Colectivos ambientalistas y sociales de Uruguay y Finlandia argumentan que UPM 2 “limita la soberanía nacional y los derechos humanos”
Una serie de colectivos y organizaciones ambientalistas y sociales de Uruguay y Finlandia emitieron, este martes 18 de abril, un comunicado en el cual entienden que la próxima puesta en marcha de la planta procesadora de pasta de celulosa en el centro del país no es motivo alguno para celebrar.
“Las organizaciones abajo firmantes entendemos la puesta en marcha de esta tercera planta de celulosa en Zona Franca como una profundización de un proceso que impide y condiciona la evolución del país hacia un sistema productivo sustentable, limita la soberanía nacional, los derechos humanos y afecta negativamente la calidad ambiental del Uruguay”, comienza diciendo el texto que se remitió a la redacción de El Acontecer.
“El proceso que llevó a esta inauguración ha sido ampliamente denunciado por no cumplir con plazos y exigencias ambientales mínimas. Por ejemplo, en la autorización ministerial de 2019 se establecía la necesidad de contar con una línea de base ambiental a partir de un año de mediciones antes de comenzar con la construcción, pero la empresa comenzó a construir en septiembre de 2019 sin esos datos y el ministerio de ambiente avaló esa obra. El vivero de UPM en Paysandú arrojaba vertidos de 14 agrotóxicos prohibidos al afluente del arroyo Santana, en 2022 luego de recibir una mínima sanción el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca autorizó esos mismos insumos legalizando lo que unos meses antes fue categorizado como tóxico y continúa siendo prohibido en Europa. El tren de UPM no cumple con las normativas del Plan de Ordenamiento Territorial de Montevideo pero su recorrido no fue prohibido por la Intendencia. Observamos así como el Estado uruguayo ha modificado y manipulado la legislación y normativas vigentes cuyo fin es defender y proteger los derechos de la ciudadanía y el territorio poniéndose al servicio de los intereses de la empresa”, se manifiestan los colectivos a través de sus voceros.
De todos lados
El área de Comunicación de Movus (Movimiento por un Uruguay Sustentable) presenta la adhesión de varios colectivos.
Es el caso de Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía, Cereus de la Costa (San Luis), Colectivo Campana Verde La Paloma, Colectivo Ecofeminista Dafnias, Colectivo Ecofeminista de Río Negro, Colectivo Interdisciplinario de Seguimiento de la Cadena Forestal, Coordinación por el Agua, Coordinadora de Pescadores Artesanales, Comisión Vecinal del Cerro de los Burros, Conservación de Especies Nativas del Uruguay (Coendu), Debt for Climate (Finlandia), Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba, Friends of the Earth Finland (Finlandia), Guazú Verde (Guazuvirá), Maldonado por la Tierra y el Agua, Militantes de Izquierda contra UPM, Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus), New Wind Association (Finlandia), Nativos Punta Colorada, No al Tren de UPM Canelones, No al Tren de UPM Montevideo, No al Tren de UPM Progreso, Slow Food Uruguay, Red Unión de la Costa y REDES – Amigos de la Tierra.
En sus expresiones, los grupos indican que como resultado de esas y otras irregularidades se llega a esta inauguración en un contexto de crisis hídrica y floraciones excepcionales de cianobacterias. La aprobación de esta planta cuyo sistema de tratamiento de efluentes, pieza fundamental para evitar empeorar la comprometida situación del Río Negro y en especial de los embalses, no cumple con las especificaciones requeridas.
“La nueva planta sólo fue autorizada bajo presiones y promesas, no firmadas, de que UPM limitaría la producción en caso de que la planta contamine demasiado. Este modo de producción intensiva dependiente de insumos químicos afecta la calidad y el acceso al agua. El Río Negro será incapaz de diluir o absorber los efluentes de una planta de este porte, que contaminará diariamente la cantidad de agua equivalente a la que abastece el sistema metropolitano de Montevideo por al menos dos semanas, siete mil millones de litros. El impacto de este megaemprendimiento no es solamente ambiental. A nivel social esta obra fragiliza los modos de vida de las personas que habitan el territorio. El empleo que se genera, es mucho menor del publicitado por la empresa, como demuestran investigaciones sobre los datos del Banco de Previsión Social donde se observa que los empleos en la industria forestal se han reducido en un 25% entre 2007 y 2020. También se reproduce la división sexual del trabajo, ya que el empleo que se genera es masculinizado (la mayor parte de los trabajos de la cadena forestal los tienen varones), se reproducen redes de trata y explotación sexual, y se limitan los derechos laborales a nivel nacional e internacional (como sucedió luego de la larga huelga de trabajadores de UPM en Finlandia en 2022)”, expresa el comunicado con participación de grupos internacionales.
Sin festejos
“No hay nada para festejar de esta inauguración para la que la ciudadanía ha gastado y seguirá gastando”, se añade.
Se aportan cifras, aludiendo a más de cinco mil millones de dólares en el tren y las rutas para transporte de celulosa y químicos peligrosos que atravesarán ciudades para llegar a una planta que le proporcionará a UPM “extraordinarios niveles de ganancias, ampliamente publicitados en su reunión de accionistas del pasado miércoles 12 de marzo”.
Se argumenta en la declaración pública que UPM tendrá un nivel de rentabilidad que la empresa no obtiene en ningún lugar del mundo, “logrado a partir de la explotación del territorio, en especial el agua y los suelos, la exoneración de impuestos y la asignación de fondos del Estado a obras que benefician a la empresa. Lo que queda para quienes viven en Uruguay es la expansión de los monocultivos forestales para alimentar las plantas y como consecuencia los impactos negativos de éstas. No hay contrapartida económica, social o ambiental para el Uruguay, salvo el crecimiento artificial del PBI por una actividad económica que no se refleja en lo interno y el espejismo de un ‘desarrollo sostenible’ que no es tal y que evidencia una forma de colonización, contaminación y extractivismo”, concluye la declaración fechada este 17 de abril a última hora.