Críticas desde el oficialismo son vistos por los finlandeses como gestos políticos que no tendrán impacto en el proyecto
El gobierno jamás puso en duda su apoyo a UPM2, aunque pretende recibir alguna concesión ante la crisis sanitaria
Sonriente, el diputado César Vega llegó a la entrada de la Torre Ejecutiva con dos cajones de lechugas orgánicas que repartió entre quienes lo iban a acompañar unos pisos más arriba a la reunión con el presidente. Fiel a su estilo llano, Vega no quería dejar cartas sin mostrar al momento de argumentar ante una oportunidad histórica: el movimiento que se opone a la nueva inversión de UPM era por primera vez recibido por el gobierno, después de meses de reclamar desde las sombras durante la administración de Tabaré Vázquez.
Junto a Vega estaba el también diputado Eduardo Lust (Cabildo Abierto) y Enrique Echeverría, Gustavo Salle, Hoenir Sarthou, Raúl Viñas y Patricia Wolf, representantes de una comisión que días antes había enviado una carta a Luis Lacalle Pou planteándole que la emergencia sanitaria generada por el Covid-19 era, entre todas sus desgracias, una situación inmejorable para apelar a ciertas cláusulas del contrato entre Uruguay y UPM que habilitan a suspenderlo por un evento imprevisible.
El planteo tomó fuerza con rapidez. El Poder Ejecutivo abrió las puertas el 31 de marzo para escuchar de primera mano los reclamos económicos, fiscales, ecológicos y laborales de la comisión, un encuentro oficial que pareció sustentar las opiniones públicas contrarias a las condiciones del contrato con UPM que anteriormente manifestaron figuras importantes del gobierno como el ministro de Transporte Luis Alberto Heber y el senador Guido Manini Ríos. Un día después un artículo de YSE, medio de comunicación estatal de Finlandia, causó inquietud en la plana mayor de UPM basada en Helsinki, siempre atenta a las variables que cualquier anuncio puede tener en una empresa que cotiza en bolsa, dijeron a Búsqueda fuentes oficiales. El artículo mencionaba que el gobierno quería renegociar algunos puntos del contrato y recordaba la oposición al acuerdo que Lacalle Pou mantuvo como senador.
Sin embargo, la posibilidad duró apenas unas horas. El jueves 2, durante una conferencia de prensa para actualizar la situación del coronavirus, Lacalle Pou fue contundente. “Quiero decir lo de siempre, lo que desde 1987 a la fecha ha sido una coherencia en la opinión política y no la podemos cambiar por estar en el gobierno: el apoyo a la ley forestal, al tratado de protección de inversiones y a la instalación de las plantas de celulosa. Lo que el Estado se comprometió, me guste o no me guste, hay que cumplirlo porque es una marca país. La inversión va a seguir adelante”, dijo.
Sus declaraciones vinieron minutos después de que buena parte del Ejecutivo se reuniera con los representantes de UPM en el país, en un encuentro que había sido agendado por Lacalle Pou en marzo para que su gabinete entrara en contacto directo con las autoridades de la empresa. Estuvieron los ministros de Economía, Industria, Trabajo, Transporte y Vivienda, el director de la OPP y el prosecretario y secretario de la Presidencia. Con el Covid-19 como fondo se evaluó la situación económica de Uruguay y el mundo, y la situación particular de la segunda fábrica que la empresa construirá.
Participantes en la reunión indicaron a Búsqueda que la suspensión y la renegociación del contrato jamás estuvieron sobre la mesa y lo que el gobierno sí propuso a UPM fue algún tipo de concesión para facilitar el camino de salida de Uruguay a la crisis ocasionada por el coronavirus, sin que implique un cambio importante a los documentos ya firmados ni una pérdida de confianza entre las partes. El Observador informó el martes 7 que una de las posibilidades es que la empresa financie inversiones adicionales a la planta, como la construcción y la refacción de carreteras y caminos aledaños a Pueblo Centenario.
El osito de peluche
Pese a los dichos de Heber y Manini Ríos, la invitación que Lacalle Pou realizó a la Comisión Nacional por Uruguay Soberano, el bajo precio actual de la celulosa, el sacudón inesperado que supone el coronavirus y el freno que tuvo la industria de la construcción, la puerta para realizar modificaciones al contrato con UPM estuvo siempre cerrada.
El 30 de marzo un comunicado de prensa de la empresa en Helsinki advirtió que “el rápido desarrollo de la pandemia del coronavirus representa una incertidumbre significativa para el resto del año”, por lo que no iba a proporcionar nuevas perspectivas de mercado por el momento. De todas maneras destacaron la “fuerte posición financiera de UPM con altas reservas de liquidez”. En Montevideo, mientras tanto, la empresa anunció que iba a respetar la licencia especial para todos los trabajadores de la construcción a escala nacional, pero que luego iba a proceder con sus actividades de acuerdo a las fechas establecidas.
En la empresa consideran que la decisión de Lacalle Pou de recibir a quienes se oponen a la planta obedeció a un “estilo presidencial” de escuchar todas las campanas y a un “movimiento político” que le permitió respetar el contrato firmado aunque mostrándose públicamente distante a los criterios seguidos por el gobierno de Vázquez a lo largo de la negociación.
En diciembre, antes de asumir, el presidente ya había conversado personalmente con Jussi Pesonen, CEO de UPM, en una reunión de presentación. Días después de su asunción Lacalle Pou volvió a ser visitado por Pesonen junto con Björn Wahlroos, el presidente de la junta directiva de la empresa y su principal accionista, apodado Nalle (similar a “osito de peluche” en finés) y conocido en Finlandia por su enorme fortuna y su franqueza para opinar de los más diversos temas. Según las fuentes, allí el presidente les ratificó a ambos el apoyo y el interés del país para que la inversión siga adelante, y Walhroos le solicitó que se mantenga una comisión de seguimiento al proyecto iniciada en el período anterior.
La reunión del jueves 2 entre el gabinete y la empresa confirmó que se mantendrá esa comisión, posiblemente con el secretario de Presidencia Álvaro Delgado al frente. Ese encuentro y sus posteriores consecuencias tomaron por sorpresa a los varios grupos de ciudadanos que sintieron a fines de marzo una oportunidad real de que se modificaran los términos de la inversión. “La decisión del actual gobierno constituye una rendición incondicional ante los designios de UPM”, declaró el lunes 13 el Movimiento por un Uruguay Sustentable.
El diputado Lust anunció ese mismo día que convocará al Parlamento a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y al ministro Heber para que expliquen por qué mantienen el contrato a pesar de que en el gobierno son críticos con sus condiciones. Pese a que desde filas de Cabildo Abierto, que integra la coalición multicolor, es de donde salen los cuestionamientos más duros, en UPM confían que el sector liderado por Manini Ríos no ejercerá una presión mayor sobre el tema porque así lo ha dado a entender el senador en reuniones privadas.