Aumentan las tensiones en la transición y el gobierno entrante pide un “ámbito de consulta”
Luis Lacalle Pou contestó críticas de Danilo Astori y Ernesto Talvi cuestionó a Rodolfo Nin Novoa.
El capítulo de ayer de la transición de gobierno empezó en la sede de Todos, con el presidente electo, Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional (PN), recibiendo la visita protocolar de Jussi Pesonen, CEO de UPM, junto con una comitiva de la empresa finlandesa, que pasó a saludarlo y felicitarlo. Fue en el marco de las visitas periódicas que el máximo jerarca de UPM hace a Uruguay para evaluar el grado de avance del proyecto de instalación de la segunda planta de celulosa en Paso de los Toros.
En la reunión estuvo presente el senador Álvaro Delgado, futuro secretario de Presidencia, que luego partió hacia la Torre Ejecutiva para reunirse, junto a Rodrigo Ferrés, el próximo prosecretario, con sus pares actuales, Miguel Ángel Toma y Juan Andrés Roballo, respectivamente.
A la salida de la Torre Ejecutiva, Delgado señaló que se trató de la segunda reunión bilateral “operativa” y que se basó en “todo lo que tiene que ver con las unidades ejecutoras de Presidencia de la República”. En particular, hablaron de los juicios contra el Estado, de los que se va encargar Ferrés. Además, destacó que habrá una sesión especial de reuniones bilaterales por el tema UPM. “Pedimos una serie de informaciones, materiales, memorándums, que tanto Toma como Roballo quedaron en elaborar, sobre cada una de las unidades ejecutoras, y seguramente en los próximos días, con ese material en la mano, vamos a volver a reunirnos para seguir la transición. Y una vez que esté designado el gabinete, va a haber una transición de cada uno de los ministros designados con los ministros en funciones, más allá de la coordinación general de la transición desde este ámbito”, señaló Delgado.
El senador blanco fue consultado por las declaraciones que hizo el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, al semanario Búsqueda. El jerarca acusó al presidente electo de ser el responsable de una transición conflictiva, por “ignorancia” o “mala fe”. Delgado dijo que “son dos términos que están fuera de lugar” y que no comparte, sobre todo porque quien los manifestó “es el responsable de la situación fiscal de Uruguay”. “Estamos en un país que va terminar el gobierno con casi 5% de déficit fiscal. Son 2.800 millones de dólares. Hace 32 años que no existe en Uruguay ese nivel de déficit fiscal. Primero hay que ver cómo están las cosas por casa antes de hablar del resto”, señaló.
A su vez, horas antes, Lacalle Pou disertó ante la Unión de Exportadores del Uruguay, donde dijo que había visto un video “con las proyecciones que el ministro Astori había hecho en 2015 sobre cómo iba a terminar esta gestión de gobierno”. “No le embocó una”, subrayó, y agregó no va a ser “tan irresponsable” de cometer el mismo error de estimar lo que pasará en cinco años, porque no tuvo “toda la información” por parte del gobierno saliente.
En cuanto a la polémica por las tarifas, Delgado dijo que Lacalle Pou no se molestó porque no se hayan subido, y señaló que hubo “un poco de picardía” porque “cambiaron el criterio en el último año”. “Hasta ahora siempre el ajuste de la inflación, que tiene que ver con la masa salarial –que es uno de los componentes de las tarifas–, se había dado, y este año se tomó una decisión diferente. Aspiramos a que en esta transición todos aquellos temas que sean responsabilidad de este gobierno pero que involucren a la administración que viene tengan un ámbito de consulta”, finalizó.
“Respeto y autoridad”
Ya en la noche, el senador blanco Jorge Larrañaga, quien estará a cargo del Ministerio del Interior (MI) del futuro gobierno, se reunió con Lacalle Pou en la sede de Todos. A la salida dijo que en esa área con el presidente electo tienen “una plena coincidencia en darle una fuerte impronta de respeto a la autoridad y a la Policía”. “A la delincuencia, la ley, a la población, la protección y la defensa de sus derechos. Esto nos parece central. La contracara de la impunidad no es la ausencia de crimen, sino la expresa y plena convivencia pacífica entre los uruguayos, y bajo estas líneas tiene que trabajar el gobierno del PN”, agregó.
Consultado por si entiende que algunas de las medidas que planteó en el plebiscito de reforma constitucional se podrán impulsar desde el MI, dijo que eso “será un tema para tratar más adelante”, y señaló que quiere poner el énfasis en la “necesidad de terminar con la impunidad de los delincuentes”, ya que allí radica “el miedo de la gente”. Eso es “el fracaso del Estado y del gobierno” y “no puede suceder”. “No se trata de ejercer una expresión autoritaria o de golpearse el pecho, sino de tener el límite de la vara en la ley. Por eso nos gusta la definición de Lacalle de que vamos a luchar contra la impunidad, vamos a respaldar a la Policía y proteger a la gente honesta que trabaja”, señaló.
Luego se le preguntó por lo que sucedió en Paso Carrasco hace pocos días, cuando un patrullero fue atacado. Dijo que esa situación “no puede suceder” y que si la Policía ingresa para llevar adelante el cumplimiento de un mandato judicial “no va a retroceder”, y enfatizó que no debe confundirse “la aplicación de la ley con un ejercicio autoritario”. “Esa situación en especial hay que rechazarla, porque cuando se entra no se puede retroceder”, agregó, y opinó que se dio esa situación porque “el procedimiento no fue el adecuado”. Por último, subrayó que “las cosas tienen que cambiar” y que debe “recuperarse el respeto y la autoridad”, así como “el clima de convivencia pacífica donde se respeten las personas y los bienes”.
Talvi versus Nin
Ante la solicitud de la cancillería uruguaya de la activación de la cláusula democrática del Mercosur por la “ruptura institucional” en Bolivia, Ernesto Talvi, futuro canciller, lamentó en su cuenta de Twitter de que, “más allá de su contenido”, el actual canciller, Rodolfo Nin Novoa, “haya tomado una decisión tan importante sobre el tema Bolivia sin consultar con el gobierno entrante”. “Sería deseable que entre todos consigamos mejorar la política: hacer del juego limpio una ‘política de Estado’”, sentenció.