Contrato con Cardama establece que ante rescisión por incumplimiento los buques pasan al Estado uruguayo
En una cláusula incorporada durante el proceso de negociación con la empresa se consigna que la “propiedad de lo hasta ese momento construido será transferida de pleno derecho al Ministerio de Defensa”.Todo empezó con una conferencia con tapabocas en Torre Ejecutiva. Era diciembre de 2021 y el entonces presidente Luis Lacalle Pou —junto a su ministro de Defensa, Javier García, el subsecretario Rivera Elgue y el comandante de la Armada, Jorge Wilson— anunciaba un “hito importantísimo” para la “soberanía” uruguaya: el inicio de un proceso de compra de dos patrullas oceánicas.
Se trataba de un reclamo de larga data, que había recibido años antes un respaldo de todos los partidos en el Parlamento, pero que muy pronto se transformaría en una nueva trinchera entre los dos bloques políticos del país, con un trasfondo que incluyó presiones geopolíticas y comerciales, así como acusaciones de irregularidades a lo largo del proceso.
Dos años después de la primera conferencia de prensa, y tras un fallido primer llamado a precios, en diciembre de 2023 el gobierno de Lacalle Pou adjudicó a la astillera española Cardama la construcción de los dos buques.
Pero lejos de terminar, eso fue solo el inicio de un largo debate que trascendió el cambio de gobierno y tuvo su más reciente y sorpresivo capítulo este miércoles, cuando el presidente Yamandú Orsi anunció la rescisión del contrato con Cardama por incumplimientos en la actualización de sus garantías y por un presunto fraude en la presentación del aval.
La rescisión es cuestionada tanto por la empresa Cardama como por la actual oposición, bajo el argumento de que el objeto del contrato —la construcción de los buques— ha avanzado sin mayores problemas, y que los incumplimientos en la garantía no son más que un asunto “lateral”.
Todo ello abre ahora un nuevo capítulo vinculado a qué ocurre con los pagos ya efectuados —en torno a los 30 millones de dólares—, el cobro de la garantía —por unos 4,2 millones de dólares—, y otros posibles reclamos por daños y perjuicios.
La firma y la cláusula
El 15 de diciembre de 2023 se firmó en la sede del Ministerio de Defensa Nacional el contrato entre el Estado uruguayo y el astillero español Cardama por la compra de dos Buques de Patrulla Oceánica (OPV), por un total de 82 millones de euros.
A esa fecha se había llegado luego de un largo y fastidioso proceso, en el que el ministerio estudió ofertas de empresas de China, Países Bajos y Francia. Una propuesta de China Shipbuilding Trading Co (CSTC) había sido la mejor puntuada inicialmente, pero enseguida aparecieron las dudas: los otros oferentes cuestionaron los procedimientos y el gobierno de Estados Unidos transmitió preocupación por la posible compra de insumos militares a China, según informó en su momento El Observador.
Tras unos meses de discusión, esa primera opción quedó por el camino, aduciendo que su monto superaba el previsto por el gobierno. Allí comenzó una segunda búsqueda de una oferta que satisficiera las necesidades uruguayas.
Cardama, la elegida finalmente, recibió el visto bueno del entonces comandante de la Armada, Jorge Wilson, así como del actual, José Elizondo. De modo contrario, el entonces jefe del Estado Mayor de la Armada Nacional, Gustavo Musso, ubicó en último lugar a Cardama y renunció luego.
En un memorándum (informe sobre el contenido del contrato y reflexiones al respecto) elaborado por el Estudio Delpiazzo Abogados cinco días después de firmado el contrato con Cardama, al que accedió El País, se detallan una series de reuniones entre las autoridades del Ministerio de Defensa y los asesores jurídicos en las que se fueron confeccionando diferentes borradores del contrato.
En ese proceso, que fue del 3 de octubre al 15 de diciembre de 2023, se realizaron diferentes intercambios con la empresa española a la que se le enviaron varios borradores del contrato (al menos siete) que se estaba elaborando.
Hubo también, por ejemplo el 29 y 30 de noviembre de 2023, reuniones personales entre los profesionales, jerarcas de la cartera y representantes de la firma.
De esos encuentros participaron Mario Cardama y Gerardo Moreira (representante en Uruguay), Fabián Martinez (exdirector general de Secretaría del Ministerio), el exsubsecretario Rivera Elgue y por la Armada el contralmirante Héctor Magliocca y el capitán de navío Marcelo Da Silva. El estudio jurídico, por su parte, estuvo representado por José Miguel Delpiazzo y Agustín Godoy.
Del escrito —elaborado después de firmado el contrato dijeron a El País exjerarcas que participaron de la negociación—, que hace una reconstrucción cronológica sobre las reuniones y sucesivas modificaciones al borrador del contrato que fueron efectuándose antes de la firma, se destaca que “el trabajo partió de la propuesta inicial presentada por Cardama, que fue adaptada a las particularidades de las construcciones de las OPV y del régimen jurídico uruguayo, además de los aspectos jurídicos y técnicos que el Estado entendió pertinente atender”.
Una de las cláusulas, la número 21, establece: “Dentro de los derechos del Ministerio de Defensa Nacional como consecuencia del incumplimiento del constructor se agregó que, sin perjuicio de la ejecución de las garantías constituidas, en caso de que el constructor ingrese en un proceso administrativo o judicial de quiebra, o en caso de terminación anticipada del contrato por incumplimiento del constructor —lo que plantea el gobierno—, la propiedad de lo hasta ese momento construido será transferida de pleno derecho al Ministerio de Defensa, garantizando la propiedad de lo construido hasta ese momento”.
En las conclusiones, desde Delpiazzo se agrega que con las cláusulas incorporadas “el contrato proyectado es ajustado a derecho” y contiene cláusulas “sensiblemente más ventajosas que las presentadas originalmente por Cardama.
“Se destacan aspectos como la fijación de la ley y jurisdicción uruguaya en los aspectos no técnicos, la transferencia de la propiedad de los buques en su estado en caso de rescisión por incumplimiento de Cardama”, concluye el memorándum, que además menciona otros temas contractuales como indemnizaciones, formas de pago, ajustes de precios (por inflación) y la garantía de fiel cumplimiento del contrato del 5% por el valor total del contrato (cláusula 27), entre otras.
Por ejemplo, se hace especial hincapié en que “para los aspectos contractuales” la ley aplicable es la uruguaya.
“Se han fijado los tribunales de la República Oriental del Uruguay como competentes en las discusiones de los aspectos jurídicos de los contratos, manteniendo así la propuesta inicial del Ministerio de Defensa. La propuesta de Cardama fijaba los tribunales en Vigo (España) como competentes. Para resolver las discusiones de aspectos técnicos del contrato se mantuvo la propuesta inicial del ministerio de determinar que la Sociedad de Clasificación sea la competente para su dilucidación y, si no se llega a un acuerdo, se recurrirá a arbitraje en París. La propuesta de Cardama fijaba a los tribunales de Vigo como los competentes”, consignó en su informe final el estudio jurídico que asesoró a la cartera durante el proceso de negociación del contrato y siguió haciéndolo durante la constitución de las garantías ampliamente postergadas que Cardama incumplió reiteradas veces durante 11 meses.