Las dos caras de la política ambiental de UPM
La multinacional obtuvo un préstamo a condición de preservar la biodiversidad de sus plantaciones en Finlandia, donde sólo admiten especies nativas, mientras en Uruguay hace lo contrario
Víctor L. Bacchetta
Con la afirmación de que está “mostrando el camino a nivel global” (sic), la empresa finlandesa UPM anunció la última semana la firma, con un conglomerado de bancos internacionales, de una línea de crédito renovable de 750 millones de euros, condicionada al cumplimiento de objetivos de largo plazo relacionados con la preservación de la biodiversidad y la reducción de las emisiones de gases que provocan el cambio climático.
La línea de crédito renovable está vinculada a dos indicadores clave de desempeño. Uno es el impacto neto positivo en la biodiversidad de las plantaciones forestales de la empresa. El otro es la reducción para el año 2030 del 65% de las emisiones de dióxido de carbono de los combustibles y la electricidad utilizados por UPM con respecto al nivel de esas emisiones en 2015, señala la multinacional en un comunicado oficial.
Da la impresión de ser una loable actitud, pero al ir a ver el compromiso de producir un impacto positivo en la biodiversidad, resulta que este sólo se refiere a las plantaciones forestales de UPM en Finlanda. ¿Por qué en este compromiso tan importante de la empresa finlandesa no figuran sus plantaciones en Uruguay, el país en donde UPM estaría haciendo en este momento la mayor inversión de su historia?
Veamos algunas cifras para entender la magnitud del problema. Tres cuartas partes de la superficie terrestre de Finlandia, alrededor de 23 millones de hectáreas, están cubiertas por árboles. De ese total, 20 millones de hectáreas son tierras forestales, de las cuales UPM posee cerca de 500 mil hectáreas, según sus propios datos. Es decir que UPM tiene en Finlandia un 2,5% de los bosques y plantaciones.
En Uruguay, con un ecosistema de pastizal o pradera natural, 16 millones de hectáreas son aptos para agricultura y ganadería. De ese total 2,5 millones de hectáreas están cubiertos de árboles si se suma el monte nativo y las plantaciones de las empresas forestales. UPM maneja actualmente en este país unas 400 mil hectáreas, según su informe anual de 2019, o sea 16% del total de bosques y plantaciones.
Visiblemente, la gravitación de UPM en las zonas forestadas de Uruguay es mucho mayor que en Finlandia y si vemos la concepción de las plantaciones la diferencia es abismal. En Finlandia, UPM cultiva 100% de especies nativas en sus tierras, pero en Uruguay hace exactamente lo opuesto, sus plantaciones son exclusivamente de eucaliptos, una especie exótica o extraña al ecosistema original.
Ni siquiera en Finlandia esa es una decisión de la empresa, sino que es una política del país que, por tradición y un sistema particular de propiedad de la tierra, no permite la plantación de especies exóticas. Entonces, el anuncio de UPM y los bancos de que acordaron ese préstamo a cambio de un compromiso en defensa de la biodiversidad en Finlandia es el disfraz ecologista de una mera operación financiera.
UPM se presenta en Uruguay también como defensora de la biodiversidad, utilizando las certificaciones forestales como garantía de buen desempeño ambiental. Toda la industria forestal internacional utiliza las certificaciones del Forest Stewardship Council (FSC, Consejo de Administración Forestal) y entidades similares con ese fin, pero el sistema está siendo cada vez más cuestionado por sus inconsistencias.
El negocio de las certificaciones
El sistema de certificaciones forestales es un ejemplo de una idea que se desvirtúa y se convierte en lo contrario de lo que propuso. Tras la Cumbre de la Tierra, en 1994, un grupo de empresas, ambientalistas y líderes comunitarios se unieron en el FSC para “crear un concepto revolucionario: un enfoque voluntario, basado en el mercado, que mejoraría las prácticas forestales en todo el mundo”, según sus palabras.
El objetivo del FSC era promover “un manejo ambiental responsable, socialmente beneficioso y económicamente viable de los bosques”, mediante la aplicación de un conjunto de principios y criterios reconocidos y respetados. La falla ya estuvo en la pretensión contradictoria de cumplir ese fin por medio de un “enfoque voluntario, basado en el mercado”, porque lo que se impuso fue la lógica del mercado.
En su última edición, la Ethical Corporation Magazine, de Londres, se ocupó de las certificaciones del FSC. El entrevistado Simon Counsell, ex director de la Rainforest Foundation y participante en el inicio del FSC, explicó que la idea con la certificación era dar una ventaja a la silvicultura comunitaria sostenible, pero que resultó ser caro y tampoco se logró un mayor valor de mercado para sus productos FSC.
A pesar entonces de la certificación, la silvicultura comunitaria no pudo competir con las grandes empresas industriales. Este pudo ser el fin del FSC, pero hubo empresas forestales que vieron que el sello del FSC podía serles útil al dar a sus compradores la confianza de que los productos ofrecidos habían sido rastreados a través de la cadena de suministro y provenían de un manejo sostenible de los bosques.
El FSC no hace las auditorías, sino que hay más de 80 entidades evaluadoras que son contratadas por las empresas forestales para realizar la inspección y aquí surgió uno de los problemas. “Esto resulta en una carrera por reducir el rigor de las auditorías que realizan. Los más indulgentes y laxos con el incumplimiento o las fallas de los clientes, son los que más probablemente tengan negocios en curso”, dijo Counsell.
El ex auditor de Rainforest Alliance, Walter Smith, admitió que “la presión económica por obtener y mantener clientes es un factor que puede conducir a parcialidad". Smith agregó que a lo largo de su carrera descubrió que "las grandes empresas pueden emprender acciones legales contra los organismos de certificación si amenazan con suspenderlos”. En estas condiciones, la parcialidad queda fuera de dudas.
Hace varios años que se le reclama al FSC un cambio en sus procedimientos por no regular suficientemente a los auditores. El ex director de Rainforest Alliance relató que se le propuso invertir todo el proceso, de tal manera que las solicitudes de certificación se dirigieran al FSC, siendo luego elegidos los auditores más rigurosos. Counsell dijo que la respuesta del FSC fue que era “demasiado difícil y complicado”.
Hace 13 años el técnico forestal Ricardo Carrere publicó una investigación sobre las certificaciones del FSC en Uruguay. La tituló Maquillaje verde, porque llegó a la conclusión de que las plantaciones de especies exóticas conducen a “la destrucción completa del principal ecosistema del país”, la pradera. Sin embargo, UPM nos sigue dando lecciones de silvicultura sostenible de la mano del FSC.