Caminería rural: piedras en el camino
En los primeros días de agosto, el gobierno de Paysandú anunció la implementación de un pago por uso de la caminería rural en el departamento. La Sociedad de Productores Forestales, así como otros actores públicos y privados, se manifestaron en desacuerdo. ¿Qué impacto tiene esta medida para el sector forestal y por qué no sería una solución eficaz para la problemática? Al respecto, Forestal conversó con el vicepresidente de la SPF, Francisco Bonino.
–¿Qué significa para el sector forestal la medida anunciada por la Intendencia de Paysandú donde se implementa un pago por el uso intensivo de la caminería rural?
–En un momento donde Uruguay lucha por mejorar su competitividad, esto es ponerle al sector productivo –a todos, no solo al forestal– una carga impositiva más. Cuando un impuesto es nacional es una regla en todo el país, pero cuando un impuesto es municipal, uno no sabe con qué situación se va a enfrentar, porque hay intendencias que pueden plantear otro tipo de impuestos. Al final, se genera un desorden que hace muy difícil prever cuáles van a ser los costos de la mercadería que uno va a transportar. Por eso, la SPF se ha manifestado totalmente en desacuerdo y cree que no es una buena medida, que no soluciona el problema que están teniendo las intendencias.
–La SPF no ha sido la única gremial en pronunciarse en contra. ¿Cuál es la problemática de fondo?
–El planteo de las intendencias es real: la caminería rural uruguaya no está adaptada para el nivel de crecimiento que ha tenido la producción, y por eso las intendencias no logran manejar el tema de acuerdo con lo que la realidad les exige. Pero creemos que la solución al problema no es que cada intendencia ponga una tasa que, además, en muchos casos ha sido declarada inconstitucional. Por lo tanto, primero, termina siendo una regla que se aplica para unos y para otros no, porque pudieron pagar los abogados y pedir la inconstitucionalidad. Segundo, en Uruguay siempre que transportás algo pasás por más de un departamento. A nadie que transporte un producto le sirve tener los primeros 50 o 70 kilómetros en buen estado y después entrar en una zona con pozos donde no puede circular o tiene que desviarse. Esta solución, evidentemente, no puede ser la que genere la respuesta al problema.
–Desde la SPF, ¿cómo consideran que sería adecuado encarar esta situación?
–Creemos que la respuesta al problema se tiene que abordar desde un enfoque nacional, y allí el Congreso de Intendentes y la OPP [Oficina de Planeamiento y Presupuesto] tendrán que efectuar su liderazgo para unir las necesidades y los problemas de todas las intendencias y de todas las cadenas productivas. Si bien el forestal es un sector que usa mucho el transporte, hay otros sectores como la lechería, por ejemplo, que, aunque no transporta tantos kilos, lo hace con mucho mayor frecuencia y tiene una dependencia muy alta de que los caminos estén disponibles todo el tiempo. Los forestales podemos planificar los caminos. La solución tiene que ser para todas las cadenas productivas, discutiendo juntos para encontrar opciones. Poner arriba de la mesa todos los volúmenes que se van a transportar en las distintas producciones, en qué momento y ver qué vías necesitan un tipo de caminería distinta. Tomando como ejemplo Paysandú, ellos dicen que tienen aproximadamente 2.000 kilómetros de caminería rural, pero las empresas forestales no usan mucho más de 100 kilómetros. Entonces, ¿qué sentido tendría para las empresas forestales una tasa que se aplica sobre el departamento si, en realidad, el foco de uso está muy concentrado?
–Hay empresas forestales que ya invierten en caminería.
–Yendo al caso de Paysandú, aunque esto pasa a nivel nacional, solo las dos empresas forestales grandes tienen aportes que superan el medio millón de dólares por año en caminería. Y me refiero a caminos públicos en convenios con la intendencia. Las empresas ya están poniendo mucha plata para ese objetivo: pagan la contribución inmobiliaria, y después pagan un monto similar o cercano a la contribución en caminería. Este no es un tema de que las empresas no quieran colaborar; se trata de cómo enfocamos esa colaboración para que realmente sea una solución que sirva y que no sea una solución en Paysandú, otra en Cerro Largo, otra en Durazno, porque así no va a funcionar.
–Los aportes que realizan las empresas, ¿son insuficientes para atacar el estado de la caminería rural o se trata de un problema de gestión?
–Esos dineros van enfocados a las zonas donde las empresas transportan, pero la intendencia tiene los otros 1.900 kilómetros a solucionar. Por otro lado, muchos de los caminos que arreglamos todo el tiempo son caminos que deberían tener otro nivel de estructura. Estamos ante una solución ineficiente porque no nos ponemos todos de acuerdo. Lo que uno busca en esta solución a nivel nacional es hacer un uso efectivo de los recursos y que, además, los privados de todas las cadenas puedan participar chequeando que el foco de los recursos sea el que se le quiso dar.
