El acuerdo con UPM permite al presidente cumplir su “palabra” sin que la empresa gaste más
A un cuando sabía que el contrato entre UPM y Uruguay era intocable, en privado Luis Lacalle Pou siempre aseguró que tenía una estrategia para salir triunfante de la situación. Durante su etapa como senador había sido crítico del acuerdo y confiaba en que lograría por fuera condiciones que favorecieran al país y mostraran su capacidad de negociación. El martes 12 ambas partes tenían cerradas esas nuevas condiciones y la empresa estaba lista a difundirlas en un comunicado, pero no lo hizo. El presidente solicitó esperar al viernes 15 porque quería ser él quien hiciera el anuncio oficial.
“Cumplimos con nuestra palabra”, dijo durante la conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva, en referencia a su compromiso público de lograr que Uruguay saliera económicamente más favorecido con el proyecto. El gobierno mencionó un paquete total de US$ 305 millones, entre ahorro estatal e inversiones de la empresa, cifra que fue rápidamente objetada por el Frente Amplio.
A partir del análisis del contrato, documentos anexos, declaraciones oficiales del gobierno anterior y consultas realizadas por Búsqueda a quienes negociaron, se concluye que dos de los cuatro puntos anunciados por Lacalle Pou fueron previstos durante la gestión de Tabaré Vázquez, aunque uno no estaba firmado —la infraestructura vial— y el otro —que comprende al vivero y la isla química— no establecía montos ni detalles. El relacionado a las obras de UTE es el único que no tenía antecedentes previos y el del ahorro eléctrico se basa en un cálculo propio del gobierno ante el cual UPM no se pronunció. De todas formas, ninguno de los casos supone para la empresa más dinero de los US$ 3.000 millones que tenía previsto invertir, sino una redirección y un adelantamiento de fondos ya proyectados.
Los términos aún no están claros porque falta que sea divulgado el memorándum de entendimiento que se firmó entre las partes. Aunque desde el Poder Ejecutivo indicaron que se iba a realizar en breve, hasta ayer miércoles no había sido publicado.
La reserva ha sido la seña de las negociaciones entre UPM y los gobiernos de Vázquez y Lacalle Pou.
Apenas electo presidente Lacalle Pou visitó a Björn Wahlroos, el principal accionista de la empresa, en la sala VIP del aeropuerto de Carrasco, y el 2 de abril, durante la primera reunión en pleno de los ministros con los ejecutivos de UPM, se les sugirió a estos ingresar por el garaje de la Torre Ejecutiva para evitar ser detectados por los periodistas que hacen guardia. Según palabras de Lacalle Pou el memorándum fue antecedido de al menos seis encuentros. “Es lo que se va ofrecer en este período: ser muy prudentes cuando se están teniendo las reuniones y posteriormente contarles a los uruguayos qué fue lo que pasó”, argumentó el domingo 17 en el programa Santo y seña de Canal 4.
Con el Covid-19 como fondo, el 2 de abril el gobierno y UPM comenzaron a discutir concesiones para facilitar el camino de salida de Uruguay a la crisis. Estas quedaron selladas en los cuatro puntos planteados por Lacalle Pou en conferencia de prensa. “No te puedo decir si hubiera pasado exactamente lo mismo sin pandemia de por medio. La coyuntura ayudó mucho”, admitió horas después en Canal 4.
UPM destinará US$ 60 millones en infraestructura vial, algo que no está en el contrato, pero en noviembre de 2017 sí había sido anunciado por el gobierno de Vázquez como una de las “contribuciones directas” programadas por la empresa. La diferencia es que aquella contribución estaba prevista a hacerse con US$ 6 millones por año durante 10 años, mientras el acuerdo actual implica una “aceleración del financiamiento anteriormente planificado”, según señaló la empresa.
UPM aportará además US$ 68 millones para que UTE cierre entre Chamberlain (Tacuarembó) y Salto el anillo que cubrirá todo el país con una línea de 500 kV, una obra estimada en US$ 260 millones y para la cual la empresa tenía comprometido hasta el momento US$ 10 millones —US$ 2 millones anuales en cinco años—, según el memorándum de entendimiento rubricado con UTE en 2017. Fuentes de la empresa dijeron que la diferencia de US$ 58 millones será cubierta con fondos previstos para otros rubros y no provocará un aumento de la inversión total.
En el contrato con Uruguay, la empresa también firmó incluir inversiones en viveros fuera de la zona franca de la fábrica de celulosa en Pueblo Centenario y el desarrollo a su “elección” de una planta química para suministrar productos a sus operaciones. El viernes 15 se anunció la construcción de un vivero de US$ 25 millones en Sarandí del Yí y un acuerdo con la compañía finlandesa Kemira que, en lugar de instalar una planta química en su nueva fábrica, ampliará por US$ 30 millones la capacidad de la planta instalada desde 2007 en Fray Bentos.
Por último, el gobierno mencionó que la ampliación de Kemira implica para Uruguay comprar US$ 140 millones menos en energía eléctrica a UPM, una estimación a la que, ante la consulta de Búsqueda, UPM señaló que no iba emitir comentarios. La fórmula se basa en el memorándum con UTE de 2017, que establece la compra obligatoria del 100% del excedente de energía eléctrica generada por UPM durante un plazo de 20 años a un precio de US$ 72,5/MWh. Aunque esas condiciones se mantienen, para el gobierno la mayor operación de Kemira disminuirá entre 15 y 18 MWh el excedente de energía de UPM, lo que concluye en un ahorro de US$ 7 millones anuales durante esos 20 años.