Más de 1.000 empresas de carga evadieron controles del MTOP en las rutas en un mes.
Auditorías constataron fallas de gestión en varios organismos, posibles “conflictos de interés” y evasión a controles en las rutas
Escribe Ismael Grau
Mientras el gobierno electo insiste con que desplegará auditorías en varias áreas del Estado para dejar claro cuál es el punto de partida y eventualmente detectar apartamientos de sus antecesores, algunos de los informes más recientes producidos por la Auditoría Interna de la Nación (AIN) confirman que existen debilidades en la gestión.
Hay de todo un poco: deficiencias en la trazabilidad del registro de medicamentos en Salud Pública (MSP); apartamientos en las contrataciones de estudios médicos en el Hospital de Salto; posibles “conflictos de interés” al aprobar proyectos financiados con fondos administrados por el Instituto de Investigación Agropecuaria (INIA); empresas de camiones que evaden hasta casi 500 veces en un mes las fiscalizaciones en las rutas; e ineficiencias en los controles que se repiten acá y allá. En torno al Fondo de Incentivo Cultural, incluso, recomendó actuar de forma “urgente” e iniciar una investigación administrativa a efectos de establecer responsabilidades.
Eso surge del documento —al que accedió Búsqueda— que divulgará próximamente la AIN donde sintetiza sus actuaciones desplegadas durante 2019. Algunos informes tienen carácter reservado, al amparo de la ley, porque hacerlos públicos puede ser riesgoso para el organismo involucrado si antes no toma medidas.
Salud
En la órbita de la salud, la AIN analizó el control al registro de medicamentos y productos afines entre 2015 y 2018 realizados en la División de Evaluación Sanitaria, del MSP. El proceso culmina con la entrega de un certificado que acredita la existencia y vigencia por cinco años.
Para empezar, en relación con la evaluación de los productos, se evidenció que en los departamentos de Tecnología Médica y de Alimentos, Cosméticos y Domisanitarios dicha tarea no culmina con la elaboración de los informes técnicos previstos en la normativa, ni se respalda la totalidad de la documentación que los sustenta en los sistemas informáticos. Esto “no brinda garantía razonable que los productos registrados hayan cumplido con todos los aspectos requeridos para su aprobación”.
Además, se utilizan distintos sistemas informáticos –lo que impide una “trazabilidad de las etapas del proceso”–, a la vez que no se conectan con otros utilizados en el MSP, lo que impacta “en la toma de decisiones ágil y oportuna”.
Los tiempos de tramitación tienen demoras de entre medio y un año en la asignación de solicitudes para ser evaluadas, lo que expone a reclamos de empresas por tratamiento desigual. Y en cuanto a la vigencia de los registros, no se realizan seguimientos de sus vencimientos.
La repartición ministerial elaboró un plan de acción.
En el Hospital Regional de Salto (HRS), dependiente de la Administración de Servicios de Salud del Estado, la AIN analizó las contrataciones en 2018 de tomografías computadas, resonancia magnética y hemodiálisis, así como de técnicos o profesionales para las ecografías y radiología. Unos $ 92 millones, cerca del 10% del presupuesto de ese año, lo destinó a ese tipo de estudios médicos.
Detectó pedidos de análisis que carecían de la información necesaria para su realización o sin la identificación del doctor actuante. También hubo compras directas sin documentación, así como contrataciones directas a proveedores que mantienen vínculos funcionales con ASSE —algo que contraviene el artículo 46 del Tocaf—, dado que para determinados estudios clínicos existe un único proveedor en Salto. Además, advirtió “ineficiencias y demoras en los procesos licitatorios, incumplimientos formales y escasa rotación del personal que integra las comisiones asesoras de adjudicaciones, lo que podría afectar la transparencia (…) e impactar directamente en la gestión del organismo”.
La conclusión es categórica: “Las actividades de control y de supervisión definidas por el HRS como por ASSE en el proceso de contratación de estudios médicos no son suficientes, ni están implementadas de manera de asegurar que la información sea íntegra y confiable, que los estudios sean contratados y llevados a cabo de forma eficiente, que se optimice la utilización de los recursos y se brinde una apropiada atención al usuario”. La Dirección del HRS presentó un plan de acción parcial para corregir los problemas.
