AL BORDE DEL REGLAMENTO
Control obrero en MontevideoGas desafió al gobierno y a la Justicia
Sindicato del gas desalojó tras 12 horas de ocupación y amenaza con huelga de hambre.
Los trabajadores de MontevideoGas desoyeron ayer a la Justicia y activaron el control obrero de la empresa, una medida en la que el gobierno no intervino aduciendo que el conflicto ya se encontraba en la órbita judicial.
A la planta de la multinacional Petrobras, ubicada en General Flores y Coronel Euclides Salari en pleno Cerrito de la Victoria, llegaron ayer los más variopintos dirigentes sindicales, activistas por los derechos humanos y hasta el extupamaro Jorge Zabalza quien denunció al Frente Amplio por desalojar a los trabajadores.
Luego de más de 12 horas de control obrero, los trabajadores desalojaron las instalaciones tras una orden judicial que fue presentada por los negociadores del Ministerio del Interior, secundados por efectivos policiales.
Fue una jornada intensa para los más de ochenta trabajadores que activaron la medida en el local operativo técnico, mientras, otro grupo de 40 empleados se encontraba en las oficinas del local administrativo y comercial en Ciudad Vieja aplicando medidas similares.
Quienes tuvieron un destacado rol ayer fueron los diputados del Frente Amplio integrantes de la Comisión de Legislación del Trabajo, Luis Puig del Partido por la Victoria del Pueblo, (extrabajador del gas) y Gerardo Núñez (Partido Comunista) que en paralelo a la medida, intentaron sin éxito una salida al conflicto. En este caso, la empresa se negó a negociar con ellos dado que el caso ya se encontraba en la Justicia.
Los trabajadores que acataron la resolución judicial y liberaron finalmente las instalaciones, amenazan ahora con llevar adelante desde el lunes próximo una huelga de hambre en la puerta del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM). Reclaman que la multinacional brasileña se retire del país y pierda la concesión de gas natural.
Por otro lado, quien también desempeñó un destacado rol en las negociaciones, esta vez con el Ministerio del Interior al momento del desalojo, fue el secretario general del Pit-Cnt, Marcelo Abdala. También estuvieron acompañando la medida en el interior de las instalaciones de MontevideoGas, José Lorenzo López de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) y Martín Pereira de COFE y de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP). Sobre el final del control obrero, se adhirió la líder de Plenaria, Memoria y Justicia, Irma Leites.
Unos minutos antes de que la Policía concretara el desalojo, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, realizó una conferencia de prensa, en la que recordó que el decreto 165/006 de 2006, aprobado por el primer gobierno de Tabaré Vázquez, permite las ocupaciones como parte del derecho de huelga, pero establece que los trabajadores “no podrán asumir el giro o funcionamiento normal de la empresa, salvo en aquellos casos en que el empleador haya abandonado la explotación o no tenga representante en el país”.
Y afirmó que hace un mes el Ministerio de Trabajo informó a las dos partes que “no era procedente el control obrero de una empresa”, lo mismo que el miércoles indicó la Justicia. “Es la confirmación de que estábamos en una posición correcta. La sentencia resuelve en el mismo sentido que habíamos transmitido a la empresa y al sindicato hace un mes”, indicó Murro. Sostuvo que, si no hubiera existido ese fallo, el Ministerio de Trabajo tendría que haber solicitado el desalojo en forma directa al Ministerio del Interior. “Pero hemos actuado de acuerdo a Derecho, dando prioridad a la sentencia judicial, que es más que una resolución del ministerio. Hicimos lo que teníamos que hacer”, indicó Murro, quien ayer a las 12:45 concurrió personalmente al juzgado civil de 16 turno a conversar con el juez y luego notificó al Ministerio del Interior.
Tono desafiante
En la empresa no cayó para nada bien la activación del control obrero por parte de los trabajadores. Es que unas 24 horas antes, el juez Hugo Rundie había hecho lugar al recurso de amparo presentado por la empresa y de esta forma, prohibió al sindicato activar la medida. Sin embargo, los trabajadores desoyeron la resolución y en un tono desafiante desencadenaron la molestia en el Poder Ejecutivo y en la multinacional que definió presentar una denuncia penal por incumplimiento de la orden judicial.
En un comunicado, la empresa señaló que los trabajadores ignoraron la decisión judicial: “MontevideoGas manifiesta su enorme preocupación y sigue esperando la resolución inmediata, de esta situación que está en abierta contradicción con la normativa vigente y con una decisión judicial explícita”.
