PUERTO
Senadores del FA amplían denuncia por acuerdo con Katoen Natie e insisten en "dolo" de presidente de ANP
Los legisladores opositores presentan nuevas pruebas y apuntan a que el Puerto perdió US$ 3 millones el año pasado por la actuación "ilegal" de Juan Curbelo.
Los senadores frenteamplistas Charles Carrera, Enrique Rubio y Mario Bergara se presentaron este viernes ante Fiscalía para pedir la incorporación de nuevos elementos de prueba en la denuncia que habían efectuado en torno a la extensión de la concesión de la terminal de contenedores del Puerto de Montevideo en favor de la empresa belga Katoen Natie, propietaria de Terminal Cuenca del Plata (TCP).
El centro de la prueba pasa por una reciente determinación oficial que, a juicio de los legisladores opositores, demostraría que el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo, actuó con "dolo" y al margen de la normativa vigente cuando decidió "eludir" que la autorización para extensión de esa terminal pasara por el directorio del organismo antes que la prórroga se aprobara y antes que el Poder Ejecutivo dictara un nuevo reglamento general para el atraque de buques.
El ejemplo que utilizan para demostrarlo es uno en el que Curbelo hizo lo contrario y actuó bajo la normativa. Se trata de una reciente prórroga en la concesión del Depósito 2 del Puerto de Montevideo en favor de Rilcomar SA, perteneciente al Grupo Seré, en donde según los denunciantes se aplicó la misma normativa, pero en la que, afirman, sí se cumplieron todas las formalidades exigidas por la ley. Por ejemplo, la participación plena del directorio en lugar de una "decisión personal" del presidente.
Al respecto, los senadores presentaron una serie de expedientes donde consta todo el trámite y que fueron analizados por diversas reparticiones de la ANP. La documentación demuestra que la solicitud de Rilcomar fue elevada al directorio con lo informes de las distintas dependencias del organismo.
Para los senadores del Frente Amplio queda así en evidencia que, ante dos circunstancias similares, se actuó distinto. "No existe más explicaciones que el indagado (Curbelo) tenía conocimiento de la normativa y dolosamente decidió ignorarla, con abuso de sus funciones y en perjuicio de la Administración", aseguran. En su visión, el presidente de la ANP actuó con "plena conciencia" de la "ilegalidad de lo que estaba haciendo".
En noviembre del año pasado el fiscal de Delitos Económicos y Complejos Gilberto Rodríguez archivó la denuncia, pero en febrero de este año se dispuso que fuera reexaminada para determinar si se continúa con la investigación penal. La causa está ahora en manos de la fiscal Silvia Porteiro.
En su dictamen, Rodríguez había concluido en que la actuación de Curbelo había tenido indicios de ilegalidad al haber actuado sin conocimiento del directorio y sin haber requerido el asesoramiento técnico marcado por la ley antes de que la extensión de la concesión fuera aprobada. De todas formas, el fiscal rechazó que el jerarca hubiera actuado con dolo ya que, a su entender, habría mediado "error de parte".
El 80% del capital accionario de TCP está dominado por la multinacional belga Katoen Natie y el otro 20% está en manos de la ANP.
Pérdidas y ganancias
Los senadores frenteamplistas presentaron además nuevas pruebas sobre las "perdidas económicas" que le habrían significado al erario público la actuación "dolosa" de Curbelo producto del acuerdo con los belgas, al traspasar a TCP las cargas que hasta entonces operaban en los muelles públicos.
Al respecto, adjuntan un informe de la vocal frenteamplista en la ANP, Alejandra Koch en el que se indica que, entre 2021 y 2022, el organismo vio reducidos sus ingresos en casi US$ 3 millones por movimientos de contenedores, pese a que el año pasado se registró un "récord" de operativa. La razón, explican, es que al pasar a operar en muelles privados los ingresos quedan en su mayor parte en manos del concesionario. Para los denunciantes no se trata de pérdidas atribuibles a la economía, sino que fueron el resultado de una decisión de eliminar la "libre competencia" que hasta entonces existía en favor de un régimen "ilegal" que asegura una "preferencia" por vía administrativa y que, en los hechos, configura un "monopolio".
Carrera, Rubio y Bergara afirman que, como correlato a este perjuicio, el grupo al que pertenece Katoen Natie tuvo en el mismo período un aumento en sus beneficios de US$ 20 millones. Así, marcan que la única razón por la que aún se registra operativa en los muelles públicos es por que la firma belga no tiene aún capacidad para atender toda la demanda, siendo que todavía no comenzó con la ampliación de la terminal privada tal como se prevé en el acuerdo. Una ampliación que, insiste, también es ilegal de acuerdo a la resolución vinculada a Rilcomar.
Basado en un informe de los economistas Jorge Polgar y Martín Vallcorba, los denunciantes señalan que los beneficios instantáneos obtenidos "ilegalmente" por Katoen Natie ascienden en realidad a US$ 2.388 millones, debido al incremento en el valor de su terminal.