PLANTA POTABILIZADORA
OSE decidida a avanzar con el proyecto Arazatí pese a recursos presentados por IMM
Actores políticos y sociales piden revocar resolución; el oficialismo sostiene que la oposición maneja argumentos “débiles” y sale a defender su plan.La planta de toma y potabilización de agua del río de la Plata en Arazatí, San José, es una de las obras de infraestructura que el gobierno busca construir a corto plazo. Las autoridades han argumentado que con ella quieren reducir el riesgo de desabastecimiento en la zona metropolitana, que se nutre solo de la producción de Aguas Corrientes, Canelones, a partir del río Santa Lucía.
Sin embargo, desde que el directorio de OSE aprobó que se abriera una licitación para adjudicar la obra -con el voto discordante del representante frenteamplista, Edgardo Ortuño- han surgido voces críticas de la oposición y de organizaciones sociales. Esos cuestionamientos se canalizaron, en buena medida, en recursos para revocar la resolución del servicio descentralizado, ante el propio organismo, o de anulación del acto ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).
Las iniciativas fueron o serán presentadas por la Intendencia de Montevideo, la Federación de Funcionarios de OSE (Ffose), la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, y el propio Ortuño.
Los fundamentos varían ligeramente entre unos y otros, pero tienen en común la supuesta vulneración del Artículo 47 de la Constitución, donde se reconoce que los “usuarios y la sociedad civil participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos”, un paso que denuncian que no se cumplió en este caso.
La administración de Montevideo, por ejemplo, planteó que no se puso a consideración del Consejo Regional de Recursos Hídricos para la Cuenca del Río de la Plata y su Frente Marítimo, conformado por tres delegados de los gobiernos departamentales, entre otras instituciones dedicadas a la materia. La comuna interpreta que, por ley, deberían haber sido consultadas por el Poder Ejecutivo antes.
El director de Limpieza de la IMM, Ignacio Lorenzo, señaló ayer que la resolución de OSE “no se ajusta a derecho” dado que, “en tema de recursos hídricos”, todo proyecto o política pública debe definirse “con instancias de participación social” previas.
Después de explicar su interpretación de por qué un gobierno departamental tiene “legitimidad” para presentar el recurso de revocación, el jerarca apuntó que el abastecimiento de agua potable es un asunto de “interés máximo”, “muy estratégico y muy relevante”. Por lo tanto, dijo, debería realizarse tras una “consulta amplia” a la sociedad, con la participación de técnicos y especialistas para arribar a “la mejor solución”.
Lorenzo advirtió que es clave tener en cuenta los niveles de salinidad del río de la Plata, que es un estuario, para que el proyecto no sea una “falsa solución”, que no garantice el abastecimiento. El gobierno entiende que la reserva de agua dulce que se creará bastará para garantizar suficiente cantidad cuando los niveles de salinidad superen lo permitido.
Algunos además apuntan contra la participación a una empresa privada, pero el presidente Luis Lacalle Pou argumentó que el suministro seguirá en manos de OSE, por lo que no se incumple la ley.
Cuando se abra la licitación, la empresa ganadora se encargará de financiar, diseñar, construir y mantener la infraestructura. El servicio descentralizado, en tanto, se encargará de suministrar agua a los montevideanos y algunos residentes de Canelones y San José. En total se estima una inversión cercana a los US$ 210 millones, que la empresa recién empezará a cobrar cuando la planta esté funcionando.
El ministro de Ambiente, Adrián Peña, remarcó que “nadie ha planteado otra solución para el problema”. Valoró que el recurso de la IMM es “débil” y no tendrá mayores consecuencias legales. “Estamos asegurando mejor calidad de vida”, afirmó.
Laura Raffo: "Cosse está lejos de la gente"
Laura Raffo, la presidenta de la Departamental del Partido Nacional en Montevideo, afirmó que en este caso “Cosse se está poniendo el traje de hacer oposición nacional con un tono muy combativo, muy dramático, pero no tiene sustento ninguno”. “El recurso de la IMM es inconducente. Las protestas de la intendenta dejan en claro que está lejos de la gente y de los demás intendentes”, agregó, luego de haber hablado con la jefa comunal de San José, Ana Bentaberri.
La economista apuntó que todos los problemas de agua que se discuten ahora son “herencia de 15 años de gobierno del Frente Amplio”, por su “falta de planificación y cuidado del medio ambiente”.
“El proyecto Neptuno no solo libera de riesgos y asegura el abastecimiento de agua en Montevideo. También lo hace para el sur de Canelones y San José. Me parece que Cosse en definitiva se está oponiendo porque quiere frenar el desarrollo, solamente porque es una propuesta del gobierno nacional, no porque verdaderamente le interesen las condiciones de abastecimiento de agua de todos los ciudadanos”, agregó.
Raffo destacó que han pasado 630 días desde que el Consorcio presentó el proyecto Neptuno, y desde entonces el directorio de OSE ha dado explicaciones en el Parlamento, ha aprobado nueve resoluciones sobre el tema y ha respondido una veintena de pedidos de informes. “Hoy por hoy, seis de cada 10 uruguayos de la zona metropolitana dependen de una única planta potabilizadora y de un único sistema. El gobierno tiene que tomar decisiones para darle seguridad a la gente”, dijo