Nuevos jerarcas de Salto Grande revisarán contratos de Albisu; doce dirigentes blancos y colorados quedaron con cargos permanentes
Los contratos de quienes accedieron firmar para seguir a término en Salto Grande concluyen en noviembre; la nueva administración pretende revisarlos y ocuparlos mediante concurso; otros varios no son a término.
Apenas asumió su cargo, ante un auditorio lleno y de frente al presidente Yamandú Orsi, el nuevo titular de la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, Gonzalo Casaravilla, enfatizó: “No vamos a hacer clientelismo político”. El otrora presidente de UTE dedicó casi todos los 18 minutos de su discurso inaugural a reprobar, sin nombrarlo, a su antecesor.
Estaban a tres días de que Carlos Albisu, del Partido Nacional, confirmara en las urnas su favoritismo para arrebatarle la Intendencia de Salto al Frente Amplio. Médico otorrino y predilecto de Luis Lacalle Pou, este expresidente de delegación en Salto Grande demostró que para una porción mayoritaria del electorado salteño no pesaron los reproches unánimes de la Cámara de Diputados desde Montevideo.
La designación directa de 35 personas en la comisión binacional –todas con sueldos no menores a $90 mil, muchas de ellas vinculadas al sector blanco Aire Fresco o a Vamos Salto del Partido Colorado – propiciaron en 2023 la renuncia de Albisu a Salto Grande. Una interpelación impulsada por el Frente Amplio logró amplios consensos –incluso en el oficialismo– para reclamar que los beneficiados renunciaran a sus cargos, en especial nueve ediles nacionalistas.
La Cancillería uruguaya dio entonces la orden de revisar esos contratos pero la delegación uruguaya tuvo que acordar con la contraparte argentina para no afectar también las dinámicas laborales del otro lado del río Uruguay. Fue así que muchos de los designados de forma directa en Uruguay presentaron renuncia para firmar un nuevo contrato a término al final del período, pero otros zafaron: algunos porque se negaron y el resto porque se desempeñan en el Complejo Hidroeléctrico, de estricta gestión binacional y por tanto con directa incidencia sobre los trabajadores argentinos.
Hoy en día son 26 los vínculos laborales que siguen vigentes. Nueve de ellos tienen contrato hasta noviembre de este año, luego de haber aceptado recategorizar sus cargos. Entre ellos se cuentan Carlos Silva, quien se desempeñó como secretario de delegación bajo la administración de Albisu; Rodolfo Berneda –dirigente colorado cercano al exsenador Germán Coutinho–; Diego Gómez –secretario personal de Albisu–; Enzo Paique –edil electo, abogado y hombre del colorado Coutinho–, el edil blanco electo Hugo Previale; y Rosa Imoda, exalcaldesa blanca de Los Cerrillos (Canelones).
La nueva delegación uruguaya integrada por Casaravilla como presidente y los delegados Elbio Machado (El Abrazo) y Nicolás Urrutia (MPP) tiene previsto revisar la pertinencia de estos puestos laborales. En caso de entender necesario mantener dichos roles, convocarán a concurso para ocuparlos, informaron a El Observador fuentes políticas.
Por otro lado, también finalizan los contratos de cuatro designaciones directas para realizar tareas de seguridad y protección. Este caso es distinto al anterior, en tanto se definen año a año y es necesario coordinarlos con la delegación argentina, explicaron las fuentes. Entre ellos se cuentan Fabricio Castillo, secretario del exdiputado colorado Omar Estévez, y Gustavo Selva, encargado de la seguridad personal de Albisu. Los otros dos –Héctor Trinidad y Daniel Lewis– están vinculados al Partido Nacional.
Permanecerán en sus cargos
Seis de los designados a dedo bajo la administración de Albisu trabajan en el Complejo Hidroeléctrico y por tanto no tienen contrato a término, sino que sus estatutos están bajo las mismas condiciones que las de los trabajadores argentinos. Todos ellos son militantes o dirigentes conocidos para la comunidad política de Salto.
Una es Florencia Supparo, actual Jefe de Unidad de Soporte a la Gestión en la CTM. Era edil el pasado período y en las elecciones fue candidata a diputada por el Partido Nacional. En 2023 declaró en los medios salteños que Albisu no debería haber renunciado y que ella misma no pensaba dar un paso al costado para darle la derecha al Frente Amplio. Su caso tuvo entonces mayor notoriedad por estar contratada en Salto Grande al mismo tiempo que tenía un cargo en el Ministerio de Desarrollo Social, antes de ser cesada.
También en el complejo se desempeñan Juan Ignacio Hourcade –edil y abogado–, José Luis Ambrosoni –edil–, Miguel San Germán –colorado, de confianza del exvicecanciller Nicolás Albertoni–, Ignacio Supparo –blanco y abogado– y Guzmán Parietti, de los Jóvenes de Aire Fresco.
Antes de toda la tormenta política en torno a Salto Grande, también habían quedado con contrato permanente tres de las designaciones directas en el área de seguridad: Flavio Liberatore, Martín Chiappa y Federico Suárez, vinculados todos ellos al Partido Nacional.
Se negaron a renunciar
Dentro de la delegación uruguaya hay otros tres funcionarios designados de forma directa que se negaron a avenirse al reclamo del Parlamento y no aceptaron renunciar para recategorizar su contrato.
Una de ellas es Agustina Escanellas, una exdirigente de Germán Coutinho que renunció a su sector Vamos Salto pero no al cargo en Salto Grande. Abogada y diputada suplente en la pasada legislatura, Escanellas fue candidata a diputada del Partido Colorado por la lista de Andrés Ojeda y semanas atrás estuvo presente durante la asunción de la nueva delegación frenteamplista en la CTM.
En esta lista se cuentan también Geraldine Ribeiro, designada por Albisu para colaborar en tareas de comunicación y Luis Gustavo Denis, quien se desempeña como chofer de la delegación.