Documentación contundente: Tren de UPM contraviene normativa nacional e internacional desde la perspectiva de los DDHH
Yanina Borloz: “Se está pasando por arriba de todo, y no lo decimos nosotros, si bien es un trabajo que hace tiempo lo venimos realizando no lo decimos nosotros, lo está diciendo la Institución Nacional de Derechos Humanos y desde la Universidad de la República”.
Vecinos afectados exigen al Parlamento y los gobiernos nacional y departamentales el urgente tratamiento de documentos emitidos por la Institución Nacional de Derechos Humanos –Defensoría del Pueblo, por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y por el Instituto de Teoría y Urbanismo de la Universidad de la República respecto al Proyecto Ferrocarril Central del MTOP para el traslado de mercancías de la empresa UPM.
Desde el colectivo Por el costado de la vía sostienen que “no ha existido hasta la fecha información alguna destinada a la población para garantizar el derecho a la participación exigido por la legislación nacional y tratados internacionales a los que la República Oriental del Uruguay suscribe”.
La solicitud así como los documentos mencionados fueron cursados el pasado martes 22 de octubre a Diputados, Senadores, Intendentes de Montevideo, Canelones, Florida, Durazno, Tacuarembó; Juntas Departamentales, Congreso de Intendentes, Defensoría del Vecino, Organizaciones de Derechos Humanos, Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo, Instituto de Teoría y Urbanismo, PIT-CNT, Prensa Nacional e Internacional y extendido a la población.
Consultada Yanina Borloz, integrante del colectivo de vecinos y vecinas Por el costado de la vía, explicó las características de esta contundente documentación de la que exigen se obre en consecuencia.
“La Institución Nacional de Derechos Humanos el 24 de setiembre, luego de un año de investigación, de tratamiento de este proyecto en relación a los DDHH, en esa perspectiva saca una resolución que es enviada a Presidencia, al MOVTMA, a los directores de Ordenamiento territorial, al director de la DINAMA, a Defensoría del Vecino, a la IM amparando los reclamos y las denuncias que se hicieron por parte de vecinas y vecinos.
Por otro lado incorporando un documento elaborado por la Universidad de la República, Universidad de Arquitectura Diseño y Urbanismo y el Instituto de Teoría y Urbanismo donde en su conjunto se cuestiona el proyecto ferroviario no solo parcialmente, porque se entiende que es parte de un mega emprendimiento, la necesidad que tiene la empresa para lograr rentabilidad el proyecto logístico ferroviario así como el vial y el portuario”.
Borloz manifestó que “en esos documentos se menciona normativa que está siendo violada, la ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, la ley de acceso al a información para la participación ciudadana y el Art. 47 de la Constitución de la República.
La Institución le recomienda al Estado uruguayo que respete las leyes y los acuerdos a los que Uruguay suscribe a nivel internacional en relación a los DDHH, a la protección de datos de las personas, a la responsabilidad del Estado en dar garantías y no tercerizar a que sean las empresas las que decidan si respetan o no los DDHH de las personas según sus intereses”.
Exceptuando algún acuse de recibo, los vecinos organizados no han recibido respuestas. Si bien hace pocos días de esta comunicación, los documentos tienen más de un mes de emitidos y fueron cursados a las autoridades competentes. “Eso está en manos de Presidencia, de los Ministerios y de las autoridades correspondientes, pero no ha habido ningún tipo de respuesta. Es información que se está ocultando, que se le está escondiendo a la población para que no reaccione.
Por eso resolvimos enviarlos nosotros a todos los integrantes de Cámara de Representantes, Cámara de Senadores, Comisiones, Pit-Cnt, Intendencias departamentales involucradas -las cinco Intendencias- y también al Congreso de Intendentes, a la Universidad de la República y a Organizaciones de DDHH nacionales e internacionales básicamente porque también necesitamos protegernos, proteger nuestra integridad, porque en este proceso se ha intimado a la población, se ha reprimido”.
Yanina Borloz consideró que todos “esos organismos tienen que estar enterados para defender a la gente que denuncia la corrupción y lo que hay que denunciar”.
La topadora de Rossi
No obstante, este miércoles con bombos y platillos el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi junto con la empresa encargada de las obras para la vía del Tren de UPM, anunció disponer del financiamiento necesario a través de distintos organismos internacionales de crédito.
Consultada la luchadora social contra este proyecto ferroviario, manifestó que “según la reunión que vimos por prensa estaba el ministro (Rossi), el representante legal del Consorcio Vía Central que es también el director de Saceem, Alejandro Ruibal, y es la empresa que tiene casi el monopolio de construcciones a nivel del MTOP.
Para nosotros no es sorpresa, con esos organismos internacionales este grupo de vecinos se reunió porque fueron convocados en distintas localidades a lo largo de toda la traza de los 273 kilómetros, se presentó un documento en oposición a la aprobación del préstamo.
Estamos asistiendo a un presente que pasa por arriba absolutamente toda la normativa, las leyes y atropella los DDHH fundamentales porque los organismos internacionales tienen que imponer una deuda. Y por otra parte hay un conglomerado de empresas tanto UPM, Sacyr, Saceem, Berkes, NGE que tienen puesto el ojo en este negocio.
El ministro de Transporte y Obras Públicas está oficiando como un funcionario que responde a los intereses de todas estas empresas y de todos los intereses internacionales”, sentenció Borloz.