Organizaciones rechazan avance forestal: llaman a un “diálogo profundo y abierto sobre el modelo de desarrollo” que tiene el país
Más de 90 organizaciones socioambientales, sindicatos, productores familiares y otros colectivos afirman que “existen otras alternativas para mejorar las oportunidades de vida y trabajo de nuestro pueblo”, y marcan la importancia de pensar en la defensa de las comunidades locales, el agua y los ecosistemas.
Más de 90 colectivos emitieron un comunicado en el que manifiestan su “profunda preocupación y rechazo” a las declaraciones del secretario de Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, en las que hace referencia a “expandir el área de monocultivos forestales” y de la Sociedad de Productores Forestales, que apuntan a “flexibilizar las normas y procesos de estudio de impacto ambiental de las plantaciones”.
Entre los firmantes se encuentran organizaciones socioambientales históricas –como la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida–, colectivos locales –como la Asamblea Hue Mirī en Defensa de la Cuenca de la Laguna Merín, la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía y el Colectivo de Guichón por los Bienes Naturales–, varias agrupaciones de mujeres rurales organizadas, la Mesa Nacional de Colonos, la Sociedad Fomento Rural de Puntas Arroyo Negro, la Red de Agroecología del Uruguay, la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, sindicatos –como la Federación de Funcionarios de OSE y la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República– y muchos más.
Los colectivos buscaron redactar una carta dirigida a la “sociedad uruguaya”, el gobierno y los parlamentarios que pudiera agrupar las diferentes perspectivas. Por esta razón, decidieron tomarse un tiempo para pensar su respuesta a las declaraciones del jerarca y la gremial. En este marco, exigen un “urgente diálogo profundo y abierto sobre el modelo de desarrollo, reconociendo que existen otras alternativas para mejorar las oportunidades de vida y trabajo de nuestro pueblo, distribuyendo la tierra para habitarla y trabajarla con respeto a la naturaleza, desconcentrando la riqueza y promoviendo el arraigo en los territorios con servicios y oportunidades de calidad para las presentes y futuras generaciones”.
“No viven familias”
“Nuestro país lleva más de 35 años de expansión sin interrupciones de los monocultivos de eucaliptus y pinos, con una promesa de empleo y desarrollo que no se refleja en los datos públicos de la Encuesta Continua de Hogares (INE): en los últimos 17 años, aunque se han instalado tres plantas de celulosa y se forestaron 400.000 hectáreas nuevas, no han crecido los puestos de trabajo en la cadena forestal. Además, el 46% de los trabajadores forestales son informales y solamente el 9% son mujeres; lo que indica la fuerte desigualdad en el sector. Es más, en 2018 cerró la industria nacional Fanapel, y recientemente Lumin ha enviado a 700 trabajadores al seguro de paro, lo que muestra la incapacidad del sector para generar empleo en cantidad y calidad”, expresan en la misiva las organizaciones.
Por otro lado, subrayan que la expansión de la forestación se ha realizado “sobre tierras en las que vivían y trabajaban productores de otros rubros, en especial ganaderos, haciendo perder empleos y tierras para vivir y producir, vinculadas a nuestro principal ecosistema, el campo natural”. Según consta en la nueva colección de MapBiomas Uruguay, entre 1985 y 2024, siete departamentos perdieron entre 31% y 55% de sus pastizales; además, 2,9 millones de hectáreas de campo natural fueron convertidas a agricultura, que aumentó 136% su superficie, y forestación, que aumentó su extensión en 916%.
“En las tierras forestadas no viven familias; son campos vacíos controlados por grandes empresas que concentran tierra como ningún otro rubro. De hecho, las y los productores/as familiares que permanecen viviendo y trabajando en nuestro campo padecen un conjunto de problemas vinculados al avance forestal: falta de agua (seca de manantiales y cañadas), aumento de animales que afectan la producción ovina (como el jabalí), dificultades crecientes para el acceso al pastoreo o arrendamiento en campo natural, pérdida de redes vecinales de apoyo mutuo, deterioro constante de la caminería rural, riesgos de incendios incontrolables, mayores dificultades para el control de la garrapata y la brucelosis, entre otros”, aseveran las organizaciones.
