SE HACEN ECO DE LOS RECIENTES MOVIMIENTOS PARA DEJAR SIN EFECTO EL CONTRATO
Desde la TV de Finlandia comienzan a especular con la concreción de la planta de UPM en Pueblo Centenario
Mientras la crisis sanitaria generada por el coronavirus golpea a todos los países del mundo por igual, en Finlandia se permite hablar de la tensa situación entre la República Oriental del Uruguay y la empresa UPM, a pocos días del 13 de abril.
Esta fecha citada no es casual, puede significar un punto de inflexión en el contrato ROU-UPM2 a partir de ser el último plazo para que el país lo deje sin efecto, esgrimiendo como razón de ello la pandemia.
El artículo 7 así lo establece, y desde este presionan organizaciones ambientalistas, figuras políticas y el movimiento Un Solo Uruguay.
En Finlandia no están ajenos a ello, y en el horario central del principal noticiero de la TV —Canal 1— se abordó el tema por parte de su
corresponsal, Johana Pohjola.
La periodista de YLE Finlandia habla de que “la pandemia del coronavirus suspende la construcción de la planta gigante de UPM en Uruguay. El nuevo gobierno del país está considerando ahora un acuerdo y la oposición al proyecto se extendió al Parlamento. Los opositores al proyecto de miles de millones de dólares reclamaron que Uruguay anule el acuerdo de inversión debido a los costos inesperados de la crisis del coronavirus” en Paso de los Toros, según lo previsto, en la segunda mitad de 2022. La empresa afirma que otros trabajos el proyecto aún están en curso. El receso de la construcción comenzó el 24 de marzo”, aclaran en la TV del país europeo.
También se cita a Gonzalo Giambruno, gerente de Proyectos de UPM. “El proyecto ha progresado según lo previsto. El dicho dice que lo que comienza bien continúa”, se afirma.
La planta gigante está repleta de superlativos: la fábrica de celulosa de una sola línea más grande del mundo, 2,1 millones de toneladas por año. La mayor inversión en la industria forestal finlandesa, 2.400 millones de euros. La mayor inversión extranjera de Uruguay.
La planta comenzará a elevarse de la superficie terrestre en los próximos meses, informa UPM. Ahora el proyecto emplea a unas mil personas. Además del sitio de la fábrica,algunos construyen viviendas para trabajadores en los pueblos cercanos de la planta, y otros construirán una terminal portuaria en la capital, Montevideo.
De acuerdo con la empresa, la construcción tendrá la mayor ocupación el próximo año,cuando habrá 6000 empleados.
La corresponsal finlandesa en Uruguay dice: “hay otros giros y vueltas en el proyecto.
Según los informes de la prensa uruguaya, el nuevo gobierno del país quisiera renegociar algunos puntos en el acuerdo de inversión de UPM. En su campaña electoral, el nuevo presidente Luis Lacalle Pou criticó el acuerdo como desfavorable para Uruguay. El acuerdo
ha causado revuelo en Uruguay debido, entre otras cosas, a la infraestructura estatal. UPM planea transportar la celulosa al puerto de Montevideo en tren, y la reconstrucción de la antigua línea costará a Uruguay al menos cerca de mil millones de euros. Los opositores al
proyecto han apelado a Lacalle Pou para que el Estado rescinda el contrato debido al costo de la crisis del coronavirus. De acuerdo con la cláusula 7 del contrato, circunstancias excepcionales imprevistas, como desastres naturales o epidemias, pueden conducir a su
modificación o incluso a la rescisión. Antes de asumir el cargo, Lacalle Pou prometió que se respetarían los acuerdos realizados. Sin embargo, el ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, dijo recientemente al periódico uruguayo El País que algunas cláusulas del acuerdo
son inaceptables. No las especificó con mayor detalle”.
SIN DECLARACIONES
El Ministerio de Transporte y la Oficina de Planificación y Presupuesto, que coordina el proyecto, se negaron a dar una entrevista a YLE de Finlandia porque “el gobierno está definiendo las cosas en este momento”, y UPM tampoco hizo comentarios.
En una encuesta encargada por UPM en diciembre, menos de dos tercios de los uruguayos fueron favorables o neutrales sobre el proyecto, y menos de un tercio se pronunciaron en contra.
Muchos uruguayos están molestos porque el Estado le concedió zonas francas libre de impuestos a las plantas de celulosa. Esto significa que las empresas forestales no pagan impuestos sobre sus ganancias. En las zonas francas pagan tarifas de uso e impuestos
sobre otras actividades, como la producción de madera y el transporte.
Circulan cálculos basados en diferentes criterios sobre el impacto del proyecto. El gobierno ha hablado de un gasto público de mil millones de euros, pero los opositores dicen que el monto total, incluidas las cuotas, ascenderá a casi tres mil millones.
El diputado Eduardo Lust considera esa cantidad devastadora en una situación en la que Uruguay tiene más de 40 mil millones de dólares (€ 36 mil millones) de deuda externa. Él es uno de los opositores del proyecto en el parlamento actual.