados Santiago Pereira Campos, Jorge Fernández Reyes –esposo de la vicepresidenta Beatriz Argimón– y el expresidente de la Suprema Corte de Justicia Leslie Van Rompey.

Diario EL OBSERVADOR - Montevideo - URUGUAY - 07 Agosto 2020