Conexión Ganadera, un déficit patrimonial de U$S 230 millones y una quiebra “inevitable”
El director de la empresa Conexión Ganadera, Pablo Carrasco, realizó un streaming donde presentó un estado de situación a cargo del contador y asesor financiero, Ricardo Giovio. El experto en procesos de liquidación de empresas aclaró que fue contratado para realizar un informe independiente sobre los grandes números de la empresa y sus satélites, así como también plantear escenarios de salida para que los 4.200 inversores puedan recuperar la mayor cantidad de capital posible.
Uno de las primeras advertencias que realizó es que es Conexión Ganadera “no es una empresa auditable” porque sus balances “no reflejan la realidad”. Una auditoría insumiría un plazo de 120 días y es necesario contar con números claros y rápido para saber “dónde estamos”, de acuerdo al contador. Según sus estimaciones, realizadas en un plazo de 15 días, la empresa tiene un desfasaje entre activo y pasivo de unos U$S 230 millones. “Se cayó la empresa del país más grande del rubro. No esperen un mensaje esperanzador para recuperar el 100%”, aclaró. Reiteró que urgía tramitar el “concurso necesario” de la empresa para que la Justicia designe un síndico que pueda velar por los activos, ya que no se puede morir un animal por no comer o dejar de pagar los sueldos para el funcionamiento actual de Conexión Ganadera. Giovio anticipó que habrá una “batalla legal” de los inversores porque hay algunos que tienen animales bajo su propiedad y otros no.
Se estima que un 25% de los inversores tiene ganado bajo su propiedad y otro 75% no lo tiene, aunque los contratos son “muy malos”. Admitió que era un problema avanzar en una salida con más de 4.000 inversores, por lo que sugirió crear un grupo de 20 abogados para buscar una salida que permitiría recuperar al inicio el 40% del capital en un plazo de siete u ocho años. Esa nueva empresa arrancaría con un activo de U$S 150 millones, con algo más de 100 mil cabezas de ganado, y tendría una rentabilidad de 6% anual sin deudas. El experto consideró que con una liquidación inmediata se podría recuperar el 10% o un acuerdo privado durante el concurso que permitiría recuperar aproximadamente el 40% del capital. Esta última salida implicaría que se contratara a un managment externo para que gestione el negocio. “Va a ser una nueva empresa, sana”, explicó Giovio. Añadió que una opción podría ser abrir el capital en el mercado secundario para que eventualmente puedan retirarse inversores actuales e ingresar nuevos. “Una salida privada solo es posible en un escenario de igualdad de los acreedores frente a los activos”, aclaró. Esa salida implicaría que los responsables de Conexión Ganadera sean eximidos por posibles delitos penales como estafa o apropiación indebida. Para un Acuerdo Privado de Reorganización se requiere el aval de 1.510 inversores, mientras que para la liquidación alcanza con unos 570 inversores.
Esquema Ponzi
A juicio de Giovio, más allá de lo que pasó previamente con Grupo Larrarte o República Ganadera, la caída de Conexión Ganadera era “inevitable” porque no tenía un problema de liquidez sino de “solvencia”. Expuso que los inversores apostaron al “prestigio”, de 25 años de la empresa. Comentó que ante un negocio que ofrecía una renta fija a sus inversores con una renta variable en su funcionamiento terminó como un esquema Ponzi, también conocida como estafa piramidal. “Acá no hay dos lecturas: tapo lo que me falta con lo que entra”, ejemplificó. Por cada U$S 1 de ingreso la empresa debía pagar U$S 4 a sus inversores. Según el contador, el negocio terminó en una “timba” ya que en años complicados por precios o clima, la empresa perdió 20% o 30%, unos U$S 50 millones anuales, mientras que pagaba unos U$S 40 millones de intereses por año. El grupo de Conexión Ganadera, que incluye campos y frigorífico, tenía activos en ganado por U$S 100 millones, y otros U$S 58 millones en créditos a frigoríficos y campos, lo que totaliza U$S 158 millones. En tanto, su pasivo es de U$S 388 millones, con un capital de inversores de U$S 384 millones. Eso determina un déficit patrimonial de U$S 230 millones.