Forestación: hay que reorganizar los marcos legales
"Nada de parches al barrer sin saber qué se protege ni por qué”.Para que la inversión crezca y así se creen los puestos de trabajo de mañana, es clave que el marco legal sea claro y estable. Lamentablemente, vemos un gradual deterioro de su previsibilidad.
Veamos como ejemplo la forestación. Cuando se aprobó con el 100% de los votos en el Parlamento la Ley de Promoción Forestal, estaba claro cómo se podía encarar una inversión forestal. En nuestro país hay unos 4 millones de hectáreas de suelos de prioridad forestal. Ahora bien, un inversor que compre un campo con esos suelos hoy no tiene idea acerca de si podrá forestarlos o no, ni cuándo. Por un lado aparece la Dinama y voy a presentar un caso concreto: en un área de unas 500 hectáreas de prioridad forestal se solicita permiso para plantar unas 350 hectáreas y más de 500 días después llega la autorización para plantar menos de 200; aparecen “parches” donde no se debe forestar. No se presenta ningún justificativo técnico.Averiguando en la Dinama se ubica al técnico que diseño esos “parches” y preguntado por qué los marco así contesta: “No me acuerdo”.
Desde otro ángulo, viene el empuje de expandir áreas protegidas, que ya son el 1% del país, buscando llegar al 17%, señalando que Europa busca llegar al 30% y en América Latina la mayoría de los países llegan al 10%. Claro, no se explica que en Europa se paga por dejar áreas improductivas y en América Latina hay millones de hectáreas de campos de propiedad estatal y millones de hectáreas de tierras totalmente improductivas como desiertos y montañas donde no cuesta nada marcarlas como protegidas. Pero en Uruguay esas situaciones no se dan y aun así hay que llegar al 17% del territorio con restricciones ambientales.
¿Quién lo decidió ? ¿Eso le sirve a la sociedad uruguaya en su conjunto? ¿Quién lo paga? ¿O es una convicción personal de técnicos comprometidos con temas ambientales pero con escaso respeto por la inversión, la propiedad privada, la generación de puestos de trabajo, etcétera?
Porque es muy fácil para los países ya desarrollados, que hace siglos arrasaron sus bosques y desecaron sus bañados para hacerse ricos, decirle a través de sus poderosas ONGs y sus técnicos locales a los países como nosotros “protejan a fondo áreas enormes de su territorio... y crean religiosamente que así se va a generar trabajo y riqueza”.
Y a esas incertidumbres ambientales se agrega la discrecionalidad de las intendencias. Veamos un ejemplo concreto: en un campo de unas 450 hectáreas un productor desea plantar cortinas ocupando unas 60 hectáreas. El campo tiene suelos 5.02b y 10.3. Lo técnicamente correcto y ambientalmente válido es plantar las cortinas sobre los 5.02b y dejar libres los suelos 10 de gran aptitud agrícola. ¡Pues no! Esa intendencia no deja plantar más de 50 hectáreas de suelos 5.02b y por lo tanto para llegar a las 60 hectáreas deseadas hay que forestar 10 hectáreas de suelos agrícolas 10.3. ¿Qué lógica tiene esto? ¡Ninguna! Pero así sucede con diversos grados de incertidumbre en diversas intendencias.
Creo que hay que reordenar estos marcos legales. La Dinama debe definir áreas de altísimo valor ambiental, allí donde se juega la biodiversidad y la calidad de los recursos importantes para la sociedad, o sea debe tirar con rifle y no con escopeta.
Nada de parches al barrer sin saber qué se protege ni por qué.
Las intendencias, por su parte, también deben definir con precisión qué áreas quieren proteger por razones turísticas, arqueológicas, históricas, etcétera.
Así, con áreas bien marcadas por la Dinama para cuidar asuntos de altísima prioridad ambiental y áreas reservadas por las intendencias por motivos fundados en altísima importancia departamental, se deben redefinir las áreas de prioridad forestal, siempre buscando suelos de baja o nula productividad en agricultura y ganadería, incluyendo los suelos 2.10 que nunca recibieron prioridad forestal y nunca produjeron ni una cabra desde Hernandarias hasta acá, pero pueden producir cosechas forestales.
Una vez definidos los nuevos suelos de prioridad forestal (de donde ya se habrán descontado las áreas marcadas con precisión por la Dinama e intendencias) no deberá ser necesario pedir permiso a ninguna agencia porque el marco legal habilitará su plantación.