Agro
En el Instituto Nacional de Carnes (Inac) evaluó la gestión financiera al cierre del primer semestre de 2018, para algunos rubros específicos. Detectó problemas de planificación de las “inversiones temporarias” e incumplimientos en los procedimientos de gestión de deudores por concepto de Guías de Movimiento, entre otras debilidades.
También se analizó el proceso de aprobación y seguimiento técnico y financiero de los proyectos financiados con el Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria (FPTA), a cargo del INIA, en el período 2012-2018. En ese último año el FPTA —que se integra principalmente con la afectación preceptiva del 10% del adicional al Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios y un aporte anual del Poder Ejecutivo por al menos el equivalente al del producido por dicho adicional— otorgó unos US$ 3,3 millones en becas.
Se identificaron “debilidades” en el proceso de aprobación de los proyectos que “pueden generar un conflicto de interés, afectando la objetividad y transparencia del actuar de la Junta Directiva”. Por ejemplo, uno de sus integrantes participó en la aprobación de proyectos en los que tenían participación técnicos con los cuales “mantenía vínculos, figurando en algunos como parte de dicho equipo”, sin que en las actas se aclarase cómo se produjo la votación.
Además, entre otras debilidades la AIN señaló que si bien el INIA tiene la potestad de realizar auditorías financiero-contables y de gestión de los proyectos en ejecución en cualquier momento, en el período analizado no hizo ninguna. Y respecto al seguimiento técnico de los proyectos de asignación directa, no pudo identificar un área que ejerza dicho cometido, lo que puede llevar a financiar algunos que no se ajusten a los objetivos del instituto, al incumplimiento por parte del ejecutor y a la “no detección de irregularidades a efectos de tomar las medidas correctivas de manera oportuna”.
Por todo eso, el informe concluye que no es posible asegurar que el FPTA “sea utilizado eficientemente con el fin para el cual fue inicialmente concebido, ni que los proyectos financiados se cumplan en tiempo y forma”. El INIA entregó un plan de acción para corregir las debilidades constatadas.
Vinculado al Ministerio de Ganadería (MGAP), se auditó la gestión del proceso de pagos del Seguro para el Control de Enfermedades Prevalentes en Bovinos, una persona jurídica creada por ley en 2014.
Entre otros problemas, no se contó con “información útil y oportuna de los pagos de subsidio e indemnización en trámite, su estado y montos solicitados”.
Además, había un excedente de fondos que representaba 81,05% en relación con la recaudación de faena y exportación, y 58,91% respecto a la remisión de leche a plantas industriales. “Sin embargo, no se ha hecho una evaluación sobre el destino a dar al excedente de los fondos en la medida que los mismos no han sido invertidos, colocados, cedidos en garantía, entre otros, ni se ha evaluado la conveniencia de la modificación o suspensión de los aportes de conformidad con las atribuciones otorgadas en la normativa”. Por esa razón la AIN recomendó evaluar la posibilidad de que, ante la propuesta de la comisión administradora, el Poder Ejecutivo suspenda la recaudación de aportes y pagos de los beneficios, y que se varíen los montos fijados para los aportes al seguro.
También en el MGAP, la AIN inspeccionó la administración del Fondo de Financiamiento y Recomposición de la Actividad Arrocera (FFRAA) entre enero de 2018 y el primer semestre de 2019. Se financia con una retención de las exportaciones del rubro y beneficia a los propios productores; en el caso de 16 (3% del total), no se tuvo certeza de si realmente estaban en actividad.
Si bien el FFRAA cumple con su objetivo de dar apoyo a los productores, “no se implementaron controles para verificar que el destino haya sido la financiación de la actividad arrocera y no se exigió rendición de cuentas de cómo se utilizó el dinero”. El organismo entregó un plan de acción parcial para adoptar medidas correctivas.
En el Ministerio de Transporte, una auditoría evaluó para 2018 los controles que se hacen en sus estaciones de pesaje fijas en carreteras, en cuanto a exceso de peso, dimensión y anomalías en la documentación.
