“El Transpacífico es la mejor oportunidad para Uruguay y el momento es ahora”
Alvaro Pereira Ramela, de INAC, advierte que los costos de sumarse al bloque no son relevantes; por ejemplo, adherir al acuerdo de patentes que requiere el CPTPP generaría, en 20 años, la pérdida de 0,5% de puestos de trabajo y una caída de 1,2% en venta local de productos sin patente en el sector farmacéutico.
El Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) , “es la gran oportunidad que tiene Uruguay en materia de acceso a mercados”, afirma el economista Álvaro Pereira Ramela, Jefe del área de Acceso e Inteligencia de Mercados del Instituto Nacional de Carnes. INAC es una de las instituciones que ha desarrollado mayor conocimiento acerca de la marcha del Transpacífico y el impacto que tendía para Uruguay una eventual adhesión al bloque. Uruguay presentó su solicitud de ingreso en diciembre pasado , y Pereira asegura que “este es el momento en que los países miembros están evaluando otras opciones”. Destaca que Uruguay “no puede dejar pasar esta instancia”, enumera las posibles acciones y advierte el país no enfrenta grandes problemas en cuanto a normativas para ser aceptado. “Solo tendría que pedir algunas excepciones para empresas públicas y ajustes en normativas de propiedad intelectual”, puntualizó. A continuación, un resumen de la entrevista.
— Después de la reciente incorporación de Chile y el Reino Unido al CPTPP, ¿cuáles son las posibilidades de Uruguay?
— A través de distintos contactos diplomáticos, lo que sabemos es que los países miembros del Acuerdo Transpacífico ya están empezando a evaluar nuevas incorporaciones. Tienen varios candidatos: está China, Taiwán, también Ecuador, Costa Rica y Uruguay. Puede ser un país o varios, puede ser a partir del mes que viene o en un horizonte más extenso, pero están reflexionando en torno a ese punto. Y Uruguay está en esa lista.
— Desde el punto de vista de Uruguay, ¿qué le corresponde hacer para no perder esta oportunidad?
— En realidad, no es un proceso que esté claramente definido, que tenga características totalmente definidas. Es un proceso ad hoc, donde no se evalúan candidaturas por orden de llegada y tampoco necesariamente se evalúan de a una. Entonces, siendo un proceso tan sui géneris y caso a caso, lo más recomendable es hacer mucho lobby, muchas conversaciones, hablar con los gobiernos de los países, con los tomadores de decisiones, buscando que se priorice lo máximo la posibilidad de que la postulación de Uruguay se destaque como para que sea considerado un candidato atractivo.
Este es un ejercicio de interacción muy acotado, lo cual es muy interesante porque rompe un poco la trampa en la que está Uruguay históricamente sometido a una disyuntiva bastante insatisfactoria que es negociar solo y conseguir pocas cosas o negociar con el Mercosur que sí es fuerte y tiene poder de negociación, pero que a la postre no ha concretado tantos acuerdos, algo bastante conocido.
Volviendo al Transpacífico, hay dos tipos de gestiones que Uruguay puede hacer y no son excluyentes una de otra.
—¿Cuáles son?
— Una son las gestiones diplomáticas propiamente dichas y el otro tipo de acciones que como país se pueden hacer y que generarían señales de país que está realmente interesado en ser tenido en cuenta, apuntan a ir haciendo algunos ajustes de normativa doméstica o trabajar para acercarse al estándar del Transpacífico. Dar esos pasos con anterioridad podría facilitar un posterior ingreso. Si el país hace gestiones de acercamiento a nivel diplomático y además muestra que está haciendo los deberes domésticos, sin dudas eso refleja un mayor compromiso.
— En cuanto a las gestiones diplomáticas, ¿ha trascendido alguna acción de esas características?
— A nivel público, lo que se conocen son algunas llamadas telefónicas y determinados encuentros presenciales, particularmente llevados adelante por el subsecretario de Relaciones Exteriores, Nicolás Albertoni. Por ejemplo, ha habido contactos con Chile y con Nueva Zelanda. Quizás hay otras acciones que no han trascendido hasta el momento.
— Respecto a la posibilidad de adelantar algunas acciones en cuanto a las modificaciones normativas, ¿se puede pensar en cambios concretos a corto plazo que sean de utilidad para este objetivo?
