El gobierno impulsa cambios sobre construcción de viviendas sociales
El presidente Luis Lacalle Pou firmó un decreto vinculado al régimen de vivienda promovida que genera cambios sustanciales.
El presidente Luis Lacalle Pou firmó una serie de decretos vinculados al régimen de vivienda de interés social -o promovida- que incluyen volver a las reglas del sistema original.
Los decretos van en línea con un viejo pedido de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción, que elevaron los reclamos a Lacalle Pou cuando era candidato a la Presidencia.
Las viviendas de interés social nacieron en 2011 cuando bajo el gobierno de José Mujica se votó una ley que tenía por objetivo dar acceso a la vivienda a sectores de ingresos medios y bajos.
Sin embargo, pese a la intención original, el precio de los proyectos fue creciendo año a año hasta que en 2014 el Ministerio de Vivienda impulsó una reglamentación de la ley para establecer un tope al precio del 25% de las unidades construidas.
Tres años más tarde, en 2017, un nuevo decreto impulsado por el Frente Amplio le puso un tope al precio de arrendamiento a los empresarios que invertían en viviendas para alquilar.
Uno de los principales reclamos del sector inmobiliario era que, en algunos casos, los límites de venta y alquiler quedaban por debajo del costo de construcción, lo que desalentó a los promotores de las viviendas de interés social.
Los decretos van en línea con un viejo pedido de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción, que elevaron los reclamos a Lacalle Pou cuando era candidato a la Presidencia.
Las viviendas de interés social nacieron en 2011 cuando bajo el gobierno de José Mujica se votó una ley que tenía por objetivo dar acceso a la vivienda a sectores de ingresos medios y bajos.
Sin embargo, pese a la intención original, el precio de los proyectos fue creciendo año a año hasta que en 2014 el Ministerio de Vivienda impulsó una reglamentación de la ley para establecer un tope al precio del 25% de las unidades construidas.
Tres años más tarde, en 2017, un nuevo decreto impulsado por el Frente Amplio le puso un tope al precio de arrendamiento a los empresarios que invertían en viviendas para alquilar.
Uno de los principales reclamos del sector inmobiliario era que, en algunos casos, los límites de venta y alquiler quedaban por debajo del costo de construcción, lo que desalentó a los promotores de las viviendas de interés social.