Había “carencias en el diseño de controles” y “debilidades en la planificación de la fiscalización mediante la modalidad de inspector físico”. Por ejemplo, en octubre de 2018, de un total de 191.596 vehículos de carga que circularon por rutas nacionales, 9.568 fueron evasiones (5% del total) que corresponden a 1.125 empresas; 54 evadieron más de 30 veces en el mes, y una misma compañía lo hizo en 491 ocasiones. “Esto determina que los vehículos de carga puedan circular en condiciones inapropiadas, impactando en la seguridad vial, deterioro de las rutas nacionales y caminos alternativos”. También se detectaron problemas respecto a la seguridad de la información y la propiedad de los datos, entre otros aspectos.
Cultura
En el área del Ministerio de Educación y Cultura, los auditores recalaron en el Consejo Nacional de Evaluación y Fomento de Proyectos Artísticos Culturales (Conaef) para analizar la gestión que hace del Fondo de Incentivo Cultural financiado con donaciones de contribuyentes de los impuestos a las ganancias empresariales y al Patrimonio, quienes reciben a cambio beneficios fiscales. En concreto, evaluó los llamados a proyectos de 2018.
En cuanto a la selección y control de ejecución de los proyectos, “se requieren acciones que permitan llevar adelante estos procesos en base a criterios objetivos”. Por otro lado, las bases y condiciones de viabilidad, que carecen de metas o indicadores, “no permiten una valoración objetiva de los proyectos ni medir su grado de éxito”.
El informe sentencia que el sistema de control interno implementado para la gestión del Fondo de Incentivo Cultural “presenta debilidades que hacen que no sea posible garantizar que la gestión se ajuste a la normativa vigente, se realice en forma transparente y en condiciones de igualdad para los postulantes en función a pautas aprobadas por quien corresponde”, ante lo cual recomienda adoptar “en forma urgente las medidas correctivas”, en su mayoría previo al próximo llamado a inscripción de proyectos. También aconseja iniciar una investigación administrativa dentro del área.
Varios de los problemas advertidos en esta auditoría ya habían sido informados por Búsqueda (Nº 2.038) y en Del Sol FM en setiembre pasado, y derivaron en la remoción de las funciones de algunos jerarcas.
Registro Civil
También en el MEC, la AIN evaluó las actividades de control diseñadas en torno a la recaudación de la Dirección Nacional del Registro Civil para el período enero-mayo de 2019. Comprobó que no existe un registro que permita conocer la cantidad de trámites solicitados, procesados, emitidos y cobrados; que el stock de timbres supera en promedio cuatro veces su demanda anual; y que el procedimiento para devoluciones de caja “no es transparente”.
Segunda vuelta
Como parte de una estrategia definida en los últimos años, los auditores regresan a algunas reparticiones para constatar si se actuó ante los problemas advertidos en visitas previas. Fue el caso del Fondo de Bienes Decomisados, dependiente de la Secretaría Nacional de Drogas; no adoptó la mayoría de las recomendaciones que le habían hecho y, entre otras cosas, en torno a la conservación del estado de los bienes decomisados, no se pudo determinar la oportunidad y la asociación de los gastos realizados con el bien/causa correspondientes en todos los casos, a pesar de que el sistema lo permite.
Tras una visita en 2016, la AIN volvió a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, del Ministerio de Industria, para evaluar la integridad, oportunidad y confiabilidad de la información. Aunque tomó algunas de las recomendaciones, persisten problemas, como que el estado de las marcas (concedida, desestimada, entre otros) no se mantiene actualizado ni existen controles posteriores que verifiquen que dicho estado asignado en el sistema informático se corresponda con la marca.
En la misma repartición evaluó la eficacia de los controles en el registro de patentes efectuado durante 2018. Entre otros aspectos, los auditores notaron que el estado de situación de algunas “no era el correcto a la fecha”, y que no se controlaba los vencimientos y pagos de anualidades. También había “inconsistencias en la información de las patentes según el tipo de reporte que se solicita”.
La AIN regresó a la Agencia de Contrataciones y Compras Públicas (ACCE) tras haber auditado en 2016 su Sistema de Información de Compras y Contrataciones Estatales, la Tienda Virtual y el mecanismo de Pregón. De 16 recomendaciones, la mitad no fue adoptada y solo una sí se hizo de forma completa; el informe se declaró “reservado”, como otros tres de otras áreas.