JUSTICIA
Cruce de denuncias revela presunto soborno en Ministerio de Transporte y Obras Públicas
El ingeniero José Martín Zorrilla dijo que no pudo llevar adelante un proyecto portuario 100% privado por “corrupción” de funcionarios.
El director de la empresa constructora Santa María, José Martín Zorrilla, declarará en junio ante el fiscal especializado en Delitos Económicos, Enrique Rodríguez, por sus dichos acerca de que en la administración anterior del MTOP le solicitaron un soborno para aprobar un proyecto. Así lo señaló a El País el fiscal Rodríguez.
Zorrilla, de profesión ingeniero, aludió a la iniciativa privada que se estaba llevando a cabo para el estudio, la construcción y la operación del Puerto de Aguas Profundas para la hidrovía del río Uruguay, en una carta publicada el 30 de abril de este año por el semanario Búsqueda.
En la misiva, Zorrilla dijo: “Autoridades del Ministerio (MTOP) nos solicitaron un soborno para aprobar el proyecto, que desde el punto de vista técnico era inobjetable”.
Y continúa: “Tanto la empresa Ghella (de larga trayectoria en Europa) como nosotros acordamos que no eran los tiempos; debería esperarse por un gobierno serio para hacerlo”.
Tras leer la carta de Zorrilla, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, envió una nota al fiscal Rodríguez, con una copia de la misiva “a los efectos de lo que pueda corresponder” y lo enteraba de los dichos de Zorrilla.
El fiscal Rodríguez se aprestaba a citar a declarar a Zorrilla para que nombrara al o los funcionarios que le solicitaron sobornos en el Ministerio de Transporte cuando el exministro de Transporte, Enrique Pintado antepuso una denuncia penal ante el fiscal Rodríguez por una eventual difamación.
“Pintado se sentía agraviado por los dichos de Zorrilla. Me pidió que investigara la veracidad de esas afirmaciones”, explicó Rodríguez.
El fiscal llamó a Zorrilla. Poco después, el abogado de Zorrilla, Ignacio Durán, se comunicó con Rodríguez para decirle que su defendido estaba dispuesto a colaborar con la Fiscalía y con la Justicia y a dar todos los datos pertinentes que corroboran sus dichos. Pero por el momento prefirió no referirse más a este asunto, para no entorpecer el proceso arbitral en trámite contra el MTOP y, por recomendación expresa de su abogado. Zorrilla brindará la información cuando así le sea requerida y en el ámbito que corresponde, que es la sede judicial.
Según el fiscal Rodríguez, Durán se comprometió a que en el correr de la semana entrante presentará un escrito con documentación.
Luego, el fiscal Rodríguez citará a declarar a Zorrilla en una audiencia que se realizará durante el próximo mes.
Zorrilla envió una segunda carta a Búsqueda donde señaló que no fue Pintado quien le pidió sobornos sino mandos medios de la cartera.
Según publicó el semanario Búsqueda, Pintado publicó en su página de Facebook: “En mi desempeño como senador toleré mentiras, relatos falsos, medias verdades dichas con el propósito de ensuciar y poner sombra sobre mi conducta personal y política. Insinuaciones maliciosas que nunca se formalizaron como denuncias ante la Justicia, pero sembraron dudas en forma cobarde sobre mí y el equipo que nos acompañó en la gestión al frente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas”. Y por último agregó: “Ahora soy un ciudadano más y he dicho basta”.
La carta.
En la primera misiva enviada a Búsqueda, Zorrilla explicó el proyecto del puerto de aguas profundas en el Río de la Plata.
La iniciativa privada para el estudio, construcción y operación del puerto de aguas profundas fue realizada por Joint Venture de Ghella, dijo Zorrilla. Ghella es una de las más antiguas empresas italianas, que construyó el Transiberiano en Rusia, el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento y otras megaobras en Argentina.
Según Zorrilla, esta era una iniciativa privada para la construcción de un puerto en la boca del Río de la Plata y no en Rocha. Para hacerla, requería un desarrollo de la conexión fluvial por el Paraná y el Uruguay. Y agregó: “(La obra) no llevaba un dólar de inversión pública, era 100% privado (...). Aunque chocaba con intereses creados muy importantes que obligaron a una extrema discreción, sobre todo por la incipiente corrupción que ya aparecía en algunos funcionarios que desde la Intendencia de Montevideo habían subido a cargos nacionales”.
Justicia prohíbe a un periodista comentar investigaciones fiscales
Un periodista de Paysandú cometió un delito de falsificación o alteración de certificados en calidad de autor.
Y luego fue llevado ante la Justicia como cualquier persona que incurre en un ilícito.
En su decreto, la jueza de Paysandú señala: “Atento a lo solicitado por la Fiscalía, y no mediando oposición de la Defensa (del periodista), de acuerdo a lo previsto en el artículo 221 del Código del Proceso Penal se dispone como medida limitativa para F.D.L.S. por el plazo de 60 días, la obligación de fijar domicilio y no modificarlo sin previo aviso a la Sede”.
Y luego dice que el periodista debe presentarse en la Seccional policial correspondiente una vez por semana. Tampoco podrá salir de su casa entre las 21:00 y las 6:00 horas. Y concluye: “(Este debe) abstenerse de realizar comentarios sobre esta o cualquier otra investigación de la Fiscalía por cualquier medio de comunicación y/o redes sociales” por 60 días.