Una primera evaluación de la nueva política de precios para los combustibles
Privilegiar los subsidios cruzados para que las cuentas de Ancap cierren, implica renunciar a que los precios de los combustibles sean más competitivos.El actual gobierno fue crítico con el uso de la regla del Precio de Paridad de Importación (PPI) parala fijación de los precios de los combustibles, a tal punto que su fuerza política intentó derogar —sin éxito—los artículos 235, 236 y 237 de la LUC.
Además, las Bases Programáticas 2024 del Frente Amplio, así como declaraciones realizadas durante la campaña electoral, insinuaban cambios en la política de fijación de precios.
Por lo tanto, no era de extrañar que a partir del 1ro de marzo de 2025 se vieran iniciativas en este campo. Y si bien los cambios impulsados hasta ahora no han modificado la legislación vigente, tenemos elementos de juicio suficientes para hacer una valoración preliminar de la nueva política. Para ello, partiré definiendo cuáles deberían ser los criterios de fijación de precios a mi entender:
1. Primero que nada, para un país pequeño cuya única estrategia de mayor crecimiento (objetivo que comparten todos) requiere orientarse hacia los mercados internacionales, entre otras cosas los precios de los combustibles deberían ser más competitivos que en la actualidad, ya que hoy son insumos caros que afectan la matriz de producción de manera generalizada, así como para el transporte de bienes y personas asociados a la misma.
2. Cuando el país en cuestión no dispone de petróleo —-materia prima de dichos combustibles— la referencia para la competitividad está en los precios internacionales, ya que a esos precios pueden acceder los países que compiten con la producción nacional.
3. Lo anterior es válido también para un país que, sin disponer de petróleo, decide refinarlo internamente. Más aún cuando hablamos de una refinería que es estatal y opera en régimen de monopolio legal. En este caso, el uso de los precios internacionales para la determinación de los precios internos pasa a ser ineludible a la hora de evaluar si la política de precios está orientada a la competitividad. Y sabemos que nos va mal en esa comparación.
4. Si se entiende oportuno subsidiar el consumo de otros combustibles (como el supergás) u otras actividades del grupo económico de la empresa monopólica (portland, biocombustibles, etc), dichos subsidios deberían ser explícitos y financiados por Rentas Generales.
5. La opción de financiar estos subsidios mediante recargos en los otros combustibles (subsidios cruzados) no solo es una práctica inadecuada desde el punto de vista institucional. También afecta negativamente la competitividad de la producción local al encarecerlos.
La nueva política se basa en los siguientes criterios:
a. Prioriza equilibrio de las cuentas globales de Ancap, manteniendo subsidios y actividades a pérdida con cargo a tarifas de naftas y gasoil (subsidios cruzados). Lo ha mencionado explícitamente la ministra y así se desprende del nuevo concepto “factor de estabilización” (¡de las finanzas de Ancap!) fijado ahora en 1,5 pesos por litro de combustible, el que se ajustará una vez por año para cumplir con lo anterior.
b. El criterio PPI se mantendrá como eje, pero sumándole lo anterior.
c. Introducción de mecanismos que pretenden darle estabilidad a los precios domésticos: i) ajustar cada dos meses en función del promedio del PPI del bimestre anterior; ii) los ajustes bimestrales que tengan origen en variaciones del PPI no superarán en ningún caso el 7% para arriba o para abajo.
Nuestra evaluación de la nueva política
A la luz de los criterios que nosotros consideramos, la nueva política luce francamente inconveniente, sobre todo para la competitividad de la producción nacional. En efecto, privilegiar los subsidios cruzados para que las cuentas de Ancap cierren como se desprende del criterio a), implica renunciar a que los precios de los combustibles sean más competitivos. Ya en estos 3 meses que corren desde marzo, las reducciones de precios internacionales han significado bajas en el PPI de naftas y gasoil, que el gobierno no trasladó a precios domésticos (ver informes de la Ursea). Si bien no tengo la información necesaria para un análisis cuantitativo preciso, eso significa que el “factor de compensación” de 1,5 pesos por litro ha implicado precios domésticos menos competitivos que antes.
Asimismo, ello no puede atribuirse al subsidio del supergás, ya que el PPI en ese caso se redujo cerca de 16% a pie de planta, mientras que el precio al consumidor se mantuvo invariado, lo que demuestra, sin lugar a duda, que se ha reducido, también en beneficio de Ancap.
Además, el subsidio cruzado es inconveniente por otras razones. 1) todo subsidio debería ser con cargo a rentas generales, esto es, financiado con impuestos. Al optar por este mecanismo, estos subsidios (y su carga impositiva) no pasan por el Parlamento, sino que son una decisión discrecional del Poder Ejecutivo, algo negativo desde el punto de vista institucional. 2) no genera incentivos para que el gobierno reduzca las pérdidas endémicas en actividades paralelas como el portland, la cal y los biocombustibles. Todas esas ineficiencias seguirán cargando la mochila de costos de la producción local y afectando a los consumidores.
Por último, los mecanismos orientados a estabilizar los precios domésticos no son de mucha utilidad porque para la competitividad lo relevante es acceder a combustibles a precios competitivos con una expectativa de mediano-largo plazo, que es el horizonte donde se evalúa la rentabilidad empresarial. Ajustes bimestrales o mensuales no cambia dicha evaluación. Lo mismo sucede con la banda de 7% porque a la larga toda variación de PPI se termina trasladando. Por lo tanto, el criterio de priorizar las finanzas de Ancap con el agregado del “factor de estabilización” que hoy es de 1,5 pesos por litro, pero en años futuros podría incrementarse, opera como una espada de Damocles para la evaluación de inversiones, más que una garantía.