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“Tensiones de liquidez”: uno de los dueños de Cardama se negó a firmar el balance de 2024
El astillero debió reestructurar su deuda con el Banco Santander en el último tiempo y su beneficio neto cayó un 69% de un año a otro.El astillero español Francisco Cardama S. A., compañía española con la que el gobierno decidió rescindir el contrato de las dos patrullas oceánicas tipo OPV para la Armada Nacional, ha atravesado en los últimos tiempos una delicada situación económica y societaria, resumida en un conflicto interno entre sus principales accionistas y problemas de liquidez en sus cuentas.
El Poder Ejecutivo anunció este miércoles el inicio de los trámites de ruptura del acuerdo con la compañía por un monto de unos € 82 millones. La medida se adoptó luego de que el gobierno detectara irregularidades en una de las garantías, por lo que se presentarán este viernes acciones judiciales civiles y penales por presunto fraude o estafa.
Según información publicada por el medio local Economía Digital, Cardama admitió en su último balance “tensiones de liquidez” que afectaban su capacidad para cumplir con los plazos. El contrato con Uruguay era actualmente el de mayor valor en ejecución para el astillero y la empresa había previsto colocar la quilla del primer buque en mayo de este año y la del segundo en diciembre.
En su informe de 2024, Cardama explicó que esas tensiones financieras estaban relacionadas con los pagos pendientes de varios contratos internacionales —entre ellos uno con el gobierno de Senegal— y con los costos de un buque de inspección pesquera que el astillero había terminado tras adquirirlo en una subasta pública. La compañía indicó que, en ese caso, se produjo, además, un deterioro de crédito por unos € 4,1 millones.
De acuerdo con los datos contables, la facturación del astillero creció un 31% durante el último ejercicio, alcanzando los 13,3 millones de euros. Sin embargo, el beneficio neto cayó más de un 69%, pasando de € 324.723 en 2023 a € 99.823 en 2024.
La situación de liquidez llevó a Cardama a reestructurar su deuda con el Banco Santander, en el marco de las operaciones vinculadas a los proyectos que había heredado de otras compañías, y a solicitar asistencia financiera al Instituto Galego de Promoción Económica (Igape). Este organismo público le otorgó un préstamo por € 1 millón, con un plazo de ocho años y un período de carencia inicial.
La documentación contable también detalla que la reestructuración de deuda incluye “acuerdos de obligación de venta en caso de recibir una oferta formal por un importe determinado en el plazo de 60 días desde su presentación efectiva”, lo que apunta a cláusulas asociadas a los activos comprometidos del astillero.
A los problemas financieros se suma un conflicto societario. El empresario José García Costas —expresidente de la Cámara de Comercio de Vigo que controla el 39,6% del capital de Cardama a través de su empresa Groupmar— se negó a firmar las cuentas de la empresa de 2024. El restante 59,8% pertenece a Imbeira SL, sociedad liderada por el empresario Mario Cardama.