Vázquez explicará en cadena nacional el acuerdo con UPM
La empresa invertirá U$S 3.000 millones en una planta de celulosa en pueblo Centenario en Durazno
El presidente Tabaré Vázquez explicará en cadena nacional el acuerdo alcanzado con UPM para la instalación de su segunda planta de celulosa, que se transformará en la mayor inversión privada en la historia del Uruguay.
La semana pasada la empresa finlandesa anunció su intención de invertir U$S 3.000 millones en la obra, que se desarrollará en pueblo Centenario en el departamento de Durazno. La planta brindará 10.000 puestos de empleo permanentes y generará un aumento del 2% del PBI una vez que esté operativa, en el segundo semestre de 2022.
Una vez que se conoció la noticia, desde el gobierno celebraron la inversión y destacaron que reforzaba la “imagen internacional de Uruguay en cuanto a su seguridad jurídica, estabilidad institucional, seriedad, responsabilidad y confiabilidad, para la llegada de inversiones extranjeras”.
Este lunes, el Consejo de Ministros resolvió que la mejor forma de comunicar la noticia era a través de una cadena nacional que estuviera encabezada por Vázquez. Si bien aún no se emitió la resolución oficial, fuentes del Poder Ejecutivo señalaron a El Observador que será el jueves a las 20 horas.
Las negociaciones con UPM se extendieron por más de tres años. La planta tendrá la capacidad de producir 2,1 millones de toneladas y los controles ambientales “más estrictos del mundo” para evitar que contamine, según Petri Hakanen, la máxima autoridad de UPM en Uruguay.
Los trabajos iniciales y el dragado del puerto –donde la empresa invertirá US$ 280 millones en una terminal especializada para sacar la producción– comenzarán en los próximos días, mientras que la licitación para la maquinaria y la gestión del proyecto ya están en proceso.
Los ejecutivos de la empresa se habían planteado como objetivo comunicar al gobierno su decisión definitiva antes de la realización de las elecciones internas, pero esto no pudo ser debido a que las negociaciones de los aspectos laborales se extendieron más de lo previsto.
La empresa había solicitado un marco jurídico que evitara que la primera medida de protesta fuera el piquete y a principios de julio la casa matriz de UPM en Finlandia aceptó las propuestas del gobierno, que el lunes 15 firmó una resolución que refuerza los mecanismos de prevención, instala dos oficinas cerca de la planta y establece como último punto del conflicto la ocupación.
En una conferencia de prensa realizada el día de anuncio, el director de Desarrollo de Negocios de UPM, Gonzalo Giambruno, expresó su “satisfacción” con el sistema acordado. El objetivo es que los conflictos se resuelvan a través de encuentros bipartitos “con instancias previas y escalonadas de negociación".
Sin embargo, tanto empresarios como trabajadores resaltaron en los últimos días que no existe acuerdo entre las partes en cuanto a la conflictividad, y que esa resolución no los incluye.
Este lunes, el PIT-CNT emitió un comunicado en el que afirma que "no corresponde" regular los mecanismos de prevención de conflictos mediante "una resolución del Poder Ejecutivo". "Los eventuales mecanismos de prevención de conflictos en general y también para el caso de UPM tienen naturaleza convencional y son parte sustancial de la negociación colectiva", dice la central sindical. En el texto, el PIT-CNT subraya que la "negociación colectiva" es "tradición" en Uruguay y que "de haber acuerdo", el convenio laboral se constituye cuando hay trabajadores "en el lugar de trabajo".
Los empresarios también advierten que la resolución no los incluye. Ignacio Otegui, expresidente de la Cámara de la Construcción y futuro articulador entre las partes involucradas en el proceso de construcción de UPM, dijo a El País que "aún no hay un acuerdo laboral" porque "no se firmó nada entre las cámaras, los sindicatos, la empresa y el gobierno".
Otegui dijo que "llegará el momento en que se firmen los acuerdos que faltan" pero que los empresarios no ven bien el otorgamiento de "condiciones especiales" a UPM. "Es razonable que no haya un acuerdo sobre condiciones especiales; si las hubiera, ¿qué pasaba con el resto de las empresas del país? Nos prenden fuego a todos los que participemos de un proceso así", señaló.