Anuncios de obras en el puerto no dejan atrás las polémicas

Se conocieron detalles de la terminal de UPM en Montevideo, pero siguen cuestionadas las decisiones sobre obras relacionadas

Con los datos dados a conocer por el gobierno en relación a la futura terminal marítima de la empresa UPM se reabrió la polémica por los procesos en los que se embarcará la Administración Nacional de Puertos (ANP) con el objetivo de cumplir con los tiempos para dicho emprendimiento.

La millonaria inversión para la instalación de una nueva planta de celulosa de UPM está supeditada, entre otras cosas, a la creación de una estructura portuaria adecuada para la salida, por Montevideo, de la producción de la industria instalada en Durazno.

Además de los cuestionamientos de grupos ambientalistas, por lo cual el pasado viernes se desarrolló una audiencia pública convocada por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, en el sector marítimo-portuario existe preocupación por las determinaciones que está tomando el directorio de la ANP para poder hacer lugar a la nueva infraestructura.

Según se informó en la audiencia del viernes y por parte de Presidencia de la República, “el proyecto, que fue presentado por una consultora privada, incluye ganar superficie a la bahía de Montevideo detrás del Muelle C y la ampliación de dicho muelle a ocho hectáreas, de las cuales unas cuatro ya existen, y además ocupar un espacio anexo a la Terminal de Graneles de Montevideo, donde actualmente se encuentra el obrador de la construcción de la ampliación del Muelle C y algunos servicios portuarios”.

Asimismo, se manifestó que “la obra comprende la relocalización de la actividad que se desarrolla actualmente en la zona, la demolición de ciertas estructuras, el dragado y relleno de un área donde se construirá un dique en el cual se emplazará el depósito de la celulosa”.

De acuerdo con lo relevado por El Observador, el puesto de atraque de la terminal estará en el muelle Mántaras, donde actualmente se alojan los buques pesqueros, por lo que la reubicación de estos navíos es vital.

Allí es donde se inicia la cadena de decisiones que se le cuestionan a la ANP de parte de empresarios portuarios y también de la oposición. Incluso, el propio director opositor, Juan Curbelo, se manifestó en contra de una de esas determinaciones por entenderla irregular.

Capurro

El nuevo sitio pensado para los pesqueros es Puerto Capurro, un proyecto de larga data que por distintas circunstancias ha estado estancado. Sin embargo, urgidos por los tiempos de UPM, el proyecto para Capurro tuvo una adjudicación acelerada y con cambios en las condiciones del pliego original.

Varios empresarios del sector aseguraron que esos cambios son irregulares y que se realizaron para que la ecuación económica fuera viable para el consorcio adjudicatario.

De acuerdo con lo informado por Comercio Exterior & Transporte de El Observador, fuentes empresariales indicaron que las variantes que se han introducido por parte de la ANP inciden directamente en los costos del proyecto y de la obra, “pese a que la autoridad asegura que no”.

Uno de esas fuentes aseguró (...) que “los cambios de condiciones contractuales en el puerto Capurro son groseros” porque “sacarle la responsabilidad del dragado a la empresa que tiene que construir el puerto, y decirle que no lo va a pagar la constructora porque lo va a pagar la ANP, es un cambio de las condiciones con el que varía el precio de la obra”.

En ese sentido, agregó que “es un cambio en la ecuación económica para la ANP, que asume una responsabilidad y un costo que en el pliego original no está”.

Tsakos

La terminal de UPM también está relacionada con la necesidad de mover el dique Tsakos, lo que ha generado acciones que también son cuestionadas por la oposición.

El nuevo emplazamiento de este dique precisa un dragado previo, cuya adjudicación ha sido observada por el diputado nacionalista Juan José Olaizola y por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR). Asimismo, el director Curbelo se manifestó en contra por enterderla irregular.

El problema en cuestión está en la adjudicación de la empresa dragadora. Según Olaizola, se hizo una extensión de contrato a una empresa que estaba dragando en el canal de acceso al puerto de Montevideo, pero para esto fue necesario un cambio en el objeto de la licitación original, un procedimiento que no es permitido.

Por su parte, Curbelo manifestó que esta resolución fue motivada por otra resolución que llegó a la ANP por parte del Poder Ejecutivo y que en cualquiera de los dos casos se están cometiendo irregularidades.

Hacer esa extensión del contrato “es ilegal”, indicó Curbelo, quien aseguró que de las cláusulas que rigen el contrato de referencia “surge claramente que el objeto es el dragado de mantenimiento y corrección en el canal de acceso al puerto de Montevideo, de acuerdo con los planos y referencia adjuntas en el contrato y pliego”.

Asimismo, el jerarca sostuvo que “para dragar las zonas de acceso y fosa de emplazamiento del dique flotante y terminal pesquera Capurro, o bien se tiene que hacer un nuevo llamado a licitación pública o, lo que es más razonable y acorde a la situación financiera y administrativa de la ANP, utilizar la draga recientemente adquirida en la cual la actual administración invirtió varias decenas de millones de dólares”.

Las autoridades informaron que la fecha de comienzo de la obra será una determinación de la empresa UPM y que los trabajos isumirán casi tres años. Mientras tanto, las polémicas y los reclamos en los procesos mencionados, seguirán generando pedidos de informes y llamados al Parlamento de las autoridades relacionadas con los asuntos portuarios.

El inicio de la obra será definido por la empresa UPM e insumirá 33 meses en los cuales ocupará a unas 100 personas por mes aumentando a 220 en el último trimestre. El tránsito previsto será de 30 camiones por día, siete trenes diarios de los cuales seis cargarán celulosa, y uno los productos químicos, también está previsto un tráfico marítimo. l

Diario EL OBSERVADOR - Montevideo - URUGUAY - 29 abril 2019