OPINIÓN
Macroeconomía: objetivos y políticas
Tras la definición electoral, la administración de gobierno que asuma en marzo deberá corregir desequilibrios macroeconómicos y otros problemas económicos, de naturaleza estructural, cuyo ajuste lleva más tiempo.
Es imposible que se solucionen los dos tipos de problema simultáneamente. La nueva administración deberá, entonces, solucionar problemas de corto plazo —que son los que veremos en esta columna— y enderezar, al menos, los que requieren un tiempo más extenso.
Los problemas
En la economía uruguaya hay muchos sectores en recesión. Aunque los números de las cuentas nacionales que compila el Banco Central (BCU) muestren que la economía está estancada, se cuestionan bases de cálculo que son las que permiten arribar a ese resultado. Ajustadas esas bases, es probable que se concluya de manera diferente.
Existen factores de producción como la mano de obra en todas sus formas y los bienes de capital, que hoy se están empleando por debajo de sus cantidades disponibles. El desempleo de personas es alto, declinan las horas trabajadas en varios sectores y la capacidad instalada de producción ociosa es también alta.
El otro problema macroeconómico que se da a nivel interno es la inflación. El aumento del nivel general de precios ha estado por fuera del rango objetivo del BCU por mucho tiempo, lo que ha marcado la ineficacia y también la ineficiencia de la política monetaria de varios años —aunque recientemente menor—, para solucionar el problema y las repercusiones adversas sobre el déficit del BCU y sobre el tipo de cambio nominal y real. Si bien la inflación no es alta, es mayor a la de la mayoría de los países emergentes relevantes, con las exclusiones de notoriedad. Es justamente el arreglo monetario-cambiario empleado durante muchos años para enfrentar a la inflación el que ha lleva al tercer problema macroeconómico que solo recientemente se viene mejorando: el del nivel del tipo de cambio y sus efectos adversos sobre la competitividad.
La nueva administración deberá entonces procurar el crecimiento de la producción y del empleo; reducir el ritmo inflacionario para evitar su costo social y el que genera la discusión de la indexación salarial y deberá lograr que ese escenario se dé en un contexto de tipo de cambio real que refleje una mayor competitividad. Y ello debe ocurrir sin pérdida de salario real.
Las acciones
Para alcanzar lo señalado, la nueva administración de gobierno usará las tres políticas habituales: la fiscal —a través de la tributación, del gasto y del financiamiento del resultado—; la monetaria, que será dependiente o no de la elección de la tercera política: la cambiaria —flotación con o sin intervención—. Mejorar la actividad con la política tributaria implica reducir la presión impositiva para que un mayor ahorro de empresas y personas mejore al consumo y a la inversión, e impulse al crecimiento y al empleo. Una política de aumento del gasto público difícilmente contribuya en las actuales circunstancias del déficit fiscal y por varios años, al crecimiento económico. Y más aún, si se procurara con elevación de la presión fiscal afectando a la inversión y al empleo, o a un endeudamiento mayor que el actual, que ya es alto. Por lo tanto, desde el punto de vista estrictamente económico —subrayo lo de económico—, para aumentar la actividad económica general —y no depender solo de la inversión de UPM y la derivada de ella— el camino es la contracción paulatina, pero firme del gasto público, acompañada de una reforma estructural de la seguridad social y la reducción de la presión tributaria. Si no es así, las consecuencias sobre empleo, inversión y producción seguirán siendo adversas. Si lo indicado no es posible, será por razones distintas a las económicas. No es ni siquiera imaginable que aumentando impuestos para elevar gastos, mejore la actividad productiva del país.
Una reactivación a partir de la reducción progresiva de impuestos no provocará problemas inflacionarios, ya que por un tiempo su efecto será el de un freno a las presiones deflacionarias, que acarrearía un agravamiento de la situación recesiva actual.
Por igual motivo, tampoco produciría presiones inflacionarias una política monetaria con objetivo expansionista de la actividad, que se refleje en bajas tasas de interés que estimulen el consumo y la inversión. Si alguien piensa que una acción de ese tipo puede provocar presiones alcistas en el tipo de cambio que pueden afectar al alza a los precios de los bienes y servicios transables que, a su vez, puede afectar al alza a la inflación, está en lo correcto. Por lo que la moderación de ese efecto se lograría con un empleo cuantitativo mayor del hoy innecesariamente alto nivel de reservas internacionales del BCU. Intervenciones vendedoras de esas reservas en el mercado de cambios pueden, además, reducir el costoso stock de pasivos monetarios de la institución. Bajas tasas de interés provocan aumentos del tipo de cambio y presiones inflacionarias por lo que, para preservar lo bueno de una medida de ese tipo, se debería entrar en un sistema cambiario de flotación sucia por cierto lapso.
Recién en marzo sabremos el conjunto de políticas macroeconómicas y la mezcla de ellas que se llevará adelante. Se podrá analizar entonces sus consecuencias; se verá si esa mezcla será la adecuada para hacer crecer a la economía en un escenario de estabilidad de precios y de mejora de la competitividad sin pérdida de salario real.