Conflictos socioambientales
Los colectivos argumentan que “diversas investigaciones independientes de la Universidad de la República, e incluso investigaciones apoyadas y financiadas por las empresas forestales, han demostrado que el monocultivo forestal merma de forma significativa el agua disponible en las cuencas y la capacidad de recarga de los acuíferos, acidifica, compacta y saliniza el suelo perdiendo fertilidad, genera pérdida de biodiversidad y afecta el sistema inmunológico de abejas”. También sostienen que “el uso intensivo de plaguicidas y fertilizantes, algunos prohibidos en la Unión Europea [como el fipronil o el paraquat], durante el primer año y medio de plantación, afecta los ecosistemas por deriva, bioacumulación y envenenamiento de fauna nativa [por ejemplo, la mulita] y contamina cañadas, arroyos y ríos que sirven de acceso al agua potable y de calidad para los habitantes del lugar y para las tomas de OSE de las poblaciones circundantes”.
Las organizaciones preguntan: “¿Acaso la realidad no nos está mostrando que es urgente hablar de la prioridad del agua? Quienes gobiernan están negando sistemáticamente la voluntad popular plasmada en el artículo 47 de la Constitución de la República [...] que asegura que la gestión, la planificación y el control de todas nuestras aguas superficiales y subterráneas no pueden llevarse adelante sin la participación ciudadana”.
Enseguida, destacan los “continuos incumplimientos de las normas ambientales en viveros, plantaciones forestales y desastres ambientales producidos en los derrames de las plantas de celulosa”. “Continuamente las organizaciones y vecinos/as que permanecemos en el campo denunciamos las acciones irregulares de estas empresas, como los casos recientes en Guichón y el vivero Santana, Puntas del Parao, Quebrada de los Cuervos, isla Patrulla o arroyo Negro. La respuesta ha sido pagar multas irrisorias, sin restauraciones, y vuelven a cometer las mismas irregularidades sistemáticamente”, lamentan.
Varios de estos conflictos socioambientales los hemos contado en estas páginas. Uno de ellos, que tuvo su apogeo en 2022 pero tiene una larga historia, se desató a partir de la denuncia protagonizada por vecinos de Guichón, donde relataban que un vivero de UPM desaguaba contaminantes en una cañada afluente del arroyo Santana. En el mismo año, el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca detectó que el emprendimiento utilizó agroquímicos que no estaban permitidos para su uso en el sector. Sin embargo, a raíz de una solicitud de la Sociedad de Productores Forestales, la cartera autorizó nuevas sustancias para uso de los viveros; entre ellos está la abamectina, un insecticida considerado “muy peligroso” por la Organización Mundial de la Salud. La comunidad exigió la “reparación de los daños al ambiente” y manifestó su preocupación por el accionar de los tomadores de decisiones de aquel momento.
Por otro lado, varias organizaciones y académicos han advertido que los derrames de las plantas de celulosa han dejado en evidencia un sistema de control que “termina siendo un estímulo a la contaminación”. Y varias problemáticas continúan. Por ejemplo, vecinas y vecinos de Puntas del Parao, localidad de Treinta y Tres, denunciaron a dos empresas forestales que llevaron adelante plantaciones de eucaliptos sin autorización a comienzos de este año, en una zona donde se ubican las nacientes de varios cursos de agua, incluido el río Tacuarí. El Ministerio de Ambiente detectó la situación, intimó a las compañías a detener sus actividades y las multó. No obstante, la comunidad exige mayores controles en el territorio y la restauración de los ecosistemas. Incluso este pedido fue trasladado personalmente a las autoridades durante la primera Comisión de Cuenca del río Tacuarí, que tuvo lugar el 1° de noviembre en la localidad.