–La SPF ha tenido reuniones con la OPP y con el presidente del Congreso de Intendentes para discutir este tema, ¿en qué están esas acciones?
–Sí, ha habido contacto y planteos. Ahora depende un poco de cómo ellos se muevan.
“La caminería rural uruguaya no está adaptada para el nivel de crecimiento que ha tenido la producción, pero creemos que la solución al problema no es que cada intendencia ponga una tasa”. Francisco Bonino, SPF
–Los costos logísticos son un aspecto sensible para la forestación, ¿hay alguna medida que podría generar eficiencias?
–En un país donde el gasoil es el más caro de la región, uno debería ser muy cuidadoso antes de poner cualquier impuesto que suba el costo del transporte. Uruguay tiene una herramienta que no está aplicando y que existe hace más de diez años en países como Brasil, que es el uso de camiones más grandes, los tritrenes, para transportar 45 o 50 toneladas. Ese tipo de vehículo genera ahorros ecológicos porque hay menos emisiones por tonelada transportada, genera menos riesgos de tráfico porque hay menos vehículos circulando y genera un ahorro de costo importante. Uruguay recién ahora lo tiene habilitado en algunos lugares por el proyecto de la segunda planta de UPM, pero no lo despliega a nivel nacional. Para poder gastar en otra cosa hay que aprovechar los ahorros que se pueden hacer, porque si no la plata no alcanza para todo. Se trata de que todo el mundo tenga el mejor camino, porque no lo vamos a usar solo nosotros; lo va a tener el vecino que sale en su camioneta, el peón que va en su moto. Cualquier persona va a poder usar ese beneficio y hoy lo estamos dejando escapar porque no damos los pasos que tenemos que dar.
–Las pruebas para la circulación del tritren se realizaron en 2018, ¿por qué hasta ahora no se ha escalado su uso a nivel nacional?
–Es una mezcla entre aspectos de gestión y recursos. No se ha priorizado como un tema importante a nivel nacional; el Ministerio de Transporte, por lo menos en el pasado, no lo tenía como una prioridad. También hay que hacer inversiones, como reforzar algunos puentes para que estos camiones puedan pasar. Podría ser un plan donde uno dice “al principio, refuerzo esta línea, después esta otra” y en un plazo de ciertos años tengo todo el territorio con la posibilidad de funcionar de esta forma. Uruguay ha sido un poco negligente en eso. Otros países que también tienen problemas de costos –y estoy hablando de Brasil, no de Canadá– ya lo aplican y los camiones circulan. Creo que Uruguay no le ha dado suficiente relevancia y hoy, cuando los recursos son escasos, eso se siente. Uno puede definir corredores viales y centralizar la carga de todas las cadenas por ciertos corredores; para eso hay que coordinar, juntar la información, hablar con todas las cadenas y focalizar la inversión; creemos que ahí hay una oportunidad.
–El Gobierno presentó recientemente un plan de obras viales. ¿Qué tanto impactará al sector forestal?
–Hay obras que son beneficiosas. Están la Ruta 6 y algunas de las rutas transversales (como la 14 y la 26) que tienen un papel importante en estos planes, pero no conocemos los detalles como para dar una opinión técnica. Por ejemplo, no tenemos detalles de qué puentes van a quedar con capacidad de recibir 45 toneladas y cuáles no.
–¿Es posible que alguna inversión o actividad empresarial se resienta por medidas como la de Paysandú?
–Sí, por supuesto. Podría pasar que uno tenga que pagar dos tasas porque atravesó dos departamentos y es muy fácil que se lleve 10% del valor de lo que estás transportando (ver recuadro). Es un impacto gigantesco de algo que llevó 10, 20 o 30 años generar. Es un tema muy sensible, pero la gente no percibe la dimensión.
–¿La SPF está evaluando alguna otra acción al respecto?
–Queremos hacer acciones constructivas: buscar so[1]luciones a este problema que tenemos como sectores productivos y como SPF. Así que, por ahora, lo que estamos haciendo es hablar con todos los actores, explicar la problemática y explicar que vemos soluciones mejores que las que se están pensando.
GRITO AL CIELO
Además de la SPF, otras organizaciones se han manifestado en contra de la me – dida adoptada por Paysandú, como la Asociación Rural del Uruguay (ARU), la Intergremial de Transporte Profesional de Carga y la Gremial de Productores y Trans – portistas del departamento de Paysandú. Incluso el ministro de Ganadería, Agricul – tura y Pesca, Fernando Mattos, declaró en radio Carve: “No estoy de acuerdo con el título de que ‘el que rompe paga’, es un disparate”.