LAS FINANZAS
La estrategia del gobierno para el uso de las reservas ante el coronavirus
Varios planteos han surgido en las últimas horas para hacer uso de las reservas para financiar medidas que ayuden a paliar la situación por la declaración de emergencia sanitaria.
"En retrospectiva, gran error haberle puesto el nombre de ‘reservas’ a las reservas”, escribió en su cuenta de Twitter el economista Rafael Mantero.
Su frase refiere a todos los planteos que han surgido en las últimas horas para hacer uso de las reservas para financiar medidas que ayuden a paliar la situación de los más afectados por la declaración de emergencia sanitaria por el coronavirus y el parate económico que generó.
Se suele pensar que las reservas son recursos genuinos a los que echar mano para financiar inversiones, planes, medidas, etc. Salvo que se haya constituido un fondo específico con ahorros del Estado (es decir con superávit fiscal), ello no es posible (a menos que se quieran generar otros problemas).
¿Por qué? La respuesta corta es: las reservas son una suerte de seguro para el país. Pero es más complejo.
En el caso de Uruguay, el Banco Central (BCU) es el encargado de administrar las reservas.
Al 26 de marzo (última información disponible) había en el Central US$ 14.566 millones. Pero, de ese monto más de la mitad (US$ 7.545 millones) son de los bancos y corresponden a encajes (porcentaje de los depósitos que los bancos deben colocar en el BCU para hacer frente a posibles problemas).
Así que quedan US$ 7.011 millones. De ellos, US$ 5.335 millones corresponden al BCU y se denominan de “libre disponibilidad”, mientras que los otros US$ 1.676 millones son del gobierno central (Tesorería principalmente).
Los US$ 5.535 millones del BCU son -según la propia definición del Central- “un instrumento de apoyo a la política monetaria y cambiaria a efectos de cumplir con la finalidad de estabilidad de precios”.
Agrega que sirven para “asegurar el acceso a la liquidez en moneda extranjera para poder intervenir en el mercado de cambios cuando las circunstancias lo ameriten”, es decir como ha realizado el Central con la venta de reservas la semana pasada, para moderar la suba del dólar (y “defender” al peso uruguayo). También están para hacer frente al pago de Letras de Regulación Monetaria, los papeles que emite el Central para sacar pesos del mercado y que no son otra cosa que deuda.
El BCU recuerda que “adicionalmente, un adecuado nivel de reservas permite reducir la probabilidad de crisis debido a shocks externos, mejorando la percepción de riesgo de los inversores sobre la capacidad de pago del país; y por ende contribuyendo a la disminución del riesgo país”.
Así que esa es la función de la parte de reservas propias del BCU, pero, ¿qué pasa con las que son del gobierno central?
Los US$ 1.676 millones del gobierno central corresponden a aproximadamente los pagos de deuda por los siguientes 12 meses que debe afrontar el gobierno.
Esa es una regla que surgió en el primer gobierno del Frente Amplio (FA) -tras la crisis de 2002- y que fue elaborada por el fallecido economista Umberto Della Mea con el apoyo del director de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de ese entonces, Carlos Sténeri. La regla estimó en base a experiencias previas cuál es el tiempo máximo que ha permanecido Uruguay fuera de los mercados de deuda (por situaciones globales, regionales, etc.). Es decir, ese dinero está para no caer en default en caso de un cierre abrupto de los mercados.
Para financiar el déficit fiscal siempre las primeras opciones del gobierno han sido las emisiones de deuda locales y en el mercado internacional.
Además, cuando la actual ministra Azucena Arbeleche estaba al frente de la Unidad de Gestión de Deuda del MEF, en el segundo gobierno del FA, se negociaron con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la CAF-Banco de Desarrollo, líneas de crédito contingentes. Estos son préstamos que ya están aprobados por los organismos y que el gobierno decide si se desembolsan o no. Mientras están como contingentes, se paga una comisión año a año, algo así como la prima de un seguro.
Ahora, como estrategia de corto plazo, el gobierno decidió activar US$ 1.500 millones (de US$ 2.200 millones) de esos créditos y negocia US$ 1.000 millones para dejar como contingentes (además de los US$ 700 millones que no usa). El uso de reservas es el último recurso para el gobierno.