Una nueva denuncia y una propuesta de alternativa
Una de las compañías que instalaron plantaciones forestales sin autorización en Puntas del Parao se llama FEUS Negocios Forestales. En un documento del Ministerio de Ambiente fechado el 14 de octubre, que fue difundido por la diaria, la cartera indica que cometió una “infracción grave”. Eleva una multa de 1.000 unidades reajustables por haber plantado sin autorización ambiental previa, “afectando sitios priorizados para la conservación y patrimonio arqueológico”, e intima a “regularizar la plantación” incluyendo un “plan de restauración”. El 12 de noviembre, según consta en una denuncia presentada ante el Ministerio de Ambiente por la Asamblea Hue Mirī, locales vieron a “una camioneta de la empresa en el predio remolcando un tanque de herbicida” y “en los días posteriores se detecta el efecto del herbicida entre las líneas de eucaliptus”.
La organización alertó a la cartera que “la empresa hace caso omiso” a sus mandatos y “nuevamente aplica herbicidas entre los eucaliptus plantados ilegalmente” en uno de sus padrones. Beatriz Rivero, vecina y productora familiar, dice que siente “cansancio e impotencia”, porque las respuestas que recibe de las autoridades no son las que esperaba y les pide que “sean un poco más severos”. “Los árboles siguen creciendo. La gente sigue incumpliendo, sigue aplicando herbicidas. Uno hace el sacrificio de llamar, de ir y venir. Te piden esto, lo otro, les hemos dado fotos, ubicaciones. ¿Para qué? Vos gastás el tiempo y ellos saben todo mejor que uno. Nosotros queremos otra cosa, pero nos dicen que todo lleva un tiempo”, relata.
Ella vivió toda su vida en las inmediaciones, pero hace 38 años está radicada cerca de Puntas del Parao. “Tenía 20 años cuando me vine de mi zona, que era poblada, llena de pequeños productores. Los campos alrededor de donde yo nací están todos forestados. Hay forestación chica y otras grandes. La población ha disminuido, las escuelas han cerrado por falta de alumnos, de niños. Yo veo que las forestaciones vienen creciendo y creciendo y los productores chicos van desapareciendo. Incluso en las estancias grandes no hay trabajo y la gente se va”, dice. Sostiene que hay gente que necesita campo para vivir y, parte de lo que vienen pensando junto con la Asamblea Hue Mirī, es proponer que los predios que fueron forestados sin autorización puedan ser comprados por el Instituto Nacional de Colonización para que se lleven adelante proyectos que cuiden el agua y el monte nativo, dada su relevante ubicación. Remarca que no se quiere ir del lugar y que “hay que seguir peleando, no queda otra”
“Las regulaciones ambientales que hoy se presentan son los últimos frenos que impiden que la lógica de la rentabilidad arrase con la vida”
Los colectivos manifiestan que “las plantaciones forestales y las grandes obras industriales han afectado y destruido sitios arqueológicos y sagrados”. “Todos estos procesos han tenido el respaldo del Estado a través de obras de infraestructuras de uso prioritario pagadas por el pueblo, exoneraciones de impuestos en las plantaciones y en las zonas francas industriales, agravando la injusticia tributaria, con el fin de ‘promover’ un sector que envía al extranjero la riqueza generada, a la vez que exporta agua y fertilidad de suelos en forma de madera y celulosa”, declaran. Y agregan que les “preocupa profundamente ver cómo el modelo forestal avanza sobre el territorio como si fuera infinito y sin memoria”.
Entienden que “las regulaciones ambientales que hoy se presentan son los últimos frenos que impiden que la lógica de la rentabilidad arrase con el agua, el suelo y la biodiversidad, con la vida”. “Cuando se habla de expandir millones de hectáreas de monocultivos sin nombrar el agua, las comunidades locales, ni el monte nativo, los pastizales naturales o la fauna nativa, algo está profundamente desbalanceado. La diversidad es salud; el territorio es cuerpo, casa y memoria. Un modelo que uniformiza y empobrece la vida hoy no es progreso, es pérdida y destrucción. Es nuestro derecho y también nuestra responsabilidad que las decisiones territoriales honren la biodiversidad, al agua, el suelo y la memoria de quienes estuvieron antes y de quienes vendrán después. Sólo así podremos legar un territorio vivo y sano para las próximas generaciones. Por todas estas razones y tantas otras que padecen nuestras vecinas y vecinos en cada rincón del territorio, planteamos que no queremos ni una hectárea más forestada con monocultivos”, finalizan.