Por su parte, el integrante del sindicato del gas, Alejandro Acosta, pidió a la empresa contratar a los 37 trabajadores despedidos, al tiempo que denunció la “pésima gestión de Petrobras ya que no le interesa estar al frente de la concesión de gas natural”, apuntó.
A todo esto, el gobierno de Brasil sigue con especial atención el avance de las negociaciones entre el sindicato y la multinacional. Petrobras ya “inició negociaciones con el gobierno para la recomposición de la ecuación económico-financiera de la concesión”
Tres visiones.
MINISTRO DE TRABAJO
Ernesto Murro. Foto: Fernando Ponzetto
Ernesto Murro
“Actuamos de acuerdo a Derecho, dando prioridad a la sentencia del Poder Judicial. Hicimos lo que teníamos que hacer. Yo es la primera vez que como ministro voy personalmente a un juzgado”.
SENADOR DEL PARTIDO NACIONAL
Alvaro Delgado - Senador blanco
Álvaro Delgado
“El decreto 165 del 2006, que habilita las ocupaciones de los lugares de trabajo, impide el control obrero. Más allá del desacato judicial, el Ministerio de Trabajo tendría que haber actuado”.
EXTUPAMARO
Jorge Zabalza. Foto: Marcelo Bonjour
Jorge Zabalza
“La Justicia manda a desalojar trabajadores mientras le saca la tobillera electrónica a Gavazzo (...) el Frente Amplio no es de izquierda, porque desaloja trabajadores”.
El sindicato pasó un límite, dicen expertos
El sindicato de trabajadores del gas rompió un límite respetado tradicionalmente en el movimiento sindical uruguayo, ya que el control obrero de una empresa no forma parte del derecho de huelga y es una medida ilícita en el país. Esa es la opinión prácticamente unánime de los expertos en derecho laboral. El País consultó a tres de ellos: el profesor grado cinco Juan Raso Delgue, el abogado laboralista y exministro de Trabajo (2002-2005) Santiago Pérez del Castillo y el director del Instituto de Derecho del Trabajo de la Universidad de la República, Hugo Barretto.
“El control obrero no es una medida licita en Uruguay ni en ninguna parte del mundo”, afirmó Pérez del Castillo. “Es una manifestación de las carencias que existen en las relaciones laborales, sobre todo cuando no tienen vías propias de solución pacífica para los conflictos”, agregó.
Barretto dijo que el control obrero es una práctica distinta a la ocupación, que sí “es una medida asegurativa de la efectividad de la huelga”. En cambio, en un caso como el de Montevideo Gas “no es parte del derecho de huelga”, ya que “el trabajador ocupa pero a su vez trabaja sin el poder directivo del empleador”, indicó.
Raso, por último, ve el tema “con preocupación”, dado que el control obrero es “una vuelta de tuerca, un aumento de voltaje de la ocupación, una modalidad que escapa al sistema jurídico del derecho de trabajo nacional y rompe el equilibrio”. Raso entiende que hay límites que deben respetarse: “Al tomar la conducción de la empresa, estamos al margen del sistema de relaciones laborales. Y es grave si se plantea el desconocimiento de una medida judicial”.
El antecedente de imprenta Vanni, con el peor final
El caso más reciente de control obrero ocurrió hace 14 años, pero el contexto fue bien distinto. En agosto de 2005, la empresa Impresos Vanni -que tenía una situación económica muy complicada- envió al seguro de paro a sus empleados, por lo cual el sindicato ocupó la planta. Dos meses después los ocupantes formaron la cooperativa Coprograf y comenzaron a gestionar la empresa, utilizando las instalaciones y las máquinas. Según las crónicas de El País de aquel año, la decisión de producir en la fábrica ocupada no contó con el respaldo del Pit-Cnt, cuya posición era que en las ocupaciones se lacrara todo y se levantaran actas de lo que había. En marzo de 2006, el juez penal Jorge Díaz -hoy fiscal de Corte- procesó a 62 ocupantes por el delito de apropiación indebida, porque del derecho sindical de ocupar pasaron a usar la planta para fines propios. Pero en diciembre un tribunal de apelaciones revocó los procesamientos. La historia terminó con el peor final: el remate de la planta y la perdida de los puestos de trabajo.
Diario EL PAIS - Montevideo - URUGUAY - 25 abril 2019