— Se pueden dar los primeros pasos que posibiliten mostrar un interés quizás, más explícito. Uruguay no tiene tantos deberes para hacer. Si se observa todo el cuerpo normativo del Transpacífico, para nuestro país resulta bastante cumplible en su gran mayoría; quizás tenga que pedir algunas excepciones en materia de empresas públicas y determinados ajustes a la normativa relativa a propiedad intelectual, pero considerando la profundidad, la complejidad y la diversidad de normas que involucran al Acuerdo Transpacífico, no son tantas cosas para trabajar.
— ¿Qué necesita Uruguay en materia de empresas públicas en relación con las exigencias de este bloque?
— Lo que el acuerdo busca es que haya una lógica de competencia justa en los mercados y se pretende que las empresas públicas no sean distorsivas del comercio internacional. Y en ese sentido parece muy razonable pensar que las empresas públicas nacionales no están actuando en comercio internacional y tampoco discriminan a las empresas nacionales de las extranjeras a la hora de la provisión de servicios. Parece sensato pensar que nuestras empresas públicas no van a generar mayores problemas. Este asunto fue estudiado por la Universidad de Montevideo en un informe que solicitó INAC a tres universidades (UM, Udelar y Universidad Católica). El capítulo que realizó la Universidad de la República repasó el cuerpo normativo uruguayo en materia de comercio exterior, el de la universidad Católica, estuvo relacionado con el proceso de adhesión, y el de la Universidad de Montevideo trabajó precisamente sobre empresas públicas y concluyó que no hay grandes dificultades para que el régimen de empresas públicas uruguayas sea aceptado. Son proveedoras de bienes públicos, no participan del mercado eligiendo ganadores y perdedores. No aparecen problemas importantes.
— ¿Está en discusión la posición monopólica de algunas empresas públicas en determinados servicios?
— Si observamos a los 11 países firmantes del CPTPP, Uruguay no se distingue por tener más ni menos empresas públicas que los demás ni otros países firmantes del acuerdo, ni Chile, ni Canadá. La mayoría de las empresas públicas uruguayas son de tamaño relativamente pequeño en valor absoluto, lo cual deja a muchas cosas por fuera del alcance del acuerdo. Además, en algunas áreas específicas en que sí puede haber alguna dificultad para cumplir, hay antecedentes de varios países que con empresas similares han solicitado excepciones. No hay un problema allí.
— ¿Y en cuanto a propiedad intelectual?
— Hay un aspecto central que es la adhesión al Tratado de Cooperación en Patentes; se ha hablado mucho en el país sobre ello, porque es llamativa la no presencia de Uruguay en la lista de los países firmantes. Se trata de un tratado internacional y la lista de países que no lo integran es muy breve. En algún momento, algunos actores mencionaban un potencial daño económico que podía causar a Uruguay la incorporación a este acuerdo y en ese sentido, en un convenio de cooperación entre el Ministerio de Industria y el INAC, se contrató a los consultores Néstor Gandelman y Juan Dubra para cuantificar este impacto en el sector farmacéutico local. De acuerdo con ese trabajo, se estima que, a 20 años de una eventual adhesión de Uruguay, habría una caída de las ventas internas de productos sin patente (asociados a producción nacional) correspondiente a 1,2% del total de las ventas y 1,6% de las ventas de los laboratorios nacionales. Esto genera una caída en el empleo de -0.5%, lo que representaría 23 puestos de trabajo del total de los 4.500 asumidos inicialmente. Con contracara, habría un incremento de las ventas de productos patentados.
— ¿En qué terreno se pueden solicitar excepciones?
— Es variado, pueden plantearse en materia de plazos para incorporar distintas normas, un país puede ingresar al acuerdo y comprometerse a ajustar algunos cuerpos normativos en determinados horizontes temporales.
En la parte arancelaria, por ejemplo, Uruguay ya sabe lo que ofrecieron los miembros actuales, todo eso ya está fijo. Sabemos lo mucho que puso sobre la mesa la otra parte, que para nosotros es beneficioso, por tanto sobre esa base nuestro país debe basar sus concesiones y también tiene espacio para algunas excepciones.
—Dentro de nuestra oferta exportadora hay productos que los demás socios pueden considerar sensibles y estar también cubiertos por excepciones…
—Los productos que exporta Uruguay son sensibles en general. Exportamos alimentos, que son sensibles para los países importadores, lo son en materia de autoabastecimiento para muchos países tienen una preferencia por la producción doméstica, por cuestiones de soberanía alimentaria, cuestiones culturales o de capital político. Entonces conseguir rebajas arancelarias en alimentos es central. Lo que vemos en esa materia es una desgravación total en muchos países del sudeste asiático, Vietnam por ejemplo. Pero además hay procesos de apertura también muy relevantes en países como Canadá, el Reino Unido está desgravando bastante algunos productos alimentarios y Japón muestra cuotas enormes para poder colocar los productos más sensibles. Sin acuerdo comercializar con Japón se hace extremadamente complicado, porque los aranceles por defecto son realmente muy elevados.
—Usemos el ejemplo del sector cárnico… ¿de qué magnitud pueden ser las ventajas?
—Con Canadá, hoy en día, Uruguay paga 26% de arancel. Si entra en el acuerdo empieza a pagar cero. En Vietnam, hoy pagamos 15% de arancel. Si entramos en el acuerdo, vamos a pagar cero también. En Japón, hoy en día, el arancel es 38%. Si entramos en el acuerdo, vamos a 22% y ese arancel va a ir bajando hasta 9%. Es realmente un proceso de rebaja muy relevante.
En carne bovina, evaluamos si tenemos problemas arancelarios, si tenemos problemas sanitarios, o ambos problemas. Hoy en día, en dos tercios del mercado, tenemos sólo problemas arancelarios. O sea, tenemos un 17% del mercado sin problemas, 11% del mercado sólo con problemas sanitarios. En 8% del mercado tenemos ambos problemas y en 64% del mercado solo problemas arancelarios. Uruguay avanzó mucho en materia sanitaria, pero quedó rengo en lo arancelario y para prosperar en el comercio, necesitamos los dos. Es clave.
—A Chile le llevó cuatro años el proceso de adhesión; no parece ser tan rápido…
—No deberíamos desalentarnos, el proceso del Reino Unido fue próximo a los dos años, cuando incorporaba una complejidad adicional como resultó el Brexit; por otro lado es posible que el Transpacífico aprenda a hacer esto cada vez más rápido, ellos están interesados en incorporar miembros. Además, Uruguay es menos amenazante para los demás países socios, así que en realidad hay razones para pensar que el proceso podría ser rápido. Por otra parte, teniendo en cuenta lo que tardan otros procesos de acuerdo comercial, dos años no parece tanto tiempo.
—¿Es el proceso con mayores posibilidades de éxito que tiene Uruguay por delante?
— Uruguay tiene tres gestiones activas, una la de Mercosur-UE, la otra es bilateral con China y la tercera es bilateral con el Transpacífico. Sabemos que la primera y la segunda no dependen, en buena medida, de nosotros. Por tanto, esta sí es una gestión que depende de Uruguay.
Y este es el momento, porque es cuando Transpacífico está eligiendo al próximo candidato. Es precisamente ahora. Y es posible que si se hacen las gestiones activas, un día sepamos que somos nosotros y empecemos a trabajar muy rápido para entrar. O podemos llevarnos la mala noticia de leer en el diario que el próximo elegido fue Costa Rica y que perdimos una oportunidad más.
—El hecho que en el Transpacífico no estén ni Estados Unidos ni China, ¿puede ser una barrera menos para que Uruguay se mueva con menos tensiones a su alrededor?
—Es interesante ese punto. El hecho de que estemos mediante un acuerdo “neutral”, puede quitarle presión o cuestionamientos. Es neutral políticamente, porque no es que estén todos los países que profesan una ideología u otra, es neutral en materia continental, es neutral en materia religiosa; vemos una composición realmente muy heterogénea y lo que se ve es un grupo de países que quieren sofisticar sus normas, integrarse y comerciar más. Y en ese sentido Uruguay cumple con esa definición. Si Uruguay se incorporara a este bloque, por ejemplo, pasaríamos a estar en la mitad de la tabla en materia de Índice de Desarrollo Humano.